“No podía respirar. Intentaba romper la bolsa con los dientes. Sentía que me moría”. Relatos de torturas de Saioa Agirre y Naia Zuriarrain, detenidas e incomunicadas por la Guardia Civil en busca de inculpaciones. Ellas son dos de las ocho ciudadanas vascas procesadas por el sumario 13/13, el macrojuicio que se celebra en la AN por unos hechos de 2010. Testimonios ignorados entonces, silenciados ahora por los principales medios del Estado más preocupados en atacar la soberanía de Cuba.
"El consumo de carne roja y procesada en exceso está relacionada con el riesgo de cáncer", así lo informa la web del Gobierno de Aragón, sin embargo en un "dislate errático y perverso" el presidente Lambán se hace oposición a sí mismo negando las recomendaciones de su Gobierno
Esta tarde Zaragoza ha vuelto orgullosa a las calles. Tras el vacío de 2020 las banderas LGTBQIA, el brilli brilli y sus mágicas criaturas han vuelto a sacudir la ciudad. Mágicas porque todavía hay quienes creen que no existen, incluso hay ministras que niegan haber visto una aún teniéndolas entre sus filas.
El equipo de gobierno de Jorge Azcón -PP, Cs y Vox- ha efectuado una modificación ad-hoc del PGOU de Zaragoza para satisfacer las demandas de negocio de la empresa Agrar Semillas SA cambiando la figura de protección de los terrenos de Protección Activa del Paisaje a Pasiva y una declaración a medida de ‘Interés Público’ para el proyecto privado empresarial, todo ello ‘necesario’ para la “Legalización de la fábrica Agrar Semillas”.
Una vez más por mayoría abrumadora, la Asamblea General de la ONU ha exigido el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU a Cuba desde hace más de seis décadas. "El daño humano ante el bloqueo es incalculable", ha denunciado el canciller cubano. A pesar de ser golpeada por dos pandemias, Cuba ha conseguido dos vacunas propias.
La Plataforma de Madres y Padres para la absolución de los 6 de Zaragoza rechaza la sentencia del recurso "por su falta de garantías" y "por lo interpretativo que está siendo este caso". La Coordinadora Antifascista lo califica de "despropósito legal". Este jueves, Zaragoza ha sido escenario de una nueva movilización con el lema 'Juicios políticos. Condenas ejemplarizantes. El fascismo nos afecta a todxs'.
En un durísimo y crítico informe, el Consejo de Europa reprocha al Estado español, a sus poderes ejecutivo y judicial, el encarcelamiento de dirigentes independentistas catalanes, y exige su liberación y que cese el hostigamiento a los políticos abocados al exilio. Los indultos que este martes ha aprobado el Gobierno español llegan tarde y forzados.
De reciente creación, la “única cooperativa” de Guías de Montaña del Pirineo Aragonés presenta el “proyecto colaborativo” que surge desde la Comarca de A Chacetania, bajo el nombre de Compañía de Guías de la Casa de La Montaña. “Un arduo trabajo en común puesto en marcha por once guías de montaña y naturaleza con una base común: el amor por estas montañas y un espíritu cooperativo que pretende ser un ejemplo innovador que busque la transformación de los modelos del sector del turismo en nuestro Pirineo”, aseguran.
El PSOE en el Alto Aragón exige “diálogo real con el territorio para negociar todas las medidas que afecten a sus habitantes”, critica la postura del consejero Olona respecto a los Grupos Leader, la propuesta de un Parque Natural en Monegros, la Red Natura 2000, y la gestión de la reforma de la PAC.
La concejala del PP derrocha 1.200 euros públicos para su móvil personal, porque no le gustaban los ofrecidos por contrato por la operadora que suministra a todo el Ayuntamiento de Zaragoza. El equipo de gobierno de Azcón (PP-Cs y Vox) es un gran referente de la ética política de la derecha aragonesa: hacemos las leyes para que las cumplan los pobres.
Tras meses de bloqueo parlamentario, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina -CeAqua-, ha iniciado una campaña para exigir la aprobación de la “Ley de Bebés Robados”, por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En Aragón la Ley de Memoria Democrática reconoce como víctimas a los niños y niñas robados durante el franquismo.
In extremis, en el último día de plazo legal, desde las Cortes de Aragón, y por boca del secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico comunica “haber presentado el recurso”, porque a su juicio la Audiencia Nacional “interpreta de manera errónea la Directiva Marco de Aguas, que admite excepciones”.
Con su férrea e intransigente defensa de la industria del esquí a cualquier precio, parece que Lambán busca una crisis de gobierno al asegurar sobre las expropiaciones forzosas en Castanesa que “sin nieve no es posible la supervivencia del género humano en el Pirineo”. También amenaza Lambán a sus socias de gobierno al recordarles que “PSOE y PAR suman 9 de los 11 consejeros de la DGA” -los otros 2 son de Podemos y CHA-, rememorando aquello del socioliberal Alfonso Guerra “quien se mueve, no sale en la foto”.
En una ‘Carta abierta de los vecinos y vecinas de Castanesa a la sociedad aragonesa’ afirman que “los intereses económicos están por encima de todo y la demagogia política cubre con su disfraz la realidad de la despoblación”. Mientras Javier Lambán publica en el BOA la expropiación forzosa de las tierras para el beneficio de la empresa Aramón “aunque no haya acuerdo con sus propietarios”.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno español, José Luis Ábalos -PSOE-, pretende implementar peajes en toda la Red de Carreteras del Estado a partir del 2024. Comenzaría convirtiendo las autovías en autopistas, para continuar después con las carreteras ‘convencionales’.
Las organizaciones agrarias aragonesas -UAGA y UPA- llaman a los agricultores y ganaderas a “defender políticas agrarias que garanticen la existencia del modelo de agricultura familiar, y por una PAC profesional y justa”. Una tractorada recorre el centro de Zaragoza.
Un activista de la PAH Fraga denunció a través de Facebook una identificación arbitraria racista el pasado 21 de junio. La Policía Local de Fraga decidió ese mismo día que una publicación en una red social era una infracción de la Ley Mordaza e interpuso una propuesta de sanción grave que ha llegado 10 meses después.
El Gobierno de Aragón afirma una cosa y la contraria, mientras la Dirección General de Medio Natural observa “máximo riesgo natural” en el macroproyecto Cluster Maestrazgo de Forestalia, el consejero Olona avanza que el informe del Inaga -en elaboración- “no plantea ningún aspecto crítico en relación con estos parques eólicos que impida su desarrollo”, y asegura que el del Inaga -bajo su dirección política- será “el único determinante”.
El partido ultraderechista Vox sigue judicializando la política, retorciendo el relato, torpedeando la normalidad democrática y haciéndose pasar por víctima. Su última acción, de una larga lista, presentar una querella contra el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero.
Llegadas desde todos los rincones del país, cientos de personas se han movilizado este 23 de abril, Día de Aragón, en Zaragoza contra los proyectos eólicos y fotovoltaicos, macrogranjas o de ampliación de las pistas de esquí, que contaminan el agua, el aire y la tierra o destruyen el paisaje y la biodiversidad, y que ya inundan todo el territorio
“Tenemos que convivir con el paisaje, y no arruinar el paisaje. Y Mularroya es un emblema de esa política hidrológica y de gestionar los recursos que no es correcta, y por eso pedimos una vez más la paralización de esas obras”, apuntaba Marta de Santos.
El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha mostrado “su apoyo a los regantes afectados”, mientras el consejero Olona anunciaba que “adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización”, a pesar de estar declaradas nulas o ilegales por los tribunales.
Al PP parece no bastarle con cinco sentencias contrarias a la construcción de la presa, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, como del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para asumir la ilegalidad de Mularroya y cumplir la ley. El partido derechista arremete contra los Tribunales y contra la Unión Europea por la última sentencia de la AN que declara “la nulidad” de las obras del embalse de Mularroya, y anuncia una propuesta para “modificar la Directiva Marco Europea del Agua”, un acuerdo consensuado y en vigor desde el año 2.000, y de obligado cumplimiento para los 27 estados miembros de la Unión Europea.
Representants d'as entidatz que fomentaron la Proposición no de Lei han realizau una comparecencia simultania en Bilbo -Euskalgintzaren Kontseilua-, Santiago -Amesa-, Valencia -ACPV, Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua-, Zaragoza -Nogara-, y Xixón -Iniciativa pol Asurianu-, y s'han reafirmau en o compromiso de seguir “treballando conchuntament”.
El Ministerio español para la Transición Ecológica ha anunciado que no recurrirá la sentencia de “nulidad de las obras del pantano de Mularroya” al reconocer que el proyecto de embalse incumple la Directiva Europea Marco del Agua. Entidades locales como Jalón Vivo, y otros sectores sociales y agrícolas expresan su satisfacción “al estar más cerca la paralización de las obras del trasvase del Jalón al Grío”.
Las organizaciones Asociación Jalón Vivo y SEO/BirdLife celebran la nueva sentencia de la Audiencia Nacional española que les da la razón, por tercera vez, al reconocer “que la presa de Mularroya, así como su azud de derivación y conducción de trasvase, infringe lo establecido en la Directiva Marco del Agua, especialmente en lo relativo a la obligación de justificar la excepcionalidad de no evitar el deterioro de los ríos afectados”.
El comité de expertas sobre protección de lenguas minoritarias del Consejo de Europa solicitó la pasada semana al Estado español “incluir los idiomas aragonés y catalán en el Estatuto de Aragón. Incorporar -su estudio y uso- en todos los niveles educativos”, y “tomar medidas para su uso en las administraciones locales y autonómicas”. También ha pedido “al Reino de España enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial para utilizar las lenguas cooficiales del Estado en los procedimientos judiciales si lo solicita una de las partes”.