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Trapero afirma que los Mossos estaban preparados para detener a Puigdemont y a sus consellers

La quinta semana del juicio contra el procés se ha cerrado este jueves en el Supremo con la declaración del exjefe de los Mossos, uno de los momentos más esperados y no ha defraudado. Hasta ahora los innumerables intentos de la Fiscalía por demostrar el delito de malversación no han podido ser acreditados. La misma Fiscalía que acusa de falso testimonio al responsable de Difusión de la Generalitat pero que no se fija en las contradicciones de Rajoy o los olvidos de Zoido y Santamaría. Por su parte, Torra denuncia "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español".
| 14 marzo, 2019 15.03 | Última modificación: 20.30 horas
Trapero afirma que los Mossos estaban preparados para detener a Puigdemont y a sus consellers
Trapero durante su declaración en el Supremo.

Este jueves se ha celebrado en el Tribunal Supremo la decimoséptima sesión juicio contra el procés, la última de la quinta semana, con uno de los momentos más esperados, la declaración como testigo del exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, que está a la espera de ser juzgado por un supuesto delito de “rebelión” en la Audiencia Nacional. Durante más de seis horas ha respondido a las preguntas de todas las partes.

El momento más impactante de la sesión ha llegado cuando Trapero ha asegurado, a preguntas de Xavier Melero -abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn-, que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Fiscalía para detener a Carles Puigdemont y a sus consellers, tras la declaración de independencia del 27-O.

En este sentido, ha explicado que comunicó a los órganos judiciales que se ponía a su disposición por si ordenaban “algún tipo de acción” relacionada con esos hechos, actuación que, ha precisado, “teníamos prevista desde hacía dos días”, es decir desde el 25 de octubre, desvinculando de este modo a los Mossos del proyecto político independentista del Govern.

Asimismo, Trapero, que ha defendido en todo momento el papel de su cuerpo policial, ha dejado claro que los Mossos siempre trasladaron al Govern que cumplirían con la Ley: “Dijimos al Govern que los Mossos no iban a quebrar nunca la legalidad y que no acompañamos el proyecto independentista”.

El exjefe de los Mossos ha asegurado que “estábamos molestos con las declaraciones de algunos responsables políticos [de Joaquim Forn y de Jordi Turull]. Les dijimos que debían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Constitucional y se nos ponía en un aposición en la que corríamos riesgos personales”. Unas declaraciones que ha calificado de “irresponsables”, aunque ha dejado claro que ni Forn ni ningún otro miembro del Govern dieron pautas a los Mossos sobre cómo actuar.

El exjefe de los Mossos también confirmado que propuso una salida “segura” a la comitiva judicial en el registro del 20 de septiembre en el Departamento de Economía, mediante un doble cordón de seguridad, el primero formado por 20 agentes de la Brigada Móvil de los Mossos, y el segundo organizado por personas voluntarias de la ANC, para evitar contacto directo con las personas que se manifestaban. Sin embargo, ha explicado que finalmente la secretaria judicial del Juzgado 13 de Barcelona decidió salió por el tejado del teatro para “ahorrarse tiempo”.

A preguntas de la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista VOX, de si hubo violencia el 20-S, Trapero ha dicho que hubo “algún lanzamiento de alguna botella y algún empujón” y “evidentemente, lo de los coches”. Ha señalado que, posteriormente, se contactó con los organizadores para que ayudaran a retirar a esas personas y que así ocurrió.

“El dispositivo de los Mossos no tenía otra finalidad que cumplir con los mandamientos judiciales. ¿Nos hubiera encantado más resultados? Sí, pero hubo los que pudimos hacer entre todos”, ha continuado Trapero en su relato para defender que 800 antidisturbios de los Mossos “no podían encargarse de las labores de intervención como sí podían Policía y Guardia Civil”, que habían desplazado más de 6.000 agentes de intervención a Catalunya.

También ha detallado que dejó de acudir a las reuniones de coordinación con el resto de cuerpos policiales porque no estaba haciendo “un buen papel” con Diego Pérez de los Cobos. Así, ha recordado que transmitió a la Fiscalía que no compartía la designación del coronel de la Guardia Civil como mando único de seguridad el 1-O “pero le hice saber que cumpliría con las órdenes”.

“El señor De los Cobos me dio una serie de instrucciones sin que nadie me dijera que era él quien tenía que dar órdenes. Y así se lo hice saber”, ha asegurado el exjefe de los Mossos. “La magistrada dejó claro que su instrucción dejaba sin efecto las órdenes de la Fiscalía. Y equiparaba los tres cuerpos policiales”, ha añadido, en referencia al auto de la juez del TSJC Mercedes Armas del 27 de septiembre, contradiciendo así el testimonio del coronel de la Guardia Civil.

Sobre el 1-O ha apuntado que “los datos reales son que cerramos 139 colegios y 250 no llegaron a abrir” y se llevaron a cabo “104 actuaciones de las Brigadas Móviles para que no se pudiera entrar”.

Cinco semanas de juicio sin acreditar la malversación

Hasta este jueves, los innumerables intentos de la Fiscalía por demostrar el delito de malversación no han podido ser acreditados con ninguno de los testimonios. Los responsables de Unipost y de las empresas de imprenta que supuestamente habría contratado el Govern el 1-O negaron que se destinara un euro público a la votación. Tampoco se ha demostrado aún quien pago las urnas del 1-O ni los anuncios publicitarios.

En su declaración como testigo, el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, que lo dirigió hasta la aplicación del artículo 155 a finales de octubre de 2017, desvinculó este “consorcio público-privado” de la política exterior de la Generalitat. Royo explicó que el pleno de Diplocat está formado por 39 instituciones o entidades como el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones, universidades públicas catalanas, los sindicatos CCOO y UGT, las principales patronales o el Fútbol Club Barcelona.

La Fiscalía atribuye al Diplocat tres actuaciones incluidas dentro del supuesto delito de malversación que Royo rechazó todas. “Diplocat se dedicaba a dar a conocer los rasgos culturales y sociales de Catalunya para atraer inversiones, talento y crear lazos de confianza” con otros territorios. “No éramos un Ministerio de Exteriores ni nada parecido”, ha asegurado. “Diplocat no estaba involucrado en la organización del referéndum”, subrayó Royo para manifestar: “No dimos ningún honorario a observadores internacionales, no teníamos contratados observadores electorales”.

La Fiscalía acusa de falso testimonio al responsable de Difusión de la Generalitat pero no se fija en las contradicciones de Rajoy o los olvidos de Zoido y Santamaría

La Fiscalía ha pedido al tribunal que deduzca testimonio de la declaración como testigo del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para que un juzgado ordinario investigue si ha podido mentir durante su comparecencia y cometer así un delito de falso testimonio.

Así lo ha pedido el fiscal Jaime Moreno en la decimosexta sesión del juicio contra el procés, la de este miércoles, después de interrumpir su interrogatorio a este testigo, tras asegurar no saber nada acerca de la campaña publicitaria que llamaba al voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017 ni de cómo se pagó. Mestre respondió varias veces con un “no lo sé” y “no lo recuerdo”.

A mitad de interrogatorio, el magistrado Manuel Marchena, ya había advertido a Mestre de que en el Código Penal el delito de falso testimonio no sólo castiga no decir la verdad, sino “alterarla sustancialmente con inexactitudes” o “silenciando hechos” en sus respuestas a las partes personadas en el procedimiento.

El Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años de cárcel el falso testimonio. A diferencia de las personas acusadas, las y los testigos están obligados a decir la verdad ante un tribunal. Marchena ha anunciado que tomará la decisión cuando redacte la sentencia.

Sin embargo, como recuerda el periodista Alejandro López de Miguel, en un artículo en Público, la Fiscalía no ha acusado de falso testimonio a otros testigos, como al expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pese a que varios testigos, algunos de su propio partido (PP), desmontaron parte de su relato. Tampoco se ha fijado en las respuestas evasivas del exmininistro del Interior, Juan Ignacio Zoido o de la exvicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría.

Torra denuncia “un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español”

El president del Govern, Quim Torra, envió este miércoles a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito en el que alega la “dificultad legal de cumplir” el requerimiento de retirar banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat y le pide que “reconsidere” su decisión. El escrito fue enviado poco antes de que venciera el plazo máximo de 48 horas dado por la JEC a Torra para que ordenase la retirada de las esteladas y lazos amarillos, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos.

Desde Twitter, Torra ha denunciado que el requerimiento de la JEC es “un nuevo intento de censura de la libertad de expresión por parte del Estado español”. En su recurso, el president catalán rebate la “afirmación de esta JEC de que la bandera estelada es un símbolo partidista utilizado por formaciones políticas concurrentes a las elecciones y que su utilización es contraria a la neutralidad política”.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que, si Torra se niega a retirar los lazos amarillos, “se quitarán y desaparecerán, iniciándose un proceso sancionador”. Además de la sanción, o en paralelo, la JEC también puede dar traslado a la Fiscalía por si hubiera delito.

Calendario del juicio y cronología hasta el día de hoy

El juicio contra el procés se retomará el martes, 19 de marzo a las 9.30 horas con los testigos que no han podido comparecer en la sesión de este jueves: Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública a las órdenes de Cristóbal Montoro; y David Badal, funcionario de la dirección de servicios del Departament de Treball de la Generalitat.

Para la semana que viene, la sexta de juicio, también están citados como testigos 35 miembros de la Guardia Civil y cinco integrantes de los Mossos d’Esquadra. Entre ellos figuran el instructor y el secretario de los atestados levantados por el instituto armado el 1 de octubre de 2017, cuya comparecencia –prevista inicialmente para el martes 12 de marzo- se ha desplazado hasta el 26 de marzo a petición de las defensas de los procesados, que habían solicitado más tiempo para preparar el interrogatorio.

El 27 de marzo prestarán declaración por videoconferencia el parlamentario alemán Felix von Gründberg y la diputado del Parlamento de Québec Manon Masse. También lo harán Paul Sinning, director de The Hague Centre for Strategic Studies, y Helena Catt, directora del International Election Expert Research Team.

La plataforma International Trial Watch, que ejerce de observadora internacional en el juicio contra el procés, hizo público este lunes su informe sobre la cuarta semana de la vista oral en el que criticaron al presidente del tribunal, Manuel Marchena, por permitir “la banalización de la violencia policial” durante el referéndum del 1 de octubre en Catalunya. Asimismo, volvieron a denunciar el carácter “fundamentalmente político” del juicio que “pone en duda” el derecho de defensa y a un juicio justo”.

En las dos primeras semanas de juicio al independentismo se cerraron los interrogatorios a los 12 dirigentes procesados: Jordi Cuixart y Carme Forcadell; Oriol Junqueras y Joaquim Forn; Jordi Turull y Raül Romeva; Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó; y Santi Vila y Jordi Sànchez.

El miércoles 20 de febrero comenzó la fase testifical con los testimonios del expresidente español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría y el ex ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. También lo hiceron Joan Tardà, Artur Mas, Marta Pascal y Nùria de Gispert.

La última sesión de la tercera semana tuvo como testigos al lehendakari Iñigo Urkullu, el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exsecretario general de Podem Albano Dante-Fachín, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exmininistro del Interior, Juan Ignacio Zoido, entre otros.

En la cuarta semana testificaron, entre otros, el exnúmero dos de Zoido que negó las cargas policiales del 1-O y el presidente del Parlament, Roger Torrent, que denfendió que el “conflicto sólo se resolverá votando”. También declararon el exdelegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que construyeron un relato de “violencia” para defender las tesis de las acusaciones.

14 marzo, 2019

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