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Marchena, mentiras y cintas de video

Tras ocho semanas de proceso contra el independentismo, a pocos días del comienzo de la campaña electoral y mientras las noticias sobre las cloacas del Estado siguen salpicando toda la actualidad política, observadores internacionales en el juicio vuelven a denunciar las "limitaciones al derecho a la defensa, falta de imparcialidad del Tribunal y la no aceptación de material probatorio que las defensas consideran esencial"
| 5 abril, 2019 13.04
Marchena, mentiras y cintas de video

Este jueves se cerró la octava semana del juicio contra el procés, 27 largas sesiones en las que desde hace tres semanas el protagonismo sigue siendo de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) que acuden al Tribunal Supremo en calidad de testigos para dibujar un relato repetitivo y sin giros en el guion. Si esta semana han testificado 43 agentes de la Guardia Civil -presentes el 1 de octubre en Catalunya- de un total de 51 testigos, la semana que viene no habrá muchas novedades. Desde el martes 9 de abril están citados 41 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

El titular de esta crónica sería un chiste si no fuera porque 12 dirigentes soberanistas catalanes se enfrentan a penas máximas de prisión de hasta 25 años y entre todos llevan encarcelados más de 4.000 días. Tampoco va a recibir ninguna nominación en los Goya, ni siquiera en habla forana porque a los procesados no les dejan usar su lengua materna, el catalán, en un juicio que continuará durante las dos próximas citas con las urnas: las elecciones estatales del 28 de abril y las europeas, territoriales y municipales del 26 de mayo. Precisamente por poner urnas están procesados. Toda una ironía.

Según estiman las defensas, el juicio no concluirá antes del mes de julio. Con este ritmo y teniendo en cuenta que quedan por declarar más de dos terceras partes de las y los 500 testigos citados -una tercera parte de ellos agentes de las FSE propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado-, la fase testifical, en la que se encuentra ahora el juicio, podría prolongarse hasta junio. Después llegarían las fases de prueba documental y pericial y por último las conclusiones de cada una de las partes. La sentencia no se haría pública hasta después del verano.

Una de las voces más histriónicas en este juicio contra el independentismo es la de Javier Ortega Smith, secretario general del partido ultraderechista Vox, que ejerce de abogado de la acusación popular. Esta semana saltaba la noticia de que la Fiscalía de València ha abierto diligencias de investigación penal contra Ortega Smith por un posible delito de odio que podría haber cometido al asegurar que “el enemigo común se llama la invasión islamista”, en un mitin pronunciado el 16 de septiembre de 2018. Pero hay otro titular que deja Vox esta semana: la ‘mano derecha’ de Abascal fue condenado por agredir en 1998 a Pablo Iglesias y otros jóvenes de izquierdas. Así están las cosas.

Pero no solo la acusación popular deja titulares estrambóticos. La Fiscalía ha pedido investigar a votantes del 1-O por “una voluntad rebelde” y en un escrito reclama a la Audiencia de Barcelona que impute a nueve personas que participaban en una sentada pacífica en el IES Pau Claris por un supuesto delito de “resistencia” o de “desobediencia grave”. Esta misma Fiscalía es la que defiende que los agentes usaron “la fuerza mínima indispensable para abrirse el paso y cumplir el mandato judicial” en las violentas cargas policiales durante el referéndum que dejaron cerca de un millar de personas heridas en Catalunya.

Por su parte, la Abogacía del Estado también ha pedido investigar votantes por haber formado una “masa tumultuaria” durante el 1-O. Ante estas peticiones, el president Quim Torra, ha afirmado que la Generalitat “defenderá” a las y los votantes del 1-O en la causa contra las cargas policiales, donde ha avanzado que se ha personado el Govern como acusación.

Los jefes de Guardia Civil y Mossos mantienen versiones radicalmente opuestas

En esta octava semana también han declarado dos de los principales jefes de los Mossos. Se trata de los responsables Ferrán López, número dos en el organigrama de los Mossos y posteriormente responsable del cuerpo policial durante el periodo en vigor del 155, y de Joan Carles Molinero, comisario de Coordinación Central.

Ambos han dejado muy claro dos cosas: la primera, que el cuerpo policial catalán actuó siempre cumpliendo los requerimientos judiciales y reafirmando su compromiso con la Constitución española y el Estatuto catalán. Y la segunda, que toda la jefatura de los Mossos avisó en reiteradas ocasiones al Govern de Carles Puigdemont de esta decisión, y advirtiendo que dos millones de personas decididas a participar en un acto -referéndum del 1-O- por todo el territorio catalán suponían un problema para cualquier cuerpo policial, avisando incluso -según su criterio profesional- que este problema podría haberse agravado de no celebrarse la votación.

Así, las declaraciones de López, Molinero, o Trapero contradicen radicalmente lo expuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos -actualmente premiado con una jefatura de comandancia en Madrid- y el resto de responsables policiales de la Guardia Civil (GC) y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Las contradicciones son numerosas en los detalles: días, horas, y contenido de las reuniones de coordinación, traspaso de información entre cuerpos policiales, nivel de cooperación, etc. Y, sin duda, tienen una importancia judicial evidente. Pero el asunto va más allá de los detalles y del propio juicio, donde se manifiesta la elaboración de dos relatos opuestos.

Por un lado tenemos a la GC y CNP como testigos de la acusación, y en representación del Estado español, por incomparecencia manifiesta del anterior gobierno (Rajoy, Sáenz de Santamaría o Zoido declararon “no conocer”, “no recordar” o “que no les constaba”), intentando armar un relato de odio, violencia, tumultos y desorden ciudadano generalizado, y, sobre todo, en intentar culpabilizar a los Mossos de inactividad, o incluso connivencia con los líderes políticos del procés. La idea fuerza es que los Mossos estaban al servicio de los políticos independentistas. Mientras, los Mossos desmienten estas acusaciones y reiteran su compromiso con la legalidad vigente.

Por todo lo anterior, Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, ha solicitado un careo entre Ferrán López y Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha decidido no decidir, y posponer su decisión sobre la conveniencia o no del careo solicitado para más adelante.

“El Tribunal Supremo no es el juez natural”

Sobre la actitud del presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, se han escrito ya muchas líneas. “Yo sé que forma parte de la escenografía de este juicio el reclamar todos los días los vídeos y todos los días nos remitimos a la decisión de la Sala”, es una de sus frases más recurrentes ante las reiteradas solicitudes de las defensas de exhibir videos e imágenes para rebatir los testimonios de los testigos de las acusaciones. Pero solo se podrán exhibir en la fase de prueba documental [Marchena dixit].

“No me interrumpa”, es otras de las respuestas habituales de Marchena, que en este octava semana llegó a contestar a Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, con: “Como tengo razón no me tiene que dar explicaciones porque igual lo deja peor”. Ante esto, Marina Roig, letrada del presidente de Ómnium Jordi Cuixart, ha denunciado “indefensión al limitar los interrogatorios y la exhibición de la documentación”.

En este sentido, la Plataforma International Trial Watch (ITW), que ejerce de observadora internacional en el juicio, denuncia en su último informe las “limitaciones al derecho a la defensa y potencial falta de imparcialidad objetiva del Tribunal” y la “no aceptación de material probatorio que las defensas consideran esencial”, así como el “tratamiento diferente” del presidente de la Sala, Manuel Marchena, ante “la falta de memoria de los testigos” según “si se trata de un testigo propuesto por la defensa o por la acusación”. “El Tribunal Supremo no es el juez natural”, subraya en el informe.

Además, la Plataforma viene alertando desde el comienzo del juicio de que “se está produciendo un efecto desincentivador en los interrogatorios de las acusaciones en materia de derechos fundamentales” y “se está introduciendo nuevo material probatorio por parte del Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado no obrando en autos y del que sólo dispone la Fiscalía”. También critica las “declaraciones de los acusados en sesiones extenuantes, descompensación de las sesiones y desconocimiento del calendario”.

Continuas contradicciones y mentiras en las declaraciones de los testigos

En las declaraciones de los testimonios policiales se han repetido insistentemente conceptos y descripciones de sucesos y palabras tales como “odio”, “tumulto” “masa” “polvorín”, “insurrección”, “miedo”, que “aunque se trata de valoraciones subjetivas que en nada relacionan los acusados con los hechos imputados, han sonado insistentemente en la Sala”, expone la ITW que ve con preocupación la utilización de estas expresiones “tan similares” que “podrían denotar que tales declaraciones estarían orquestadas y preparadas”.

Durante lo que llevamos de juicio, hemos podido escuchar al teniente coronel Daniel Baena, jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil en Catalunya y encargado de liderar la investigación policial del referéndum del 1-O, negar bajo juramento ser el titular de la cuenta de Twitter que bajo el pseudónimo de ‘Tácito’ se criticó, atacó e insultó a los Mossos y a dirigentes independentistas, a pesar de que el propio Baena admitió a un periodista de Público que la cuenta era suya.

También hemos oído el relato de un sargento de la Guardia Civil -responsable de la seguridad del cuartel de Valls-  sobre un incidente con un joven el 20-S cuya descripción narrada por el agente, en la que habla de “masa”, contrasta con lo que se puede ver en este video difundido por VilaWeb y que Marchena no ha permitido proyectar en la Sala. Otro guardia civil ha negado bajo juramento unas agresiones que sí que se produjeron. Juan Manuel Quintela, jefe de Información de la policía española, afirmó en la Sala que nunca había sido procesado, pero no es cierto, tal y como demuestra esta noticia de La Vanguardia de 1988.

La cárcel convertida en epicentro de la campaña electoral

De forma paralela al macrojuicio en el Supremo, y a una semana del comienzo de la campaña electoral, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez comparó el Brexit con el movimiento independentista en Catalunya afirmando que ambos son “proyectos políticos basados en mentiras” que abocan a la sociedad a “callejones sin salida”. Así lo afirmó en una entrevista concedida a varios medios europeos.

Su ministro de Exteriores y candidato del PSOE en las europeas, Josep Borrell, también ha tenido otro de sus minutos de gloria. Esta vez en la televisión alemana DW cuando cortó de forma abrupta una entrevista al ser preguntado por Catalunya y por una posible reforma constitucional que permitiera la autodeterminación. “Haga las preguntas correctas y deje que yo hable, sino paro”, llegó a amenazar el titular de Exteriores que, según explicó la cadena de televisión, tras unos tensos minutos hablando con sus asesores, decidió regresar al asiento para terminar la entrevista, aunque con aire crispado.

Además, mientras las noticias sobre las cloacas del Estado siguen salpicándolo todo, este jueves el Parlament de Catalunya aprobó una moción del PSC con el apoyo de Ciudadanos, En Comu Podem y PP que insta al president Quim Torra a convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Los cuatro diputados de la CUP no han participado en la votación pero en un mensaje en Twitter se ha mostrado favorable a “acordar una fecha para nuevas elecciones en Catalunya” para “recuperar la iniciativa política”.

Torra ha rechazado convocar elecciones y ha afirmado que “la mayoría parlamentaria escogida el 21-D rehúsa la moción de los socialistas”. “C’s, PSC, Comuns, PP y el voto de calidad de Llarena [en referencia a que cinco diputados independentistas -Puigdemont, Comín, Turull, Sànchez y Rull- no pueden votar por la suspensión del juez del Tribunal Supremo] suman fuerzas para pedir que convoque elecciones. Continuamos gobernando con toda la ambición republicana intacta”, ha criticado.

Otro de los protagonistas de esta semana es, otra vez, la Junta Electoral Central (JEC) -la misma que acusa a Torra de “desobediencia” por no retirar los lazos amarillos de las instituciones y de la que forman parte dos jueces que integran el tribunal del Supremo que juzga a los 12 dirigentes soberanistas catalanes- que ha dejado en manos del Marchena la decisión sobre si se puede o no celebrar un debate electoral en la prisión de Soto del Real tras la petición formulada por Jordi Sànchez la pasada semana.

Sin embargo, la JEC ha recordado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considera “imposible” que el cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona pueda participar en un debate electoral desde la cárcel en la que está en prisión preventiva. La misma Junta ha prohibido a TV3 y Catalunya Ràdio decir “presos políticos” y “exilio”.

Marchena también tendrá que tomar una decisión en los próximas días sobre las peticiones de libertad provisional para la campaña electoral del 28 de abril realizadas por las defensas de Oriol Junqueras y Raül Romeva -cabezas de lista de ERC al Congreso y al Senado- y de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull -candidatos de JxCat-.

Por último, para cerrar este resumen semanal de la actualidad política, cabe mencionar el choque producido este jueves entre parlamentarios de EH Bildu y parlamentarios del PP junto a representantes sindicales de la Guardia Civil y de la Policía española durante el debate en el Parlamento vasco, en el que fue aprobada la reforma de la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado.

Diario del juicio contra el independentismo

27 de marzo.- El guardia civil que lideró la investigación del 1-O niega bajo juramento ser ‘Tácito’ en Twitter a pesar de todas las evidencias / Von Grünberg: “La brutalidad de la policía el 1-O no modificó el comportamiento pacífico de los ciudadanos”

21 de marzo.- Marina Roig, abogada de Cuixart: “Se está produciendo una indefensión al limitar los interrogatorios y la exhibición de la documentación”

19 de marzo.- Las defensas neutralizan el escenario de “terror total” del 20-S presentado por los guardias civiles / El ex número 2 de Montoro reconoce  que “no se llegó a ejecutar el gasto” de las partidas que la acusación considera que sirvieron para organizar el referéndum

16 de marzo.- Contundente respuesta en Madrid del internacionalismo solidario al juicio contra el procés y por el derecho a decidir

14 de marzo.- Trapero afirma que los Mossos estaban preparados para detener a Puigdemont y a sus consellers / Cinco semanas de juicio sin acreditar la malversación

12 de marzo.- Observadores internacionales critican a Marchena por permitir “la banalización de la violencia policial” del 1-O /

6 de marzo.- Millo y De los Cobos construyen un relato de “violencia” para defender las tesis de las acusaciones / Una seguidora de Ciudadanos y de publicaciones ultras, testigo clave de la sedición

4 de marzo.- El número dos de Zoido afirma que el 1-O no hubo “cargas policiales”, sólo el “mínimo empleo imprescindible” de la fuerza / Roger Torrent: “Voté el 1-O y tengan presente que volveremos a votar. El conflicto sólo se resolverá así” / La Comisión Internacional de Juristas alerta de que una sentencia condenatoria en el juicio al procés podría “socavar la confianza en el Estado de derecho en España”

28 de febrero.- Urkullu contradice a Rajoy y afirma que sí medió entre el Gobierno español y el Govern de Catalunya / Zoido se desentiende de la actuación del dispositivo policial del 1-O / Rufián: “Sabíamos que nos enfrentábamos a personas con grandes carencias democráticas, pero nunca salvajes” / Fachín recuerda que “había veinte periodistas sobre los coches de la Guardia Civil” y que percibió “absoluta tranquilidad” en los agentes / Colau sobre el 1-O: “Las cargas policiales alteraron lo que era una concentración masiva y cívica”

27 de febrero.- Un Rajoy incapaz de concretar las acusaciones de violencia responsabiliza a los líderes independentistas de las casi un millar de personas heridas el 1-O / Santamaría justifica la actuación policial el 1-O: “Fue profesional y proporcionada” / Montoro afirma ahora que la Generalitat “pudo defraudar el control que se le impuso” / Tardà niega que hubiera violencia el 20-S y afirma: “Este juicio está inspirado en la venganza de un Estado que se sintió humillado el 1-O” / Mas: “El referéndum no se quería hacer unilateral, sino acordado con el estado” / Observadores internacionales advierten sobre la “carga política” del juicio

26 de febrero.- Forcadell: “No se puede permitir que la censura entre en el Parlament” / Cuixart: “Mi prioridad es la resolución del conflicto y denunciar el ataque de derechos y libertades en Catalunya y el Estado español” / Observadores internacionales ven con “preocupación” la actitud de la Fiscalía en el juicio / Un 93% de los testigos rechazados fueron propuestos por la defensa

21 de febrero.- Jordi Sànchez desmonta las acusaciones de rebelión mientras Catalunya vive su tercera huelga general por “libertad y democracia”

20 de febrero.- Meritxell Borràs: “Hacer un referéndum no es delito” / Mundó: “No tiene nada que ver el 27 de octubre con el delito de malversación” / Bassa defiende el diálogo y la negociación con el Estado español / Rull: “Le digo categóricamente que no se usó ni un euro público para la celebración del referéndum”

19 de febrero.- Romeva: “Devuelvan esta carpeta, por incómoda que sea, de donde nunca debía haber salido, al tablero político” / Turull defiende que la movilización del 20-S fue “absolutamente pacífica” y reprocha a la Fiscalía que haga “un relato sesgado y delirante”

16 de febrero.- Decenas de miles de personas se manifiestan en Barcelona en contra del juicio del procés

14 de febrero.- Junqueras: “Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí” / Forn: “Jamás utilicé los mecanismos de la Consellería de Interior para impulsar el referéndum del 1-O”

13 de febrero.- La Fiscalía se contradice: “no es un juicio político” es “en defensa del orden constitucional”

12 de febrero.- “No hubo rebelión porque no hubo violencia” / Torra califica el juicio de “un ataque a la democracia” y pide a Sánchez “coraje y valentía” para retomar el diálogo / El derecho a decidir a juicio

5 abril, 2019

Autor/Autora

Integrantes del Consello d´AraInfo y dos de sus cofundadores. (@igoiz17 / @chtricas)


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