El último debate televisado del 8F abrió la recta final de la campaña con un tono más beligerante, escaso cruce de propuestas y un fuerte desgaste del bloque conservador, en un contexto marcado por la previsión de alta abstención, el conflicto laboral a las puertas de Aragón TV y un escenario electoral que apunta al fracaso de las expectativas del PP que seguirá necesitando a Vox para gobernar
Las entidades en defensa del territorio, coordinadas en la Plataforma 13M, denuncian “el colapso” del modelo de energía renovable y exigen una moratoria inmediata. Han elaborado un informe de situación y valoran la necesidad “de iniciar acciones judiciales”.
Con una media mensual de 1.103.611 lectoras únicas, el periodismo cooperativo, incómodo con todo poder y pegado a la realidad aragonesa, continúa su crecimiento cuestionando el statu quo, abriendo cada vez más grietas en la agenda ‘oficial’
La candidata de Izquierda Unida – Movimiento Sumar para las elecciones aragonesas del 8F defiende en esta entrevista un giro de modelo que ponga fin a los macroproyectos especulativos, blinde los servicios públicos frente a la privatización y sitúe la vivienda, los cuidados, los derechos sociales y la transición ecológica justa en el centro de las políticas del próximo Gobierno de Aragón.
El candidato de CHA a las elecciones aragonesas del 8F defiende en esta entrevista un modelo de desarrollo arraigado al territorio frente al extractivismo energético, las macrogranjas y los centros de datos, reclama una Hacienda foral aragonesa para garantizar servicios públicos y sitúa la sanidad, la vivienda, el medio rural y la emergencia climática como ejes para “poner a las personas y el bien común en el centro” frente a las políticas del PP.
La candidata de Podemos - Alianza Verde alerta de que Aragón está siendo tratado como una “colonia extractiva” al servicio de macrogranjas, renovables sin control y centros de datos, y defiende moratorias y fiscalidad ambiental para frenar el saqueo del territorio. En esta entrevista apuesta por blindar los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda y plantar cara a la corrupción y a la ofensiva reaccionaria sin equidistancias.
La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón defiende un modelo de desarrollo con condiciones, que garantice retorno económico y empleo de calidad en el territorio, y carga contra la privatización de la sanidad y la educación impulsada por el Gobierno de Azcón. En esta entrevista apuesta por desplegar el Estatuto, reforzar los servicios públicos, afrontar la despoblación y movilizar el "voto progresista" el 8F frente a la derecha y la ultraderecha.
Vecinas y vecinos de Valmuel, pedanía de Alcañiz, denuncian un modelo de ganadería industrial que amenaza el agua, el territorio y la vida rural en el Bajo Aragón. Dos proyectos en tramitación que serían la avanzadilla de un plan de hasta 25 macrogranjas clónicas.
El sector agroganadero aragonés ha protagonizado una de sus movilizaciones reivindicativas más importantes de los últimos años inundando las calles de Zaragoza con casi un millar de tractores venidos de numerosas comarcas de nuestro país
La campaña electoral del 8F comienza oficialmente tras una precampaña interrumpida por el luto oficial que solo ignoró Vox. El CIS dibuja un escenario en el que el PP necesitaría de nuevo a la ultraderecha para gobernar, mientras el PSOE trata de frenar el desgaste, CHA apunta a una subida, IU aspira a consolidar espacio y Podemos pelea por no desaparecer de las Cortes de Aragón.
Ecologistas en Acción lleva ante los tribunales el PIGA de Amazon (AWS), y en paralelo, lanza un crowdfunding “para financiar los costes jurídicos” del primer contencioso judicial interpuesto por la sociedad civil aragonesa contra la invasión desordenada de data centers en nuestro país
Además de los 120 millones por la elaboración de contenidos para la CARTV, el entramado Heraldo-Henneo obtiene del Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, otros 43 millones para el “servicio de explotación técnica de la CARTV”, y tres millones más por la “plataforma web de gobernanza de datos”
Los sucesivos gobiernos de Aragón han ido, china a chana, privatizando la radio y televisión públicas aragonesas (CARTV), pero con la llegada de Azcón a la DGA el proceso de privatización se ha acelerado
El Visor de Renovables de Ecologistas en Acción confirma que el despliegue masivo de energía solar, eólica, hidrógeno verde y centros de datos está devastando el territorio aragonés y disparando la demanda eléctrica más allá de lo sostenible. Los proyectos de 2025 suman más de 26.500 MW en tramitación o autorizados y ponen en riesgo recursos naturales clave como el agua.
Cómo hacer televisión desde un sindicato, sin neutralidad ni equidistancias, en tiempos de silencio mediático, con “memoria y cuidado colectivo”
Trump amenaza con nuevos ataques contra Venezuela si el Gobierno bolivariano no claudica y cede el control del petróleo, mientras Delcy Rodríguez, al frente del Ejecutivo con el respaldo de las Fuerzas Armadas, exige el fin de la agresión militar estadounidense, la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en una prisión federal en Nueva York, y llama a la paz, al diálogo y al respeto de la soberanía, en un contexto de movilización popular dentro y fuera del país.
El fracaso de Azcón en la DGA, y los casos de corrupción y acoso sexual que salpican a PSOE, PP y Vox, junto a Aragón Existe y PAR compitiendo, hacen muy difícil al electorado de derechas elegir la opción menos mala
Expirado el plazo para registrar coaliciones sin acuerdo, se repite en Aragón el escenario de fragmentación: CHA, IU–Movimiento Sumar y Podemos–Alianza Verde competirán por separado en unas elecciones aragonesas anticipadas marcadas por el desánimo en el electorado de izquierdas
El colectivo alerta de que la fragmentación “allana el camino al fascismo” y emplaza a partidos y movimientos sociales a construir una alianza amplia de cara a las elecciones aragonesas anticipadas del 8 de febrero
El movimiento registró en el Edificio Pignatelli sus demandas para frenar la especulación, el extractivismo y los proyectos impuestos en el Pirineo, interpelando al Gobierno de Aragón del PP tras las masivas movilizaciones de Chaca y Benás en defensa del derecho a vivir en la montaña
Los investigadores Ignacio Messina, profesor de la Universidad de Zaragoza, y Jon Las Heras, profesor de la Universidad del País Vasco, vienen desarrollando una línea de investigación sobre sindicalismo de contrapoder. Conversamos con Messina para que arroje luz sobre una parte de la historia del sindicalismo aragonés.
El 8 de febrero es la fecha elegida por Azcón para el adelanto electoral que culmina una legislatura marcada por la minoría parlamentaria del Partido Popular, la ruptura con Vox y la imposibilidad de aprobar nuevos presupuestos. Azcón busca reordenar el tablero político mientras la oposición denuncia irresponsabilidad, fracaso político y la aplicación en Aragón de la agenda de la ultraderecha.
El empresario Fernando Samper ha levantado un imperio extractivo-empresarial en sectores como las macrogranjas de tocinos, en el despliegue descontrolado de energías renovables, y ahora en los centros de datos. Un éxito basado en sus excelentes relaciones con las delegaciones de PSOE y PP en nuestro país
El presidente Azcón protagoniza un pomposo acto de propaganda vacua: presenta, arropado por su gobierno, un borrador de Presupuestos para 2026 sin apoyos para aprobarlos y sin haber aprobado previamente el obligatorio techo de gasto
Tras tres jornadas de paros y movilizaciones, el comité de huelga arranca de la Consejería de Educación el refuerzo urgente del personal de limpieza y el compromiso de cerrar en marzo la RPT que debe dotar al centro de Cuarte de Huerva del personal de administración y conserjería que reclama desde hace años.
Los establecimientos afectados denuncian “acoso”. Izquierda Unida del Altoaragón acusa al Ejecutivo de Jorge Azcón de aplicar criterios “racistas y clasistas”, mientras CHA advierte de que la medida busca desincentivar la participación en los programas de acogida.
Celebrado en la Universidad Complutense, el TPCGP-25 concluye con una resolución de 25 puntos que documenta la cooperación “por acción y omisión” del Estado español con la ocupación, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino, y llama a la sociedad civil a continuar investigando y actuando.