Plataforma 13M: “Es insultante que Forestalia publicite proyectos como si no hubiera pasado nada”

La entidad social insta al Gobierno de Aragón a paralizar cautelarmente “todos los proyectos de Forestalia”, hasta que se aclaren los presuntos delitos que se imputan a la empresa “que son muy graves: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”

Toma de posesión de Luis Francisco Biendicho Gracia (Vox) como nuevo consejero del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del gobierno de coalición trumpista en la DGA | Foto: Cortes de Aragón

La Plataforma 13M - ‘Aragón por la racionalidad energética’ destaca que en la nota de prensa hecha publica por Forestalia se anuncia “el inminente inicio de las obras y el pago de los impuestos a los ayuntamientos de cuatro parques eólicos en las inmediaciones de Cariñena y que responden a los nombres de Henar I y II y Canteras IV y V”.

La plataforma considera que esto “no sería noticia en otros momentos, pero resulta muy llamativo y hasta insultante que la empresa publicite los proyectos como si no hubiera pasado nada y fuera un trámite más de un proceso transparente y sin fundadas sospechas de trámites irregulares o presunto cohecho en la declaración de impacto ambiental de los mismos”.

“Todo el mundo es consciente de los delitos que se imputan a la empresa Forestalia, que son muy graves: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Pero no solo por un proyecto como se quiere hacer ver o trasmitir por algunas instancias, sino que los hechos afectarían a todos los proyectos tramitados tanto por el Ministerio de Transición, como por el INAGA de la DGA”, subrayan desde la Plataforma 13M.

La entidad cívica recuerda que “los proyectos que ahora anuncia y presenta el hijo del propietario, Fernando Samper, recibieron la declaración ambiental favorable entre noviembre y diciembre de 2022, y fueron firmados por el director Jesús Lobera, y uno de ellos por su secretario Andrés Medina, ambos funcionarios del INAGA, que interrogados por la UCO, reconocían que en ese periodo las tramitaciones no fueron muy transparentes y las reuniones del director con el propietario de Forestalia eran casi semanales, con comidas en las que muy probablemente no se hablaría del tiempo”.

“No hay pago que justifique una presunta actuación irregular”

Por todo ello, la Plataforma 13M considera que “tratar de justificar el inicio de las obras de estos proyectos en los ingresos que recibirán los ayuntamientos, es un despropósito más, pues no hay pago que justifique una presunta actuación irregular y las administraciones deberían darse prisa en suspender todos los proyectos de Forestalia hasta que se resuelva judicialmente sus responsabilidades y se dicte una sentencia”, enfatizan, y añaden que “caer en la trampa de considerar que sólo afecta la instrucción judicial al Cluster Maestrazgo es desconocer las declaraciones de los funcionarios y los indicios penales que afectan a todos los proyectos de la empresa Forestalia”.

“Es posible que algunos de los proyectos tramitados pudieran haber obtenido una declaración positiva sin intervenciones supuestamente delictivas”, se cuestiona la la Plataforma 13M “pero eso se tendría que averiguar con una investigación exhaustiva de todas las centrales eólicas y fotovoltaicas aprobadas de la empresa Forestalia y hasta ese momento no autorizar la construcción de ningún tipo de infraestructura relacionada con esos parques”.

Como consecuencia de todo ello, la Plataforma 13M - ‘Aragón por la racionalidad energética’ insta “a los Departamentos del Gobierno de Aragón afectados por la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos, a que paralicen cautelarmente todos los proyectos de Forestalia, que se revisen, basándose todo en indicios sólidos como las investigaciones de la Guardia Civil, las declaraciones de los funcionarios y las resoluciones poco fundamentadas que han supuesto su aprobación”.

“Henar II, III, Canteras IV y IV en ningún caso deberían iniciar las obras en una coyuntura de inseguridad jurídica y de ausencia de necesidad de la energía generada por los mismos, en ningún caso la economía puede justificar que se aceleren procesos con fundadas sospechas de irregularidades”, concluyen desde la Plataforma 13M.

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