El juez instructor del caso Forestalia, Juan José Cortés Hidalgo, ha desestimado el recurso presentado por el propietario del grupo empresarial, Fernando Samper, contra tres autos dictados en el marco de la investigación judicial y ha ordenado que la causa continúe “por sus propios trámites”.
La resolución, dictada el 19 de abril y conocida este martes, rechaza de forma contundente todos los argumentos planteados por la defensa de Samper, que sostenía que no existían indicios suficientes para continuar la investigación y que esta tenía un carácter “prospectivo”. El magistrado responde con claridad: desde el inicio de la causa “se manejaron más que sospechas”, basadas en “datos concretos y sobre actuaciones concretas”.
El juez desmonta la defensa de Samper
El auto es especialmente contundente al rechazar la tesis central del recurso. El juez niega que la investigación sea especulativa y subraya que no responde a “una especial sensibilidad política”, sino a hechos documentados que justifican la actuación judicial.
Además, recalca que la causa no surge de manera arbitraria, sino a partir de denuncias detalladas que ya señalaban posibles irregularidades en la tramitación ambiental de proyectos energéticos, incluyendo fragmentación de proyectos, menor rigor en las evaluaciones y actuaciones administrativas “cuanto menos irregulares”.
El magistrado también desmonta otro de los argumentos de la defensa al afirmar que la investigación no ha sido prospectiva, sino “exhaustiva”, orientada a analizar todos los comportamientos potencialmente delictivos que han ido apareciendo durante la instrucción.
La causa crece: “No es una instrucción Frankenstein”
Uno de los pasajes más relevantes del auto insiste en que la investigación ha ido ampliándose conforme avanzaban las pesquisas, pero siempre con coherencia interna. El juez rechaza que se trate de una causa construida artificialmente: “No estamos ante una instrucción Frankenstein”, señala, defendiendo que todos los hechos investigados guardan conexión con el origen del procedimiento.
En este sentido, destaca el papel del informe de la UCOMA de la Guardia Civil, considerado “determinante” para valorar el desarrollo de la causa y justificar la prolongación de la instrucción.
Sin indefensión ni irregularidades procesales
El juez también rechaza que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, negando que la instrucción se haya alargado de forma arbitraria o que se haya actuado “a espaldas de los afectados”. Al contrario, asegura que una de sus prioridades ha sido garantizar los derechos de las personas investigadas.
Asimismo, avala las prórrogas acordadas durante la instrucción, señalando que se ajustaron a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que estaban justificadas por la complejidad del caso y la necesidad de esperar informes clave.
La vía penal sigue: incluso con autorizaciones legales
Otro de los puntos clave del auto es el rechazo a la alegación de que la causa debería suspenderse por la existencia de procedimientos administrativos en paralelo. El juez recuerda que la jurisdicción penal es preferente y que, incluso si las autorizaciones administrativas fueran correctas, ello no impediría la existencia de delitos como el cohecho.
Esta afirmación refuerza el alcance de la investigación, que no se limita a la legalidad formal de los expedientes, sino que analiza posibles prácticas corruptas en su tramitación.
Con esta resolución, el juez cierra la puerta al intento de la defensa de Fernando Samper de frenar la investigación y deja claro que la causa continuará su curso.
El auto, además, cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal, la letrada de la DGA, la Asociación de Apoyo a Teruel Existe y ADIVE, que se opusieron al recurso presentado por la defensa.
Contra esta decisión cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Teruel, pero la instrucción sigue avanzando en una causa que investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal en torno al despliegue de energías renovables en Aragón.
