Aragón vuelve al punto de partida. Cambiarlo todo para que nada cambie. Apenas dos años después de la ruptura del anterior Ejecutivo —cuando Vox abandonó el Gobierno de Jorge Azcón en julio de 2024—, la ultraderecha regresa ahora al Gobierno de Aragón con más poder institucional y mayor capacidad de condicionar las políticas públicas. Lo hace tras unas elecciones, las del 8 de febrero, que no respondieron a las expectativas del Partido Popular: menos votos, menos escaños y una mayor dependencia de Vox para mantenerse en el poder.
El acuerdo, cerrado este miércoles -ver íntegro-, articula un Gobierno de coalición liderado por Jorge Azcón con trece puntos programáticos y un reparto de poder que consolida la entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo. Vox gestionará tres de las nueve consejerías —Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo; y Bienestar Social y Familia— y asumirá además una vicepresidencia con competencias en desregulación. A ello se suma la cesión del senador autonómico —ahora en posesión de Eloy Suárez— y de la vicepresidencia de la Mesa de las Cortes.
El pacto llega en la víspera del Día d’Aragón y tras más de dos meses de bloqueo institucional, con el reloj electoral a punto de agotarse —el límite para evitar una repetición de elecciones estaba fijado en el 3 de mayo—. La investidura de Azcón se celebrará previsiblemente la próxima semana con el apoyo de los 40 diputados y diputadas de PP y Vox en unas Cortes de 67 escaños, cerrando así el mayor periodo de interinidad de la Administración aragonesa en décadas.
Un acuerdo cocinado en Madrid
Las negociaciones no se han dirimido únicamente en Aragón. El acuerdo ha estado marcado por la presión de las direcciones estatales de ambos partidos, con contactos constantes en los despachos de Génova y Bambú. De hecho, el propio Alejandro Nolasco llegó a señalar las “zancadillas” de la dirección estatal del PP durante las conversaciones, evidenciando el peso de Madrid en una negociación que vuelve a situar a Aragón como pieza dentro de una estrategia estatal.
El anuncio se produce, además, en un contexto de movimientos paralelos en otros territorios. Este mismo miércoles, María Guardiola ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox, después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves. Un movimiento que refuerza el patrón de alianzas entre ambas derechas y consolida la entrada de la ultraderecha en distintos ejecutivos autonómicos.
“Prioridad nacional”: el eje racista del pacto
Más allá del reparto institucional, el contenido político del acuerdo marca un giro profundo. El documento incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos, una formulación impulsada por Vox y vinculada históricamente al ideario de la extrema derecha, en concreto a La Falange durante el régimen franquista. Esta medida racista plantea endurecer los requisitos de acceso a ayudas sociales en función del tiempo de empadronamiento, el arraigo o los años cotizados.
El propio acuerdo explicita ese giro en términos aún más duros: recoge un “rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central”, plantea una “prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas” y propone un “plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal”. “Un Gobierno, dos partidos, un objetivo común”, sintetiza el documento firmado por ambas formaciones.
El concepto de “prioridad nacional” no es neutro: es la traducción institucional del “los españoles primero” con el que Vox ha construido su discurso y que el PP asume ahora como base de Gobierno. Un marco que legitima la exclusión desde las instituciones y normaliza recortes de derechos en función del origen.
En su comparecencia, Azcón defendió el acuerdo como un pacto “coherente” que será “la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años”, insistiendo en que responde al resultado electoral y que busca dar “estabilidad” a Aragón. El líder del PP presentó el documento como un marco “íntegramente asumido” por ambas formaciones y centrado, según dijo, en “resolver los problemas de las personas”, subrayando además su intención de aprobar presupuestos durante toda la legislatura para garantizar la continuidad del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, trató de blindar el contenido del pacto asegurando que “ningún acuerdo irá sin el aval de los servicios jurídicos” y defendiendo que su “prioridad absoluta son los aragoneses”. Sin embargo, evitó abordar la contradicción de su propio partido, que ese mismo día votaba en el Congreso contra una moción de Vox que defendía ese mismo principio de “prioridad nacional”.
Por su parte, Nolasco fue más explícito y celebró el giro político: “Va a haber más Vox”, afirmó, reivindicando que el acuerdo responde a lo que “pidieron las urnas”. El líder ultraderechista avanzó además su intención de endurecer el acceso a ayudas públicas y reiteró su rechazo a la acogida de menores migrantes, una de las líneas rojas que ya provocaron la ruptura del anterior Gobierno.
Ofensiva contra la regularización y endurecimiento migratorio
El acuerdo no se queda en el plano retórico. Llega acompañado de una ofensiva institucional contra la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno estatal, una medida que en Aragón podría beneficiar a unas 17.000 personas facilitando su acceso a permisos de residencia y trabajo. PP y Vox han convertido este proceso en uno de los principales frentes de confrontación política.
Esa estrategia se traduce ya en decisiones concretas. Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza ha bloqueado trámites relacionados con la regularización, el Ejecutivo aragonés en funciones ha ido más allá y ha autorizado este mismo miércoles recurrir el Real Decreto 316/2026 ante los tribunales. Un movimiento que evidencia la voluntad de ambas derechas de frenar por la vía institucional el acceso a derechos básicos de miles de personas.
Un Gobierno condicionado por la ultraderecha
El nuevo Ejecutivo nace así profundamente condicionado por Vox, no solo en la composición del Gobierno sino en la orientación de sus políticas. Lejos de suponer un freno, el Partido Popular asume y legitima ese marco, integrándolo como propio. El acuerdo —que permitirá a Jorge Azcón revalidar la presidencia del Gobierno de Aragón, convirtiéndose en el primer dirigente del PP que repite en el cargo—, da continuidad al giro político iniciado en 2023, pero lo hace con un PP más debilitado y una ultraderecha reforzada, que amplía su capacidad de influencia tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento aragonés.
Todo ello encaja en un contexto más amplio de avance de posiciones reaccionarias, con una agenda que combina desregulación, endurecimiento de políticas sociales y un discurso identitario excluyente. Un escenario que, como ya advertía el Consello d’AraInfo en su editorial de este 23 de abril, apunta a una ofensiva que trasciende Aragón y que conecta con dinámicas de la extrema derecha a nivel estatal e internacional.
El resultado es un Gobierno que evita la repetición electoral, pero que lo hace a costa de consolidar la entrada de la ultraderecha en el corazón de las instituciones aragonesas, en una jornada simbólica como el Día d’Aragón y bajo un marco político que sitúa la exclusión como eje de acción.
Agenda ultra: recortes a medida, racismo institucional y guerra cultural
El documento, de trece medidas y cerca de cuarenta páginas, detalla el contenido material del acuerdo. En el plano fiscal, PP y Vox plantean una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo II, una medida alineada con su política de rebajas fiscales que benefician especialmente a las rentas y patrimonios más altos.
En materia migratoria, el pacto endurece el discurso y las propuestas. Incluye un “rechazo frontal” a la política migratoria del Gobierno estatal y recoge explícitamente la negativa a acoger a menores extranjeros no acompañados. Además, incorpora la exigencia de publicar estadísticas de delincuencia “vinculada a la inmigración masiva e ilegal”, asumiendo el bulo del marco discursivo de Vox que vincula migración y criminalidad.
El principio de “prioridad nacional” se extiende también a la vivienda, con la exigencia de un mínimo de diez años de arraigo para acceder a la compra y de cinco para el alquiler. Junto a ello, el acuerdo incorpora medidas de carácter ideológico en el ámbito educativo, como el estudio de “la historia del terrorismo en España” a partir del curso 2027/2028 o la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
El documento se cierra con propuestas que afectan al ámbito lingüístico y cultural, como el compromiso de “librar Aragón de la imposición del catalán”, reforzando así una agenda que combina recortes fiscales, endurecimiento migratorio y políticas identitarias.
Pilar Alegría (PSOE): “El acuerdo es un reajuste de intereses, un ejercicio de supervivencia política”
Pilar Alegría ha reaccionado al acuerdo anunciado entre PP y Vox. La secretaria general del PSOE Aragón lamenta que, tras cuatro meses de parálisis, “solo se haya hablado de reparto de sillones”. “Es un acuerdo que nace ya amortizado y la desconfianza con la que se miran PP y Vox va a generar inestabilidad para Aragón”, ha señalado, para añadir que el pacto “es un reajuste de intereses, un ejercicio de supervivencia política”.
Las declaraciones de Alegría llegaban tras la reunión de la comisión ejecutiva del PSOE aragonés celebrada en Zaragoza. La dirigente socialista ha reprochado a Azcón que no haya abordado cuestiones clave como las listas de espera en la sanidad pública, el acceso a la vivienda o la situación de las residencias, insistiendo en que “no responde a los problemas de las y los aragoneses”.
Además, ha vinculado el acuerdo con un deterioro de los servicios públicos, asegurando que “cuando Partido Popular y Vox se unen para gobernar hay desmantelamiento y recortes”. También ha puesto el foco en la dependencia de Azcón respecto a la dirección estatal del PP, afirmando que el pacto “se ha cerrado desde Génova”, lo que, a su juicio, evidencia la falta de autonomía del presidente aragonés. “Partido Popular y Vox se miran constantemente desde la desconfianza y la rivalidad; y es muy difícil que se gobierne y que se traslade estabilidad a la ciudadanía”, ha zanjado.
Jorge Pueyo (CHA): “Azcón se ha vendido a Vox”
Jorge Pueyo, presidente de CHA y portavoz en las Cortes de Aragón, ha denunciado que Azcón “se ha vendido a Vox” tras un adelanto electoral que, a su juicio, fue “un fracaso para el PP” y dejó a Aragón “cuatro meses sin gobierno”. Pueyo sostiene que el presidente aragonés “ha vendido la Presidencia de Aragón al PP de Génova” y ha entregado áreas clave como Medio Ambiente o Agricultura a “trasvasistas antiaragoneses”. También ha criticado la creación de una vicepresidencia de “Desregulación”, que ha calificado como “una consejería de recortes, motosierra y xenofobia”, alertando de que puede suponer “la pérdida de autogobierno”.
El dirigente de CHA ha cargado además contra Vox, señalando que “los que no pactaban sillones han pactado los del Gobierno, de la Mesa de las Cortes y hasta el senador autonómico”, y ha afirmado que Azcón ha cerrado “un acuerdo aún peor que el de 2023”. En este sentido, ha rechazado el uso del término “prioridad nacional”, al que considera “una vulneración constitucional, estatutaria y de derechos humanos”. Pueyo advierte de que el pacto afecta “a nuestra tierra, a nuestra gente” y apuesta por “dejarnos a merced del mercado y el más fuerte”, cuestionando además el abandono de la lucha contra la despoblación.
Desde CHA denuncian que el acuerdo “vulnera la democracia aragonesa” y ha sido adoptado “a espaldas de los aragoneses y aragonesas”, devolviendo la toma de decisiones a Madrid. Pese a ello, Pueyo ha asegurado que esta situación marca “el principio del fin” del Gobierno de Azcón y ha llamado a la movilización social: “Toca resistir, salir a la calle y seguir luchando por lo público”. “Se vienen años duros, pero juntos y juntas les plantaremos cara porque hoy empieza la caída del Gobierno de Azcón”, ha concluido.
Marta Abengochea (IU): “Un pacto que nace de la debilidad y del sometimiento a la ultraderecha”
La coordinadora de Izquierda Unida Aragón y portavoz en las Cortes, Marta Abengochea, ha calificado la escenificación del pacto como “esperpéntica” y ha criticado la falta de concreción del acuerdo entre PP y Vox. Ha señalado que el propio Azcón ha evidenciado dudas sobre cómo aplicar medidas como la “prioridad nacional” o la desregulación, y ha subrayado que ni siquiera se conocen aún las personas que ocuparán consejerías clave como Agricultura, Medio Ambiente o la propia área de desregulación. “Según palabras del señor Nolasco, da lo mismo quién esté, eso es lo de menos”, ha denunciado.
Abengochea ha advertido de que el pacto refleja “una debilidad evidente” del PP y “una dependencia agravada de la ultraderecha”, denunciando que responde a la voluntad de “instalar un discurso racista, un clima de odio y de exclusión” sin políticas concretas para la ciudadanía aragonesa. A su juicio, se trata de un acuerdo “fraguado en Madrid, muy lejos de los intereses de Aragón”, y ha asegurado que IU se situará “enfrente de una gente que viene al Gobierno a desgobernar”, cuestionando además su “compromiso con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las normas democráticas”.
La dirigente de IU ha alertado también del riesgo de que el nuevo Ejecutivo esté marcado por posiciones negacionistas en ámbitos como el cambio climático, la vivienda o las violencias machistas. Frente a ello, ha reafirmado el compromiso de su organización con “un Aragón que revitalice pueblos y barrios, que fomente la convivencia y la paz”, y ha garantizado que IU trabajará “enfrente de estas políticas racistas y de desregulación”.
Tomás Guitarte (Teruel Existe): “Hoy no es un buen día para Teruel ni para Aragón”
El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido desde Albarracín de que el pacto entre PP y Vox sitúa a Aragón como “la comunidad autónoma con más poder de ultraderecha”, con una vicepresidencia y tres consejerías en manos de Vox. “Es un tercio largo del Gobierno y, a cambio, ni siquiera Azcón ha sido capaz de garantizar presupuestos para los próximos cuatro años”, ha criticado.
Guitarte ha calificado de “especialmente ofensivo” que el acuerdo se cierre en la víspera del Día d’Aragón mientras un partido “que no cree en las autonomías” asume áreas clave como los servicios sociales, cuya gestión recae en buena medida en el territorio. “Nos debería preocupar mucho que en la rueda de prensa ni siquiera se haya hablado de temas de Aragón, solo de agenda nacional”, ha señalado.
El portavoz de Teruel Existe ha responsabilizado directamente a Azcón de la situación, recordando que fue él quien convocó unas elecciones anticipadas en las que “perdió dos diputados” y que ahora desembocan en un acuerdo que “vamos a pagar todos los aragoneses”. En su opinión, el pacto evidencia “cesiones sin cuento por parte del PP y ni un solo compromiso serio por parte de Vox”. “Hoy no es un buen día para Teruel ni para Aragón”, ha zanjado.
