Durante años Jorge Azcón hacía gala de su amistad con Javier Lambán, y compartía criterio e intenciones con los proyectos que el supuesto socialista implementaba desde la DGA para los sectores de las industrias de energías renovables y centros de datos. Quizás solo fuera por interés electoral, o quizás fuera por pleno convencimiento.
En cualquier caso, Azcón ha abrazado el modelo desplegado por Lambán para destinar el territorio aragonés a tierra de sacrificio para engordar los beneficios de empresarios de toda condición, pelaje y nacionalidad. El único plan de país que son capaces de promover, tanto Lambán como ahora Azcón, es malvender nuestro territorio, patrimonio natural, paisajes y paisanajes al mejor, o muchas veces al peor, postor, e inundar de macrogranjas, renovables y centros de datos cada metro cuadrado de terreno ‘disponible’. Todo regado con fructífera propaganda sobre los miles de puestos de trabajo que, asegura la DGA de antes y ahora, se crearán y la riqueza que brotará de nuestras fuentes y manantiales.
Hace apenas un par de años, los analistas populares de la calle Ponzano de Zaragoza entendieron que la instalación de energías renovables, sobre todo con la omnipresente presencia de Forestalia, no era trigo limpio. Entonces, y para cubrirse las espaldas ante su electorado, PP y su socio Vox crearon una comisión de investigación sobre las energías renovables en las Cortes de Aragón. La comisión cumplió con el objetivo para la que fue creada: que Azcón tuviera una oportunidad de desvincularse de Lambán en campaña electoral.
Pero, la comisión también fue capaz de añadir bochorno sobre lo que para entonces ya era un secreto a voces, y dictaminó que no había nada irregular, ni nada que investigar sobre el despliegue o invasión de macroindustrias energéticas en nuestro país. Una especie de “circulen, que aquí no hay nada que ver”.
En este atribulado proceso en el que Azcón intenta asegurar que el no tiene nada que ver ni con Forestalia, ni con Fernando Samper, aunque las fotos y la realidad le contradigan, ahora presenta el análisis del resultado del Plan de Agilización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) sin ningún compromiso de moratoria de los proyectos salpicados por irregularidades en la tramitación de instalación de macroindustrias de los sectores de energías renovables y centros de datos. Ni una alusión a la empresa Forestalia, ni tampoco al proyecto de centro de datos Búfalo que está empresa quiere desarrollar y que cuenta con todas las bendiciones del presidente en funciones, a la mayor gloria de Vox, Jorge Azcón.
El INAGA de Azcón transita de las consultoras externas a la inteligencia artificial
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, organismo dependiente del Gobierno de Aragón (DGA), asegura ahora haber transformado “de manera sustancial su funcionamiento en menos de dos años” tras la puesta en marcha de su Plan de Agilización en junio de 2024. Según los datos hechos públicos por el propio Ejecutivo aragonés, el organismo ha logrado reducir de forma significativa la acumulación de expedientes, avanzar en la digitalización de procedimientos y reforzar su plantilla “con el mayor incremento de personal de las últimas dos décadas”.
Uno de los principales indicadores de esta evolución es la reducción del volumen total de expedientes en tramitación, que ha pasado de cerca de 7.500 a 4.400. En paralelo, los expedientes fuera de plazo han descendido un 44%, al pasar de 4.875 a 2.750, “una de las principales problemáticas que arrastraba el organismo en los últimos años”, a juicio del ejecutivo en funciones de Jorge Azcón.
La DGA asegura también que “el plan se diseñó con el objetivo prioritario de acortar los tiempos de resolución y normalizar la situación administrativa de aquellos expedientes que superaban los plazos legales”. Para ello, se establecieron dos ejes principales: la digitalización integral de los procedimientos y el refuerzo de los recursos humanos.
En el ámbito tecnológico “el avance ha sido notable”. La tramitación electrónica ha pasado del 0% al 80% de los expedientes en menos de dos años. Actualmente, alrededor de 9.500 solicitudes anuales se gestionan mediante procedimientos electrónicos integrados en la plataforma del Gobierno de Aragón, lo que supone cerca del 45% de las tipologías competencia del instituto.
Este nuevo sistema permite centralizar desde el inicio toda la documentación necesaria, orientar a las personas usuarias en la selección del trámite adecuado y derivar automáticamente los expedientes a la unidad competente. Además, incorpora herramientas como la autoliquidación de tasas, la integración con sistemas de información geográfica y bases de datos ambientales, la generación automatizada de documentos “y el uso de técnicas de inteligencia artificial”.
La digitalización ha tenido efectos directos en la reducción de los plazos de tramitación. En el caso de los expedientes de productores de residuos, los tiempos han pasado de varios meses “a resolverse en cuestión de días”. También se han simplificado los procedimientos vinculados a la actividad cinegética —más de 2.500 al año— mediante la implantación de sistemas de precintos personalizados con códigos QR y aplicaciones específicas para la gestión de batidas.
El segundo “gran pilar” del plan de Azcón ha sido el refuerzo de la plantilla. La DGA asegura que el INAGA ha pasado de 72 a 86 trabajadores y trabajadoras tras la creación y cobertura de 14 nuevas plazas estructurales, lo que supone “el mayor incremento de personal en la historia del organismo”. Este proceso comenzó con la puesta en marcha de una unidad de apoyo temporal para impulsar la informatización, en colaboración con la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, y ha culminado con la consolidación de nuevos puestos técnicos y de responsabilidad.
Otro de los cambios más significativos ha sido la práctica eliminación del recurso a consultoras externas. Mientras que en 2022 se encargaron 188 expedientes a estas empresas, la cifra descendió a 5 en 2023, 4 en 2024 y apenas 1 en 2025. Esto supone una reducción superior al 99% en apenas tres años.
El cambio resulta especialmente relevante en el ámbito de las energías renovables. “Durante los años 2023, 2024 y 2025 no se ha recurrido a ninguna consultora externa para la elaboración de declaraciones de impacto ambiental en este tipo de proyectos, cuando en 2021 y 2022 estas empresas participaron en 342 expedientes vinculados a renovables”, de lo que se deduce que proyectos como el centro de datos Búfalo de la empresa Forestalia, del empresario Fernando Samper, cuenta con la bendición directa del INAGA bajo gestión del Ejecutivo, ahora en funciones, de Jorge Azcón.
“La reducción de encargos externos se ha apoyado en el fortalecimiento de los medios propios del instituto y en el apoyo de entidades públicas como SARGA”, lo que, según la DGA “evidencia una mejora en la capacidad organizativa y técnica del organismo”.
El INAGA “mantiene los niveles de control y calidad en la evaluación ambiental de los proyectos -sic-”
Finalmente, el consejero en funciones de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha valorado “positivamente” los resultados del plan, asegurando que “el INAGA ha pasado a convertirse en un instituto más moderno, digitalizado y más capaz”. Según ha señalado, la evolución registrada confirma “una mejora sustancial en la gestión administrativa, manteniendo los niveles de control y calidad en la evaluación ambiental de los proyectos”, unos niveles de control y calidad en la evaluación ambiental que están siendo investigados judicialmente y sobre los que ni Blasco, ni Azcón, parecen querer hablar.
Con estos datos, el Ejecutivo aragonés considera que el plan de agilización “está cumpliendo sus objetivos iniciales, marcados por la reducción de plazos, la modernización de los procedimientos y el refuerzo de la estructura pública frente a la externalización de servicios”.
