El PP, legitimo representante junto a su socio Vox del trumpismo en Aragón, con el presidente Jorge Azcón a la cabeza, a pesar de estar en funciones, ha acelerado su estrategia de desmantelamiento y deterioro de la sanidad pública aragonesa para tener coartada en su proceso de externalización y privatización de uno de los pilares del estado del bienestar, la sanidad pública y universal.
Intencionadamente el PP de Azcón está castigando con una descarada falta de financiación al sistema público sanitario, cerrando especialidades médicas, dejando crecer las listas de espera, y empeorando las condiciones laborales de las y los profesionales, para provocar el enfado y desazón de una ciudadanía a la que empuja a enfrentarse con quien día a día pone el cuerpo para realizar su trabajo: las plantillas del sistema sanitario público.
La estrategia del PP pilota sobre dos ejes claros para enriquecer a sus amigos y empresas afines. Su proceso de desmantelamiento progresivo de la sanidad pública aragonesa, como su lema de campaña, es imparable. Por un lado empuja a la ciudadanía a contratar pagando de sus bolsillos seguros médicos privados, esos que cuando la salud se pone fea de verdad te derivan a la sanidad pública. Y, por otro lado, recurre al eufemismo de la colaboración público-privada para desviar fondos públicos a las cuentas de resultados de sus empresas afines para solucionar los problemas que la propia gestión negligente del PP ha generado.
Es decir, sigue el ejemplo de Donald Trump en su estrategia imperialista geoestratégica: generar un problema dónde no la había, para después asegurar que lo soluciona en un par de días, enriqueciendo a sus empresas de cabecera en el proceso. Si por el camino, en la guerra de Trump se lleva miles de vidas por delante, o cuesta sufrimiento y angustia en el caso de la privatización de la sanidad implementada por Azcón, la culpa siempre, siempre, es de otro (la capacidad de la internacional derechista para hacer creer que el capitalismo mea colonia y que la culpa es siempre de quienes no nos esforzamos lo suficiente es digna del mismísimo Hollywood).
La última gran gestión del acelerado proceso privatizador de Azcón ha sido desviar un millón de euros para Grupo Quirón y Ribera Salud. El Hospital de Alcañiz ha licitado la externalización de una parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología por algo más de 400.000 euros, mientas que el Hospital de Teruel ha adjudicado otros 600.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología y parte del servicio de otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología.
Teruel Existe denuncia una “privatización programada”
La formación Teruel Existe ha lanzado una contundente advertencia sobre el rumbo de la sanidad aragonesa. En una rueda de prensa celebrada este pasado 27 de marzo, sus portavoces Joaquín Moreno y Manolo Gimeno denunciaron la existencia de una “privatización programada” del sistema sanitario, especialmente visible en hospitales como los de Teruel y Alcañiz.
Según Moreno, el Gobierno aragonés no ha logrado cubrir las plantillas ni atraer profesionales al medio rural, pero sí ha recurrido a la externalización de servicios, lo que —a su juicio— responde a un modelo orientado a generar negocio con recursos públicos.
La formación señala directamente a grandes grupos empresariales sanitarios, como Grupo Quirón o Ribera Salud, a los que acusa de “dominar un mercado cerrado de adjudicaciones públicas”.
Los datos aportados son especialmente críticos: solo en el Hospital de Teruel, contratos recientes de externalización han alcanzado los 600.000 euros, cuando —según sus cálculos— la gestión pública directa habría reducido ese coste en torno a un 30%.
Además, denuncian una fuerte desigualdad salarial: profesionales externalizados pueden percibir cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros del personal propio. Teruel Existe también alerta del deterioro estructural del sistema: falta de financiación en consultorios rurales, carencias en transporte sanitario urgente y ausencia de renovación tecnológica.
Como alternativa, propone reforzar plantillas, mejorar condiciones laborales, incentivar el trabajo en zonas rurales y reorganizar recursos para evitar la externalización. Gimeno advierte que la sanidad pública está “al límite”, con listas de espera prolongadas —hasta tres años en especialidades como dermatología— y problemas estructurales que afectan especialmente a hospitales fuera de la capital del país.
PSOE Aragón: crítica a la gestión del Gobierno de Azcón
El PSOE aragonés ha denunciado que la gestión del Ejecutivo de Jorge Azcón está deteriorando la sanidad pública. En su valoración, la falta de planificación y gestión está afectando directamente a la calidad asistencial, con problemas en listas de espera, falta de personal y dificultades para garantizar la atención sanitaria en condiciones adecuadas.
Los y las socialistas sostienen que la DGA prioriza decisiones que no refuerzan el sistema público y advierten de que “la sanidad es el pilar fundamental del Estado del bienestar en Aragón”, por lo que reclaman una rectificación urgente en la política sanitaria.
CHA e IU Aragón: rechazo frontal a la privatización
Tanto Chunta Aragonesista (CHA) como Izquierda Unida Aragón han mantenido una postura clara y sostenida contra la externalización de servicios sanitarios.
CHA denuncia que estas políticas suponen un trasvase de recursos públicos hacia empresas privadas, debilitando el sistema sanitario público y generando desigualdades territoriales, especialmente en zonas rurales de todo el País aragonés.
IU Aragón, por su parte, ha sido especialmente contundente al señalar que la privatización no solo encarece los servicios, sino que responde a una lógica ideológica que convierte la salud en un negocio. La formación defiende una sanidad 100% pública, con gestión directa y refuerzo de plantillas.
Plataformas en defensa de la sanidad pública
Entidades como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPA) han alertado de que la externalización supone una pérdida de control democrático sobre el sistema sanitario.
Estas organizaciones sostienen que la gestión privada introduce incentivos económicos incompatibles con la atención sanitaria universal, denunciando que los procesos de privatización reducen la calidad asistencial, aumentan costes a medio plazo y fragmentan el sistema.
Oposición generalizada de los sindicatos
El rechazo sindical a la externalización es amplio y transversal. OSTA denuncia el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de empleo público estable, reclamando inversiones estructurales y refuerzo de plantillas. La CGT considera que la privatización forma parte de un proceso de desmantelamiento deliberado del sistema público, con el objetivo de abrir nichos de negocio. Por su parte, la CNT critica la mercantilización de la sanidad y advierte de una precarización creciente del personal sanitario.
Además, los sindicatos médicos alertan de que la externalización afecta a la continuidad asistencial y a la calidad del servicio, además de generar desigualdades entre profesionales.
Movilización social en Aragón
Desde la llegada de Jorge Azcón al Gobierno de Aragón, se ha producido un aumento significativo de la movilización social en defensa de la sanidad pública. Manifestaciones multitudinarias han recorrido Zaragoza, Uesca y Teruel, y se han realizado concentraciones en la mayoría de capitales comarcales, o incluso a las puertas de algunos centros de salud, con especial protagonismo de plataformas ciudadanas, sindicatos y colectivos sanitarios.
Las protestas han denunciado las eternas listas de espera, la falta de personal, el cierre de servicios en zonas rurales y las externalizaciones. También se han organizado campañas de recogida de firmas y acciones informativas en centros de salud y hospitales. El movimiento social ha logrado situar la sanidad en el centro del debate político aragonés.
Un historial de externalizaciones
Las políticas actuales se inscriben en una trayectoria que se remonta a etapas anteriores del Partido Popular. Durante su etapa como alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón impulsó la externalización de servicios municipales, defendiendo modelos de colaboración público-privada, y favoreció la instalación de un nuevo hospital privado del Grupo Quirón en la capital del país.
Ya como presidente de Aragón, estas políticas se han trasladado, sobre todo, a los ámbitos educativo y sanitario. Las críticas apuntan a un patrón: falta de inversión en lo público seguida de externalización como solución mágica.
El modelo Alzira: referencia controvertida
El denominado “modelo Alzira”, implantado por el PP en el País Valencià, se basa en la gestión privada de hospitales financiados con dinero público. Diversos estudios han señalado que este modelo no reduce costes de forma estructural y genera problemas de transparencia, es un foco de presuntas corrupciones, además de priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad asistencial. Cabe destacar que varias concesiones fueron revertidas a gestión pública tras evidenciarse sus limitaciones.
El modelo Ayuso-Quirón: la gran familia comisionista
En la Comunidad de Madrid, la relación entre el Gobierno del PP y el Grupo Quirón sigue en el foco de la polémica. La admirada públicamente por Azcón, Isabel Díaz Ayuso, está envuelta en acusaciones de presunta corrupción de su entorno familiar y político. Las críticas ciudadanas apuntan a una creciente dependencia de empresas privadas para la prestación de servicios sanitarios, así como a posibles conflictos de interés. Este caso se ha convertido en símbolo de las tensiones entre gestión pública y privatización.
La sanidad pública en Europa
En el conjunto de la Unión Europea, predominan sistemas sanitarios de gestión pública o fuertemente regulada. Estados como Francia, Alemania o los nórdicos combinan financiación pública con diferentes grados de participación privada, pero mantienen un fuerte control estatal.
En comparación, los procesos de externalización del PP en Aragón se sitúan en una tendencia más cercana a modelos ultraliberales propugnados por la internacional derechista liderada por Trump, lo que genera preocupación entre expertas por el posible deterioro de la equidad y la universalidad del sistema.
Diversos análisis económicos coinciden en que la privatización sanitaria no supone un ahorro real. A corto plazo puede reducir costes aparentes, pero a medio y largo plazo introduce sobrecostes derivados de beneficios empresariales, duplicidades administrativas y pérdida de eficiencia en la planificación.
Además, la externalización dificulta el control del gasto público y puede generar dependencia estructural de empresas privadas. En el caso aragonés, los datos aportados por Teruel Existe refuerzan esta tesis: servicios externalizados más caros que la gestión pública directa, con diferencias de hasta un 30%.
En defensa de la sanidad pública aragonesa
La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento crítico, en el que se confrontan dos modelos: uno basado en el refuerzo de lo público y otro que apuesta por la externalización-privatización.
El debate no es solo técnico o económico, sino profundamente político y social. Y, como muestran las movilizaciones, también cada vez más ciudadano. Está en juego la salud de la ciudadanía: o consolidar un modelo universal y público de la sanidad, o caminar hacía el modelo sanitario de los EEUU, en el que solo los ricos tienen acceso a la sanidad.
