El pasado miércoles 15 de abril tuvo lugar en Alloza, Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, la presentación pública del proyecto de implantación de una planta de biogás promovida por Nortiben, sociedad resultado de la unión de las empresas Ibenergi y Nortegas. El acto reunió a ganaderos, agricultores y a numerosas vecinas que expresaron su “inquietud por las posibles consecuencias ambientales, sanitarias y económicas derivadas de la instalación de una planta de estas características en el término municipal”.
Durante el turno de preguntas, la empresa confirmó que las primeras comunicaciones con el Ayuntamiento de Alloza se iniciaron a finales del mes de noviembre. Sin embargo, y pese a que desde entonces se han celebrado al menos dos plenos municipales “la existencia del proyecto no fue comunicada al conjunto de la población hasta el mediodía del pasado 13 de abril, mediante un pregón en el que se convocaba a los vecinos a la presentación, apenas 48 horas antes del acto, circunstancia que generó malestar entre los asistentes”, subrayan algunas de las vecinas.
La planta proyectada pretende gestionar en torno a 150.000 toneladas anuales de residuos, una cifra que, según señalaron varios asistentes, fue variando a lo largo del turno de preguntas. Desde la empresa promotora se insistió en que el proyecto “no supone ningún riesgo, que no generará olores ni impactos ambientales destacables, y que se trata de un modelo de aprovechamiento circular de residuos ya existentes en la zona”.
No obstante, esta visión fue ampliamente cuestionada por los vecinos y vecinas presentes en la sala. En primer lugar, se puso en duda la coherencia entre la capacidad anunciada de la planta y la producción real de residuos en el entorno, subrayando que el volumen previsto “supera ampliamente los residuos actualmente generados en la zona”, lo que implicaría necesariamente la entrada constante de residuos externos procedentes de otros territorios, destacan desde la Asociación de Amigos y Vecinos de Alloza Aventar.
Asimismo, las personas asistentes recordaron la existencia de numerosas publicaciones y artículos de prensa que recogen problemas recurrentes en plantas similares, como las de Casasbuenas (Toledo) u Ólvega (Soria), sin olvidar que los sucesivos gobiernos aragoneses están convirtiendo nuestro país en Tocilandia. En estos casos se han documentado episodios de malos olores, conflictos vecinales y una creciente preocupación por el exceso de nitratos y amoníaco, así como por posibles afecciones a la salud de la población residente en las proximidades de este tipo de instalaciones. Estas referencias contrastan con la imagen de ‘impacto cero’ trasladada por la empresa durante la presentación.
Riesgo de contaminación por nitratos de acuíferos y aguas subterráneas
Uno de los aspectos que suscitó mayor alarma entre los asistentes fue la gestión y vertido del digestato, el subproducto líquido y sólido resultante del proceso de biogás. La preocupación vecinal se centró en la elevada carga de nitratos presente en estos vertidos, un exceso de estos compuestos en el suelo no solo satura la capacidad de las plantas, sino que incrementa el riesgo de que los contaminantes se filtren a través de las capas de la tierra hasta alcanzar y contaminar los acuíferos y aguas subterráneas de la zona.
Varios agricultores y vecinas advirtieron de que la aplicación masiva de este residuo en los campos colindantes podría comprometer gravemente la calificación de “ecológico de numerosos cultivos de la zona”. Se subrayó que, si bien en Aragón el digestato aún carece de una regulación expresa y restrictiva en este ámbito, existen otros territorios, incluida la de origen de la empresa promotora, donde la normativa es tajante: no se permite la certificación ecológica en parcelas tratadas con digestato, extendiéndose la prohibición incluso a fincas adyacentes por riesgo de contaminación cruzada.
Tal y como explica la Asociación Aventar “tampoco quedó clara la motivación de la localización de la planta en el término de Alloza. La empresa justificó la ubicación como una ‘casualidad’, derivada del trazado de la tubería del gas y de una supuesta concentración de granjas en el entorno”. Esta explicación fue cuestionada por varias asistentes, que recordaron que el sur de Aragón cuenta con numerosas explotaciones porcinas, ovinas y bovinas distribuidas en diferentes municipios, por lo que la elección de Alloza no resultaría “tan evidente ni neutra como se planteó”.
Promesas de empleo con olor pestilente
En cuanto al empleo, Nortiben anunció la creación de entre 5 y 20 puestos de trabajo, una cifra que también fue recibida con escepticismo. Algunos asistentes señalaron que en la planta de Ólvega, gestionada por la misma empresa instaladora, se realizó un anuncio similar y que “sin embargo, desde su puesta en marcha solo se ha contabilizado un trabajador”. La empresa respondió que gran parte de los servicios se cubren a través de una red de subcontratas, una explicación que, según varias vecinas “no garantiza en absoluto empleo estable ni local, ya que dichas empresas no tendrían obligación de operar ni establecerse en el municipio”.
Al final de la sesión, la Asociación de Amigos y Vecinos Aventar de Alloza tomó la palabra para dar lectura a un conjunto de preguntas que fueron formalmente entregadas a la empresa promotora. El objetivo, según explicaron, es que Nortiben pueda responder a estas cuestiones “formalmente y por escrito”, permitiendo así que la asociación pueda trasladar información rigurosa y contrastada a todos sus socios y al resto del vecindario.
La ciencia alerta de riesgos para la salud
Uno de los puntos de mayor tensión fue el impacto que el proyecto pueda tener sobre la salud de la población. La Asociación Vecinal manifestó su gran preocupación “por la emisión de gases y los problemas derivados de la actividad industrial prevista”. En su intervención, los representantes vecinales subrayaron “la creciente evidencia científica que vincula las emisiones de este tipo de plantas con riesgos para la salud pública”.
A esto se añadiría la manifiesta ausencia de un marco normativo previo, consolidado y específico que regule esta actividad. Esta situación de ‘vacío legal’ provoca que la población perciba con desconfianza un modelo de protección sanitaria que “lejos de ser preventivo, priorice la experimentación sobre la seguridad”, subrayaba la entidad vecinal.
El encuentro concluyó “sin disipar las dudas” planteadas por buena parte de las personas asistentes, que reclamaron “mayor transparencia, información detallada y participación real” en un proyecto cuyas implicaciones ambientales, agrícolas, sanitarias y sociales “podrían condicionar el futuro del municipio y de su entorno durante décadas”, enfatizan desde la la Asociación de Amigos y Vecinos de Alloza Aventar.
