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El derecho a decidir a juicio

El macrojuicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes por el referéndum del 1 de octubre arranca este martes en el Supremo en un escenario de incertidumbre, con una gran parte de la sociedad civil haciendo llamadas "al diálogo y a la negociación" y con decenas de movilizaciones convocadas para denunciar que no se juzgarán delitos sino derechos fundamentales. La Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión y la Abogacía del Estado entre 7 y 12 años de cárcel. Las defensas reclamarán la nulidad de la causa.
| 12 febrero, 2019 07.02
El derecho a decidir a juicio
Concentración en Barcelona. Foto: Freddy Davies Urízar (La Directa)

Tras meses de instrucción y de prisión preventiva para varias de las personas encausadas -3.700 días entre todas-, este martes, 12 de febrero, arranca en el Tribunal Supremo de Madrid el macrojuicio por el referéndum del 1 de octubre de 2017 contra 12 dirigentes independentistas catalanes. La fecha llega en un escenario de incertidumbre. Tan solo han pasado cuatro días desde la ruptura del diálogo entre el Gobierno español y Govern de Catalunya y dos días desde el pinchazo de la manifestación convocada en Madrid por PP y Cs. A este panorama, Pedro Sánchez le añadía otro ingrediente este lunes, al hacerse pública la noticia de que baraja convocar elecciones para el 14 de abril. Un anuncio que llegaba en otra víspera importante, la del comienzo del debate en el Congreso español de unos presupuestos previsiblemente condenados al fracaso por las seis enmiendas a la totalidad presentadas y que ha marcado, de forma determinante, la agenda política de los últimos días.

“Aunque se juzga a unas pocas personas, los efectos de estos juicios serán para toda la sociedad. Nadie queda al margen de esta causa general”, denunciaba el manifiesto difundido el pasado viernes por entidades y partidos soberanistas que se han unido para convocar protestas contra el macrojuicio. Un manifiesto en el que piden “salir a la calle” porque “organizar un referéndum no es delito, votar no es delito, decidir no es delito, movilizarse no es delito, la autodeterminación no es delito”.

Así, este martes, están previstos paros de diez minutos a las 12.00 horas, una huelga estudiantil y concentraciones a las 19.00 horas en toda Catalunya. El sábado 16 se celebrarán sendas manifestaciones en Barcelona y Madrid y el 21 de febrero el sindicato Intersindical CSC ha convocado una Huelga General en Catalunya. Además, la plataforma Gure Esku Dago organiza protestas en Euskal Herria y la Assemblea Nacional Catalana viene celebrando movilizaciones que desde este sábado se han extendido a 28 ciudades europeas, de EEUU y México dentro de la campaña #MakeAmove con el objetivo de internacionalizar el juicio contra el independentismo.

En este clima de solidaridad, este domingo, más de 400 alcaldes y alcaldesas catalanas pidieron que el juicio sea “justo e imparcial” y expresaron su apoyo a todos los dirigentes políticos y sociales “perseguidos con acusaciones infundadas” y a sus familias, para reivindicar que poner urnas no es ningún delito. También han exigido su puesta en libertad y el “respeto a los derechos fundamentales como son el derecho de reunión y manifestación, el derecho de participación política y la libertad de expresión y de información”. Asimismo, han defendido la necesidad de “una solución política y democrática al conflicto entre Catalunya y España a través del diálogo sin condiciones”, y han manifestado el compromiso del mundo local para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadania, y el derecho a decidir el futuro de Catalunya.

Por otra parte, este lunes, más de 60 personas de diferente ámbitos de la sociedad vasca han firmado un manifiesto de Gure Esku Dago en el que se pide la excarcelación de las y los políticos catalanes presos y también llama “al diálogo y a la negociación” para que “sea posible una solución política basada en el respeto a la voluntad de la ciudadanía y a los valores democráticos”. Entre los firmantes del escrito ‘Por una solución política’ figuran el director teatral Fernando Bernués, las actrices Mireia Gabilondo e Itziar Ituño, los cantantes Ruper Ordorika, Evaristo Páramos -La Polla Records y Gatillazo-, Gorka Urbizu -Berri Txarrak-, Fermín Muguruza, así como el capitán de la Real Sociedad, Asier Illarramendi, la expolítica socialista Gemma Zabaleta y la exdiputada de Bildu Onintza Enbeita, entre otras personas.

“En este juicio a la democracia nos juzgan a todos. No nos defenderemos, acusaremos el estado”, señalaba Òmnium Cultural, cuyo presidente Jordi Cuixart es una de las 12 personas encausadas y junto a Jordi Sánchez, la que mas tiempo lleva en la cárcel. La organización soberanista anunciaba una intensa campaña durante los días que se prolongue el macrojuicio para denunciar que no se juzgarán delitos sino derechos fundamentales. También ha lanzado un vídeo con el título ‘Jo Acuso’ (‘Yo Acuso’) –retomando el famoso alegato del escritor francés Émile Zola– en el que caras conocidas de la escena cultural catalana y representantes de todos los partidos soberanistas toman la palabra.

Yo acuso: Catalunya ante el juicio que marcará su devenir‘, era precisamente el titular del reportaje del periodista Beñat Zaldua publicado este domingo en Gara en el que con estas cuestiones como base: “¿Qué hacer ante un tribunal que te juzga por tu actividad política? ¿Defenderse simplemente de las acusaciones o tratar de darles la vuelta, intentando destapar el carácter político del proceso para convertir al acusador en acusado?”, hace un acertado repaso a la historia de los juicios políticos y desgrana algunas de las posibles estrategias a seguir por las defensas de los 12 dirigentes soberanistas procesados, que no serán iguales pero si que estarán coordinadas.

“Por primera vez desde los años 30, miembros de un gobierno democráticamente elegido serán juzgados en el Estado español por impulsar, en cumplimiento de sus compromisos parlamentarios, un referéndum en el que votar sobre el futuro de su país”, recuerda el propio Zaldua en otro artículo publicado en Gara en el que desgrana las claves de un “juicio inédito”.

El juicio

En el banquillo de los acusados se sientan el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, las y los exconsellers del Govern Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos ellos en prisión. Además, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, también exconsellers.

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y hombre de confianza de José María Aznar cuando era presidente español-, será el encargado de marcar los tiempos como presidente del tribunal que enjuiciará los hechos, compuesto por otros seis magistrados de mayoría conservadora: Ana María Ferrer, Andrés Martínez Arrieta, Jose Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral y Andrés Palomo.

La Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión al considerarles autoras de delitos de “rebelión”, “sedición” y “malversación de caudales públicos”, mientras que la Abogacía del Estado pide penas entre 7 y 12 años de cárcel, al acusar por “sedición” y no por “rebelión”, además de los otros delitos.

La vista oral arranca este martes con las cuestiones previas que podrían alargarse tres días del juicio que se celebrará en sesiones de mañana y tarde de martes a jueves. Las defensas reclamarán la nulidad de la causa y alegarán vulneración de derechos y falta de imparcialidad a sus representados antes de que comience el interrogatorio. De este modo no sería hasta la tercera semana de febrero cuando den comienzo los interrogatorios a las 12 personas acusadas, con Oriol Junqueras en primer lugar. El macrojuicio podría durar hasta tres meses.

El pasado viernes, 1 de febrero, el Tribunal Supremo hizo público un extenso auto, en el que rechazaba varias periciales clave presentadas por las defensas. Sin embargo, aceptaba todas las peticiones de Fiscalía y Abogacía y también 57 de los 60 testigos presentados por la acusación particular que ejerce el partido ultraderechista Vox. El partido de extrema derecha, cuyos dos dirigentes harán de abogados -Javier Ortega Smith y Pedro Fernández- presume de que su actuación durante el proceso estará basada en “pruebas” pero no ha presentado ni una sola prueba documental o pericial, tal y como informaba Público.

La Fiscalía basa su escrito de acusación en que todos ellos “dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron ‘procés’- perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con forma de República”. Así, cabe recordar que el Código Penal en su artículo 472 establece que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Por tanto, para que haya rebelión, tiene que demostrarse que hubo violencia o alzamiento público.

El Supremo también rechazó la presencia de observadores internacionales en el macrojuicio alegando que sería televisado. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional y la International Trial Watch harán un “seguimiento exhaustivo” del proceso judicial y documentarán las posibles vulneraciones de derechos que cometan el tribunal y las acusaciones.

El macrojuicio cuenta con más de 500 testigos entre los que figura el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Catalunya, Enric Milló.

Además comparecerán ciudadanos y ciudadanas que resultaron heridas por las cargas policiales durante la celebración del referéndum, así como agentes de policía y guardias civiles. De hecho, ocho de cada diez testigos de la acusación en el juicio son agentes de las fuerzas del orden público. El Alto Tribunal rechazó también las testificales de Felipe de Borbón o Carles Puigdemont. El juicio lo seguirán más de 600 periodistas de 170 medios de comunicación de más de 50 estados.

En total, son veintidós personas acusadas en el macrojuicio del 1-O

Las doce personas procesadas que serán juzgadas por el Tribunal Supremo

Oriol Junqueras

Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación

Presidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat

En prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017

Carme Forcadell

Fiscalía: 17 años por rebelión

Abogacía: 10 años por sedición

Presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) del 2012 al 2015 y después del Parlament de Catalunya

En prisión desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Fiscalía: 17 años por rebelión

Abogacía: 8 años por sedición

Jordi Sànchez es el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidente de la Crida Nacional per la República

Jordi Cuixart es el presidente de Òmnium Cultural

“Los Jordis” son los que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017

Joaquim Forn

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación

Exconseller de Interior y candidato a la Alcaldía de Barcelona

Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017

Jordi Turull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación

Exportavoz y exconseller de la Presidència

Encarcelado también el 2 de noviembre de 2017, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión en marzo de 2018

Josep Rull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación

Exconseller de Política Territorial

Como Turull, pasó en prisión un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel

Raül Romeva

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 11 y medio por sedición y malversación

Exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales

En la misma situación procesal que Rull y Turull, en prisión desde marzo de 2018

Dolors Bassa

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación

Exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales

Permanece en prisión desde marzo de 2018, al igual que Turull, Rull y Romeva

Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás

Fiscalía y Abogacía: Siete años para cada uno por desobediencia y malversación

Son los únicos que están en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza, mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de 2017

Además, seis personas serán juzgadas por el Tribunal Superior de Catalunya

Lluis Guinó

Fiscalía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Abogacía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament (JxSí) y dirigente del PDeCAT

En libertad tras pagar una fianza para eludir entrar en prisión

Anna Simón

Fiscalía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Abogacía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Exsecretaria primera de la Mesa del Parlament (ERC)

En libertad tras pagar una fianza para eludir entrar en prisión

Ramona Barrufet

Fiscalía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Abogacía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlament por JxSí. Dirigente del PDeCAT

En libertad tras pagar una fianza para eludir entrar en prisión

Mireia Boya

Fiscalía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Abogacía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Exdiputada y expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament

En libertad

Lluís Corominas

Fiscalía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Abogacía: 30.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 8 meses por desobediencia

Expresidente del grupo parlamentario JxSí, exintegrante de la Mesa del Parlament y miembro del PDeCAT

En libertad

Joan Josep Nuet

Fiscalía: 24.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 4 meses por desobediencia

Abogacía: 24.000 euros de multa e inhabilitación de un año y 4 meses por desobediencia

En libertad

Hay siete personas en el exilio

Carles Puigdemont

Expresident de la Generalitat

En Bélgica desde octubre de 2017

Antoni Comín

Exconseller de Salud

En Bélgica desde octubre de 2017

Clara Ponsatí

Exconsellera de Educación

Primero en Bélgica, hoy en Escocia, desde octubre de 2017

Lluís Puig

Exconseller de Cultura. Actual director del nuevo Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional, dependiente de Cultura

En Bélgica desde noviembre de 2017

Meritxell Serret

Exconsellera de Agricultura, Pesca y Ganadería. Actual delegada de la Generalitat ante la UE

En Bélgica desde octubre de 2017

Anna Gabriel

Exportavoz del grupo parlamentario de la CUP

En Suiza desde febrero de 2018

Marta Rovira

Portavoz de Junts pel Sí en el Parlament. Secretaria general de ERC

En Suiza desde marzo de 2018

Y otro juicio en la Audiencia Nacional

Paralelamente al macrojuicio en el Supremo, la semana pasada la Audiencia Nacional se declaró competente para juzgar al exmayor Josep Lluís Trapero y el ex-cúpula de los Mossos -Pere Soler, Cèsar Puig y Teresa Laplana-.

12 febrero, 2019

Autor/Autora

Integrantes del Consello d´AraInfo y dos de sus cofundadores. (@igoiz17 / @chtricas)


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