El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que el Consistorio ha perdido 4,5 millones de euros por las ejecuciones subsidiarias tramitadas desde la Gerencia de Urbanismo. Se trata de dinero público que adelanta el Ayuntamiento para realizar derribos o intervenciones urgentes en edificios privados cuyos propietarios han abandonado hasta llegar, en muchos casos, a la declaración de ruina.
Así lo han denunciado este viernes en rueda de prensa Elena Tomás —concejala y portavoz de ZeC— y Suso Domínguez —edil de la formación—. Según han explicado, cuando un inmueble alcanza una situación de riesgo o ruina y la propiedad no actúa, el Ayuntamiento puede intervenir mediante una ejecución subsidiaria. En ese caso, la administración sustituye al propietario obligado al mantenimiento y conservación del edificio o solar, ejecuta la obra y posteriormente reclama el coste al responsable mediante procedimiento de apremio.
Desde que gobierna el Partido Popular, entre 2019 y 2025 —primero con Jorge Azcón, ahora con Natalia Chueca, y siempre de la mano de Vox—, el Ayuntamiento ha adelantado 5.435.684 euros para realizar obras declaradas de emergencia en edificios privados. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recuperado 856.284 euros. Esto supone que más de 4,5 millones de euros de dinero público han sido adelantados para pagar obras que deberían haber asumido las personas propietarios y que, en muchos casos, no han sido abonadas al Ayuntamiento.
Zaragoza en Común señala además que el volumen de ejecuciones subsidiarias ha experimentado un aumento “exponencial” durante estos años de gobierno del PP. En estos casos, el coste total de la intervención y los daños derivados deben recaer sobre el propietario incumplidor, pero si no se abonan los gastos, el Ayuntamiento debe reclamarlos por vía de apremio.
Contratos de emergencia y adjudicaciones
Desde 2019, el Ayuntamiento ha tramitado cientos de ejecuciones subsidiarias en edificios y solares, todas ellas mediante contratos de emergencia. Este procedimiento implica que las obras no salen a concurso público, sino que se adjudican directamente a una empresa.
Según denuncia Zaragoza en Común, esta fórmula ha sido utilizada de forma mayoritaria por la Gerencia de Urbanismo y ya ha sido cuestionada en informes del interventor municipal y de la Cámara de Cuentas debido a la opacidad del sistema y a la falta de cumplimiento de determinadas exigencias legales. Esta situación obligó al gobierno municipal a elaborar una instrucción reguladora en el verano de 2024.
A pesar de ello, el informe del interventor recoge que los contratos de emergencia adjudicados a los que resulta aplicable dicha instrucción no se ajustan completamente a la misma. Entre sus conclusiones señala que la contratación de emergencia se tramita por cada servicio gestor al margen del Departamento de Contratación, que no se remiten todos los contratos al Tribunal de Cuentas y que en la mayoría de los casos no se ha solicitado la recepción formal de las obras con presencia de la Intervención General, tal y como establece el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el caso concreto de las ejecuciones subsidiarias realizadas en edificios privados por la Gerencia de Urbanismo, se trata de cerca de un millón de euros al año, repartidos casi en su totalidad entre solo tres empresas.
Además, según el propio interventor, en estas contrataciones no figura un responsable del contrato, como exige la instrucción; tampoco se establece plazo de garantía de las obras ni se motiva su inexistencia; no se solicitan varias ofertas y no existe contrato por escrito ni presupuesto previo.
Tres empresas concentran más del 90% del dinero
Zaragoza en Común también ha puesto el foco en que, entre 2019 y 2025, los contratos de emergencia vinculados a ejecuciones subsidiarias en edificios particulares se han repartido principalmente entre tres empresas.
Derribos Salvador ha recibido más de tres millones de euros. Excavaciones Lecha ha recibido 625.000 euros por estas actuaciones y, además, esta misma empresa cobró 4.152.909 euros mediante otro contrato de emergencia para la adecuación de las parcelas de Saltoki. Por su parte, Obras y Promociones Villahermosa ha recibido más de medio millón de euros.
“Estas tres empresas concentran más del 90% del dinero destinado a ejecuciones subsidiarias en edificios privados”, han advertido Elena Tomás y Suso Domínguez.
Desde Zaragoza en Común consideran que, tal y como recomienda también el interventor, debería licitarse un contrato público específico para realizar estos trabajos, fijando previamente precios y condiciones.
Impago de propietarios y afección a edificios protegidos
La formación también ha denunciado el elevado número de expedientes en los que no se ha recuperado ni un solo euro de las personas propietarios, a pesar de que en muchos casos se trata de dueños del edificio completo y las facturas de las intervenciones son muy elevadas.
En este sentido, ZeC ha destacado el caso del edificio de la calle Mariano Gracia nº15, en el barrio del Arrabal. “El inmueble pertenecía a una empresa que también es propietaria de una empresa de desocupación. En el edificio residían diez familias con tres menores, que tuvieron que ser realojadas por el Ayuntamiento. En abril de 2023, el edificio fue declarado en ruina por mala conservación y se ejecutó una intervención subsidiaria por más de 400.000 euros, de los que no consta que el propietario haya pagado ningún importe”, han detallado en la rueda de prensa.
Otro ejemplo remarcado por ZeC es el edificio de la calle Estación nº8, en el barrio Jesús. “Su mal estado y el peligro que representaba habían sido denunciados por la asociación vecinal. Finalmente se ejecutó una actuación subsidiaria para evitar daños, con un coste cercano a 200.000 euros. A pesar de existir una sentencia de 2023 que reconoce la obligación de pago por parte de la propiedad, el asunto no se llevó a la Gerencia hasta abril de 2025, dos años después, y cuatro días antes la empresa redujo su capital”, han explciado.
Falta de mecanismos para asegurar el cobro
Tomás y Domínguez han recordado que las ejecuciones subsidiarias se realizan mediante ejecución forzosa administrativa, “lo que implica que deben recogerse los gastos, daños y perjuicios sufridos por la administración, que posteriormente se exigen al obligado mediante procedimiento de apremio”.
La normativa contempla además que el importe de la ejecución pueda liquidarse de forma provisional antes de realizar la obra como medida para asegurar el cobro. Según Zaragoza en Común, este mecanismo no ha sido impulsado por el actual gobierno municipal de Natalia Chueca.
La formación también señala que “muchas de estas intervenciones vienen precedidas de declaraciones de ruina de edificios incluidos en el Catálogo de Edificios con valor Histórico-Artístico cuyos propietarios no han realizado el mantenimiento necesario”. En algunos casos “se pierde el edificio catalogado completo o solo se conserva la fachada, lo que permite posteriormente construir un edificio nuevo”.
Esto, según Zaragoza en Común, supone “un doble beneficio para los propietarios incumplidores: no pagan la ejecución subsidiaria y además consiguen evitar la rehabilitación del edificio original”.
Exigencias de Zaragoza en Común
Ante esta situación, Zaragoza en Común exige un mayor control de las ejecuciones subsidiarias y reclama desde el grupo municipal una auditoría que analice el estado de las ejecuciones subsidiarias realizadas por el actual gobierno y el anterior de Jorge Azcón. También piden revisar el cumplimiento de la normativa y de los procedimientos establecidos y analizar el estado del procedimiento de cobro de las cantidades adelantadas.
La formación considera que “no es aceptable que propietarios que incumplen su obligación de conservación, generando problemas al vecindario, no solo no sean sancionados sino que tampoco devuelvan el dinero público invertido en sus propiedades”. En este sentido, señalan que más de cuatro millones de euros “podrían recuperarse y destinarse a la construcción de vivienda pública”.
Además, advierten de que en 2026 ya se han gastado cerca de medio millón de euros en empresas de derribos para realizar nuevas ejecuciones subsidiarias.
Asimismo, el grupo municipal de ZeC ha cuestionado al concejal Víctor Serrano por el funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo y ha exigido el cumplimiento de la instrucción sobre contratación de emergencia, la aplicación de las recomendaciones del interventor, la implantación del expediente electrónico —exigido por la normativa— y la licitación de un contrato marco para gestionar estas actuaciones y evitar la discrecionalidad en las adjudicaciones.
Con este fin, Zaragoza en Común plantea la creación de un contrato marco específico para este tipo de obras.
Respuesta del Ayuntamiento
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado de “sorprendente” la rueda de prensa de Zaragoza en Común y ha defendido que el actual gobierno municipal está “actuando frente al deterioro del parque edificatorio”. Según ha señalado, las ejecuciones subsidiarias “responden a situaciones de ruina de inmuebles” y “en muchos casos resultan incobrables” porque “las propiedades no pueden asumir los pagos”.
