La sociedad civil del sur del país ha tenido que insistir, remando contra viento y sol, pero sobre todo contra el desprecio del poder político, económico y mediático aragonés, defensor de la instalación masiva y desordenada de energías renovables en Aragón, durante años.
Ahora, cuando el incansable y concienzudo trabajo voluntario por el bien común de entidades como el movimiento ciudadano Teruel Existe o la Plataforma en defensa de los Paisajes de Teruel va obteniendo pequeñas victorias judiciales es cuando las principales administraciones públicas, responsables del control de la instalación de estas industrias extractivas, parecen darse por aludidas y reaccionan tímidamente por el temor a verse aún más salpicadas por las presuntas tramas corruptas, con Forestalia en el centro del huracán de irregularidades y como nexo entre energías renovables, centros de datos y otras inversiones, que tan supuestamente como la trama corrupta, han llenado las páginas y las cuentas de resultados de los grandes medios de comunicación aragoneses de propaganda institucional.
Aagesen “recuerda” que los proyectos de Forestalia investigados “están suspendidos” y anuncia “una auditoría interna” en su ministerio
La vicepresidenta tercera del gobierno del Estado español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que gran parte de los proyectos de la empresa Forestalia investigados por la justicia se encuentran actualmente en suspenso al estar recurridos por vía administrativa. La ministra lo ha afirmado este mismo miércoles durante su intervención en unos desayunos informativos de Europa Press, al ser preguntada por la situación del macroparque eólico del Clúster del Maestrazgo, proyectado por Forestalia y vendido a la multinacional CIP en el sur de nuestro país.
La causa judicial investiga posibles irregularidades en la tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) vinculadas a parques eólicos y fotovoltaicos, entre ellas la presunta manipulación de informes y el posible cobro de comisiones. En este contexto, la ministra ha afirmado que su ministerio ha mostrado “máxima predisposición de colaboración con la justicia” y ha anunciado que ha solicitado una auditoría interna en el ministerio para analizar los procedimientos administrativos y esclarecer “qué ocurrió y por qué ocurrió”.
Durante su intervención, Aagesen también ha señalado que tuvo conocimiento de la investigación a través de los medios de comunicación, y ha recalcado que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental del ministerio, Eugenio Domínguez, uno de los principales investigados, “ya no trabaja en el ministerio desde hace más de dos años”.
Azcón descarta auditar el INAGA mientras anuncia revisiones de los proyectos de Forestalia
El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado que revisará “todo aquello que sea sospechoso de duda” en relación con los proyectos impulsados en nuestro país por la empresa energética Forestalia. El dirigente aragonés del PP ha mostrado su “preocupación” por el caso de presunta corrupción que investiga la justicia y que, en su habitual forma de eludir responsabilidades afirma que “tiene su origen en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”.
Azcón también ha expresado la disposición de su partido a apoyar la reapertura de la comisión de investigación sobre energías renovables en las Cortes de Aragón, una comisión que el propio PP, con la complicidad de Vox, ya cerró el propio Azcón en falso. Durante sus declaraciones, el líder conservador ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por la gestión del caso, aunque no ha aclarado si el Ejecutivo aragonés modificará su relación institucional con Forestalia ni cuál será el futuro de algunos de los grandes proyectos vinculados a la compañía.
Entre esas iniciativas se encuentran dos planes de Forestalia considerados estratégicos por la DGA, y de los que Azcón ha venido presumiendo durante los últimos meses: el suministro energético previsto para la futura gigafactoría de baterías de Stellantis y el denominado proyecto Búfalo, orientado a la implantación de centros de datos asociados al despliegue desmesurado de energías renovables.
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha descartado que el Gobierno de Aragón vaya a realizar una auditoría sobre el funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), pues según ha explicado, una investigación de este tipo “se solaparía con la investigación policial” actualmente en marcha.
CHA y Compromís piden paralizar las licencias de renovables vinculadas a Forestalia “mientras se investiga la trama de corrupción”
Este mismo miércoles, casi al tiempo que Aagesen y Azcón realizaban sus declaraciones, Chunta Aragonesista y Compromís han impulsado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para paralizar cautelarmente los procedimientos administrativos relacionados con parques eólicos y solares promovidos por Forestalia. La propuesta, registrada por el grupo parlamentario plurinacional Sumar, plantea establecer una moratoria sobre estos proyectos al encontrarse la empresa bajo investigación judicial por una presunta trama de corrupción medioambiental vinculada a la tramitación de instalaciones renovables.
La proposición no de ley se produce después de que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil registrara la sede de Forestalia en Zaragoza y recopilara documentación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el marco de la investigación fueron detenidas seis personas —posteriormente puestas en libertad— entre ellas el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, acusado de intervenir en la tramitación de proyectos para posteriormente externalizar su evaluación.
CHA y Compromís también reclaman investigar “hasta el final” el caso y declarar nulos los proyectos en los que hubiera participado Domínguez, independientemente de la empresa promotora. Además, proponen adoptar medidas para que compañías implicadas en investigaciones por corrupción no puedan participar cautelarmente en nuevos procedimientos administrativos, mientras se esclarecen los hechos relacionados con iniciativas como el macroproyecto eólico Clúster del Maestrazgo.
Izquierda Unida exige la suspensión de todos los expedientes de Forestalia en Aragón y pide “coherencia política” ante el caso
Izquierda Unida Aragón ha exigido este jueves en rueda de prensa la suspensión inmediata de todos los expedientes de Forestalia en Aragón y una moratoria en la tramitación de grandes proyectos de energías renovables tras las informaciones conocidas en los últimos días sobre el denominado caso Forestalia, que apuntan a posibles mordidas millonarias, manipulación de informes ambientales y trato de favor en la aprobación de macroproyectos energéticos. La coordinadora y portavoz parlamentaria de IU Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que la justicia debe investigar “hasta el final” lo ocurrido y esclarecer aquello que la comisión de investigación de las Cortes no pudo aclarar.
Abengochea ha recordado que IU ha sido una de las fuerzas políticas más constantes, junto a plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas, en reclamar una moratoria y una planificación territorial del despliegue renovable. En febrero de 2021 la formación impulsó en las Cortes una iniciativa para establecer esa moratoria y planificar el sector; la suspensión fue rechazada, aunque sí se aprobó la planificación energética que, según denuncia IU, ni el anterior cuatripartito ni el actual Gobierno de Aragón han desarrollado. Durante estos años la formación ha promovido iniciativas como la ley de protección del paisaje de 2022, la defensa del entorno de Sijena frente a proyectos eólicos o numerosas preguntas parlamentarias sobre planificación energética, impacto ambiental y protección de especies, además de impulsar iniciativas en el Congreso a través del grupo Sumar sobre el clúster del Maestrazgo.
Para IU, el caso del Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto con más de un centenar de aerogeneradores en zonas de alto valor ambiental —algunas incluidas en la Red Natura 2000— y con informes técnicos negativos, demuestra la necesidad de revisar en profundidad las autorizaciones concedidas. Abengochea ha reclamado que el Gobierno de Aragón actúe como ha anunciado el Ejecutivo estatal, que ha iniciado la paralización y auditoría de los expedientes de Forestalia, y ha exigido al presidente Jorge Azcón que suspenda todos los expedientes vinculados a la empresa mientras se esclarecen los hechos. También ha señalado que el INAGA ha quedado “profundamente cuestionado” y necesita una remodelación que garantice independencia, transparencia y recursos suficientes.
La coordinadora de IU ha defendido que estos hechos refuerzan la necesidad de reordenar el modelo energético con planificación pública, autoconsumo, comunidades energéticas y participación del territorio. Además, ha criticado la falta de coherencia política de quienes ahora reclaman nuevas comisiones de investigación tras haber bloqueado conclusiones que señalaban responsabilidades en la anterior comisión parlamentaria. “La comisión ya se hizo y no se quiso que funcionara. Ahora lo que toca es que la justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, y que mientras tanto se paralicen todos los proyectos de Forestalia en Aragón”, ha afirmado, advirtiendo además de posibles intereses económicos y puertas giratorias en el sector energético.
Podemos Aragón pide en el Congreso revocar todos los proyectos de Forestalia tras las presuntas irregularidades del caso Maestrazgo
Podemos Aragón ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige la revocación inmediata de todos los proyectos adjudicados a la empresa Forestalia tras las investigaciones judiciales y las recientes detenciones vinculadas a la tramitación del Clúster del Maestrazgo, un macroproyecto eólico situado en las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.
La iniciativa parlamentaria pone el foco en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos vinculados a la compañía. Según el escrito presentado por la formación morada, hasta 52 proyectos relacionados con Forestalia se encuentran actualmente bajo investigación judicial y policial, y las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que las presuntas irregularidades podrían extenderse más allá del propio clúster turolense.
Podemos sostiene que existen indicios de graves irregularidades en los informes emitidos por las Direcciones Generales de Medio Natural y de Cambio Climático del Gobierno de Aragón y advierte de que la presunta trama investigada se habría centrado en manipular evaluaciones ambientales para favorecer intereses privados. Por ello, la formación morada reclama una revisión integral y la anulación de todas las autorizaciones concedidas a la empresa en Aragón.
Además, el partido ha aprovechado la iniciativa para reiterar su crítica al actual modelo de implantación de energías renovables, al considerar que el desarrollo de grandes megaproyectos se está realizando con impactos ambientales significativos y sin respetar el territorio. En este sentido, Podemos Aragón defiende una transición energética justa, transparente y sostenible, con mayor planificación pública y participación social.
La Plataforma 13M pide la “suspensión cautelar de todos los proyectos”
Antes de conocer las declaraciones de Aagesen y Azcón, diversos colectivos sociales ya habían convocado para este jueves en Zaragoza rueda de prensa para valorar el escándalo judicial que salpica a Forestalia y sus posibles repercusiones sobre el despliegue de energías renovables en Aragón. La comparecencia se celebra pocas horas después de conocerse nuevos detalles de la investigación sobre presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
A las 10:30 horas, en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Plataforma 13 de Marzo – Aragón por la Racionalidad Energética, la Plataforma en Defensa de las Montañas y Ecologistas en Acción (grupo de Monzón) han pedido la suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa, investigar las presuntas irregularidades y desmantelar el INAGA. En la comparecencia han presentado un comunicado conjunto en el que analiza la evolución del caso y sus posibles consecuencias para la tramitación de proyectos renovables en nuestro país. La comparecencia ha abordado el impacto que la investigación puede tener sobre el modelo energético y el desarrollo de grandes instalaciones en el territorio.
Estas convocatorias se producen en un contexto de creciente debate político y social en Aragón tras la investigación judicial que afecta a la empresa energética Forestalia y a la tramitación de proyectos de energías renovables, centros de datos y otras inversiones asociadas a esta empresa.
