El Ayuntamiento de Zaragoza incorporará este año pistolas táser a la Policía Local tras consignar una partida de 80.000 euros en los presupuestos municipales, fruto del acuerdo entre PP y Vox. La medida fue confirmada por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, y abordada este martes en la Comisión de Presidencia a iniciativa de Zaragoza en Común (ZeC).
Desde ZeC, el concejal Suso Domínguez fue tajante: “Esto no lo ha pedido nadie, más que Vox”. El edil cuestionó que la compra responda a necesidades reales del servicio y recalcó que los sindicatos policiales no han reclamado este tipo de armamento, sino otras prioridades como la reorganización interna o la renovación de medios materiales.
Domínguez enmarcó la decisión en una “deriva securitaria” impulsada por la ultraderecha e incorporada por el gobierno municipal del PP. “Estamos hablando de un modelo de ciudad”, advirtió, frente a una lógica que, a su juicio, parte de la presunción de que la población es potencialmente agresora.
Riesgos, críticas y ausencia de informes
El concejal de ZeC insistió en que las pistolas táser “no son un juguete” y alertó de sus efectos, especialmente en personas en situaciones de vulnerabilidad. Recordó que organizaciones de derechos humanos, entidades de salud mental y expertas llevan años cuestionando su uso.
Según expuso, los estudios indican que en torno al 30% de las utilizaciones de estas armas se producen sobre personas con problemas de salud mental en situaciones de agitación. Un contexto en el que, precisamente, el uso de descargas eléctricas puede agravar el riesgo.
Domínguez también subrayó la falta de justificación técnica: no consta ningún informe que avale la compra ni una demanda expresa de la plantilla. “No existe ningún informe que avale dicha compra”, remarcó, señalando además el desacuerdo existente dentro de la propia Policía Local.
Asimismo, advirtió de las consecuencias para los propios agentes, que pueden verse expuestos a responsabilidades derivadas de un uso inadecuado de estas armas.
Qué son las pistolas táser
Las pistolas táser son armas de electrochoque que disparan electrodos conectados por cables y transmiten descargas de hasta 50.000 voltios. Estas descargas provocan una incapacitación neuromuscular inmediata, con contracciones musculares intensas y pérdida de control del cuerpo.
Aunque sus defensores las presentan como armas “no letales”, su uso conlleva riesgos graves. La intensidad de la descarga, su duración o el estado físico de la persona pueden desencadenar efectos severos, especialmente en personas con enfermedades cardíacas, bajo tratamiento médico o en situaciones de estrés extremo.
Amnistía Internacional ha documentado más de 700 muertes en Estados Unidos desde 2001 tras el uso de este tipo de dispositivos. Por su parte, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó en 2009 al Estado español que reconsiderara su uso por el potencial de provocar malos tratos o incluso tortura.
El contexto: muerte bajo descargas táser
La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza se produce el mismo día en que elDiario.es sacó a la luz nuevos datos sobre la muerte de Haitam Majdi en Torremolinos tras recibir hasta ocho descargas de táser por parte de la Policía.
Las imágenes muestran cómo los agentes aplicaron descargas, golpes y maniobras de sujeción durante minutos. Un informe encargado por la familia atribuye a la presión sobre cuello y tórax un papel clave en la muerte.
Además, este miércoles ha trascendido que los agentes no informaron a los servicios sanitarios del uso de la táser y que la reanimación se inició con retraso, lo que agravó la situación según el informe médico-legal.
Vox carga contra los derechos humanos y refuerza el giro punitivo
La respuesta de Vox en la comisión elevó el tono hasta el ataque directo al enfoque basado en derechos humanos. Su portavoz, Eva Torres, despreció los argumentos sobre los riesgos de estas armas y centró su intervención en contraponer los derechos de “las personas que delinquen” frente a los de “la gente de bien”.
Un discurso que no solo ignora las advertencias de organismos internacionales, sino que caricaturiza deliberadamente el debate: ZeC no vinculó en ningún momento salud mental y delincuencia, pero Vox utilizó ese argumento para desacreditar las críticas.
Frente a ello, Domínguez recordó que los derechos humanos “son para todo el mundo” y que precisamente deben proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. También reprochó el uso de relatos sin base empírica frente a datos que sí apuntan a un uso frecuente de estas armas sobre personas con problemas de salud mental.
La intervención de Vox evidencia un marco ideológico que normaliza la escalada punitiva, minimiza los riesgos documentados —incluidas muertes— y sitúa el debate en términos de confrontación simplista, alejados de cualquier análisis riguroso sobre seguridad, derechos y salud pública.
