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Millo y De los Cobos construyen un relato de “violencia” para defender las tesis de las acusaciones

Durante su declaración en el juicio contra el procés, el exdelegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo enumeró "numerosos episodios de violencia" que no vio ni leyó en atestados policiales; y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos afirmó que el 1-O "no hubo ninguna intervención contra votantes", negó las cargas policiales y afirmó que se actuó con "exquisita proporcionalidad". Este miércoles también ha declarado la secretaria judicial que formó parte de la comitiva que registró la sede de Economía el 20-S, una seguidora de Ciudadanos y de publicaciones ultras, que ha admitido que declinó hasta tres opciones para salir por la puerta de la Conselleria. Por su parte, Observadores internacionales advierten de las "restricciones" del tribunal de pruebas documentales en la fase testifical.
| 6 marzo, 2019 15.03
Millo y De los Cobos construyen un relato de “violencia” para defender las tesis de las acusaciones
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos durante su declaración en el Supremo.

El juicio contra el procés, que continúa este miércoles en el Tribunal Supremo, ha entrado en su cuarta semana en una fase nueva en la que tanto Fiscalía, Abogacía del Estado como la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox y sus testigos tratan de construir a toda costa un relato que pruebe el uso de violencia durante los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017 en la sede de la Consellería de Economía en Barcelona y durante la celebración del referéndum del 1 de octubre del mismo año. El delito de rebelión exige un relato de violencia, por tanto, sin violencia se desmontan todas las acusaciones.

Así, este lunes, el exsecretario de Estado de Seguridad y número dos de Zoido, José Antonio Nieto -el primero en asumir la responsabilidad de la actuación de la Guardia Civil y la Policía española durante el 1-O, a diferencia de lo que hicieron sus superiores Mariano Rajoy, Soranya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido-, ha defendido las tesis de las acusaciones que quieren criminalizar los hechos del 20-S y minimizar la violencia policial del 1-O, llegando a afirmar que durante el referéndum no hubo “cargas policiales”, sólo el “mínimo empleo imprescindible” de la fuerza. Un testimonio que el diario digital VilaWeb ha titulado en su crónica: “Todas las ‘fake news’ del exnúmero dos de Interior español“.

Por su parte, el president del Parlamente de Catalunya, Roger Torrent, destacó, en defensa de los 12 dirigentes procesados: “Si se los acusa de haber organizado un referéndum o de haberse manifestado, nos tendrían que acusar a miles porque fuimos miles los que participamos en los hechos que hoy se juzgan”. Y añadió: “Voté el 1-O y tengan presente que volveremos a votar. El conflicto sólo se resolverá así”.

El martes, llegó el turno para los testimonios del exdelegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que fue coordinador del dispositivo de seguridad organizado para el 1-0.

Millo enumera “numerosos episodios de violencia” que no vio ni leyó en atestados policiales

Millo centró su declaración en enumerar “numerosos episodios de violencia” que cree que hubo desde tres semanas antes del referéndum del 1-O como “hostigamiento, acoso, violencia e intimidación” a instituciones, cuarteles, agentes y comisiones judiciales, y desde pintadas hasta la “trampa del Fairy”. Según ha denunciado el exdelegado, la “trampa del Fairy” consistió en que activistas independentistas que protegían los puntos de votación arrojaron este detergente en la puerta del centro para que, a la llegada de los agentes, éstos “resbalaran y cayeran al suelo y luego les pudieran patear en la cabeza”.

Sin embargo, las defensas de los dirigentes independentistas procesados han puesto en duda la veracidad del relato de Millo, que ha reconocido que no vio personalmente ninguno de estos supuestos episodios violentos, a excepción de una pintada que lo amenazaba, y que tampoco los leyó en atestados policiales.

El exdelegado del Gobierno español en Catalunya habló también de los CDR, a los que situó en el “último escalón de una estrategia” dirigida por el Govern, el Parlament y la “sociedad civil organizada” a través de organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Según Millo, alrededor de estas entidades “gravitan otras más pequeñas que tienen vinculación directa o indirecta con los CDR”.

Millo también ha negado en su testimonio ante el Supremo que pidiera disculpas por la actuación policial del 1-O en TV3. Sin embargo, en una entrevista tan solo cinco días después del referéndum, el 6 de octubre de 2017, en el programa “Els matins” afirmó: “No puedo hacer nada más que lamentarlo, pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron“.

En respuesta a las palabras de Millo, Òmnium Cultural ha criticado al exdelegado por realizar una declaración “llena de contradicciones, falsedades y un poco de Fairy” y de acusar a su presidente, Jordi Cuixart, de “amenazar durante el 20S con no dejar salir a la comitiva judicial”. Ómnium subraya que “fue todo lo contrario” y en este sentido esperan que tanto Millo como “todo el mundo” vean las imágenes de aquel día que han resumido en este vídeo que han difundido en las redes sociales.

De los Cobos afirma que el 1-O “no hubo ninguna intervención contra votantes”, niega las cargas policiales y afirma que se actuó con “exquisita proporcionalidad”

La declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, hermano del expresidente del Tribunal Constitucional y uno de los pocos guardias civiles juzgados por torturas en las últimas décadas -absuelto por falta de pruebas- como recordaba el periodista Beñat Zaldua en un artículo en Naiz, fue la última de la sesión del martes y la primera de la sesión de este miércoles. De los Cobos, al igual que Nieto y Millo, ha seguido al pie de la letra los argumentos de las acusaciones.

El coronel de la Guardia Civil ha acusado a los Mossos de aprovechar sus visitas a los colegios electorales los días previos a la convocatoria para informar de sus planes de actuación y dar a conocer a la población que si los centros estaban llenos o había presencia de menores y personas mayores no actuarían. El coronel ha asegurado que “siempre” mantuvo una “difícil relación” con el entonces jefe de los Mossos, el mayor Josep Luís Trapero, y ha dicho que existía desconfianza del Estado en que los Mossos fuesen a cumplir con los mandatos judiciales para impedir el referéndum. En este sentido, ha explicado que hasta la madrugada del 1-O su equipo trabajaba con un escenario A y un escenario B. El escenario A pasaba porque las Fuerzas de Seguridad del Estado contaran con la colaboración de los Mossos y el B, que según ha dicho, confirmó a primera hora que reunía las tres condiciones: “Insuficiencia, inadecuación e ineficacia”.

El coronel de la Guardia Civil, que coordinaba el dispositivo policial durante el 1-O, ha afirmado que “no hubo ninguna intervención contra votantes”, ha negado que se produjeran cargas policiales y ha afirmado que el 1-O se actuó con “exquisita proporcionalidad” para acceder a los colegios. Así, ha explicado que una carga policial es “una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio”, de modo que, en su opinión, el día del referéndum “ni se disolvió una manifestación y tampoco se practicó ningún desalojo”, por lo que concluye que no se produjeron cargas.

El abogado Jordi Pina ha incidido sobre este asunto y ha preguntado si un grupo de policías con casco, portando escudos y sus armas defensivas reglamentarias en alto, dirigiéndose hacia un grupo de ciudadanos que están quietos con las manos en alto, no se podría definir como una carga policial. Sin embargo, antes de que Pérez de los Cobos pudiera empezar a contestar, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha cortado la interlocución.

En ese momento, Marchena y Pina han entrado en una discusión porque el magistrado entendía que el testigo ya había contestado a la pregunta sobre lo que es una carga policial y por ello le pedía que pasara a otro tema. Sin embargo, el abogado ha insinuado que el coronel podía estar incurriendo en un delito de falso testimonio al decir que no hubo cargas policiales el 1-O. En este punto, Marchena ha sido aún más tajante en su postura y ha recordado que el testigo ya sabe que está obligado a decir la verdad durante su declaración y que el tribunal le ha informado de ello.

Viendo que Pina insistía en querer preguntar a Pérez de los Cobos sobre si hubo o no cargas policiales, Marchena ha querido zanjar la discusión: “No intentemos, como no le gusta la respuesta, advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente”, ha exigido. Pina lo ha intentado de otra manera preguntando al testigo si “está seguro de que no hubo cargas policiales”, pero el magistrado no le ha dejado seguir. Además, le ha garantizado que el tribunal no se limitará a la “noción policial de carga” aportada por Pérez de los Cobos para valorar las imágenes de las intervenciones que se produjeron el día del referéndum.

Las afirmaciones sobre la violencia policial durante el 1-O de Diego Pérez de los Cobos chocan frontalmente con las denuncias de organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional. Además, cabe recordar, que la actuación policial está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona, con cerca de tres decenas de agentes imputados en esta causa.

Una seguidora de Ciudadanos y de publicaciones ultras, testigo clave de la sedición

En la sesión de este miércoles también ha dado testimonio Montserrat del Toro, la secretaria judicial del juzgado de instrucción 13 de Barcelona y miembro de la comitiva judicial que el 20 de septiembre de 2017 practicó el registro en la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat. Del Toro, testigo clave de las acusaciones para demostrar el supuesto delito de “sedición”, es seguidora de Ciudadanos y de publicaciones ultras españolas, según ha informado Público. No obstante, Marchena ha impedido a las defensas que preguntaran a Del Toro por sus inclinaciones políticas, aunque en sesiones anteriores el presidente de la sala ha permitido que las acusaciones preguntaran a testigos por sus afiliaciones, como en el caso de Gabriel Rufián.

El relato ofrecido por Del Toro, que ha pedido que no se difundiese su imagen en la señal en directo, ha admitido que declinó hasta tres opciones para salir por la puerta de la Conselleria. Para justificarse ha presentado un relato basado en el “miedo” a salir entre las personas que se concentraban a las puertas del edificio. Una de las opciones era a través del pasillo habilitado por personas voluntarias de la ANC, el mismo por el que pudieron transitar sin ningún incidente las y los trabajadores de la Conselleria durante todo el 20-S.

“Me tienes que sacar de aquí, no puedo salir por la puerta principal y no hay salida”, ha insistido la secretaria judicial recordando que con estas palabras se dirigió por teléfono al juez del Juzgado número 13, José Antonio Sunyer. Incluso llegó a a valorar que la sacaran en helicoptero: “No se podía salir por la puerta y solo quedaba salir por aire”, ha dicho. Ante esto, el letrado Jordi Pina, le ha preguntado por qué en fase de instrucción no aludió a esta petición: “Simplemente porque se rieron. Los agentes de policía se creyeron que estaba de broma. Yo lo decía muy en serio”, ha argumentado Del Toro.

Finalmente, Del Toro ha asegurado que dos agentes de los Mossos vestidos de paisano se dirigieron a ella para ofrecerle que saliera por el edificio contiguo a la Consellería, el Teatro Coliseum. Así, y en contra del repetido relato de la “salida saltando por los tejados de la azotea”, la secretaria judicial ha detallado que accedió a esta zona desde la segunda planta del edificio y que requirió la ayuda de uno de los mossos para subir por un muro de “apenas un metro”, según sus palabras, y después para descolgarse de una pared.

También han declarado comos testigos el director de un hotel en Reus, donde se alojaron policías españoles, que ha asegurado que no recibió presiones para que los agentes se marcharan del establecimiento; y Xavier Xirgo, director de El Punt Avui, que ha sido el último de la jornada. El juicio del procés continuará este jueves a las 10.00 horas.

Calendario del juicio y cronología hasta el día de hoy

La Administración de Justicia del tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue en el Tribunal Supremo, ha notificado una diligencia de ordenación por la que se modifica el calendario de comparecencias de algunos de los testigos que debían declarar esta semana. Así, los máximos responsables de la Policía y de la Guardia Civil en Catalunya el 1-0, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, citados inicialmente para este martes, comparecerán el jueves. Además, el tribunal ha acordado desplazar a los días 11 y 12 de marzo a nueve testigos que habían sido citados para el jueves de esta semana.

En las dos primeras semanas de juicio al independentismo se cerraron los interrogatorios a los 12 dirigentes procesados: Jordi Cuixart y Carme Forcadell; Oriol Junqueras y Joaquim Forn; Jordi Turull y Raül Romeva; Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó; y Santi Vila y Jordi Sànchez. El miércoles 20 de febrero comenzó la fase testifical con los testimonios del expresidente español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría y el ex ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. También lo hiceron Joan Tardà, Artur Mas, Marta Pascal y Nùria de Gispert. La última sesión de la semana pasada, la del jueves 28, tuvo como testigos al lehendakari Iñigo Urkullu, el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exsecretario general de Podem Albano Dante-Fachín, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exmininistro del Interir, Juan Ignacio Zoido, entre otros.

La Guardia Civil entra en el Parlament en busca de facturas sobre el 1-O

Con este escenario en el Supremo, este miércoles, agentes de la Guardia Civil se han personado en el Parlament de Catalunya para pedir información sobre el acto para anunciar el referéndum del 1-O que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en julio de 2017 por orden del juzgado número 13 de Barcelona. Según apunta la agencia Efe, los agentes han reclamado las facturas de pago de ese acto que Junts pel Sí dijo en su día que habían sido abonadas por su grupo parlamentario.

Observadores internacionales advierten de las “restricciones” del tribunal de pruebas documentales en la fase testifical

La plataforma International Trial Watch, encargada de coordinar a las y los observadores internacionales que cada semana asisten al Tribunal Supremo español, ha hecho públicas sus conclusiones tras tres semanas de proceso, entre las cuales señalan un cambio de actitud del presidente de la sala, el juez Manuel Marchena. Critican que ahora que ha empezado la fase testifical es “más restrictivo” a la hora de dejar que las partes muestren pruebas documentales a las y los testigos.

“A menudo es esencial de ver un vídeo o un documento para validarlo como prueba e interrogar al testigo sobre el contenido y el contexto. Se exigen argumentaciones importantes para justificar la pertinencia de mostrar cualquier documento y vídeo’, exponen en su comunicado. Los observadores señalan que las y los testigos pueden ser una “prueba de descargo de las defensas” y que su limitación “puede afectar el principio de igualdad de armas, el derecho de un juicio equitativo y el derecho de defensa”.

En el comunicado advierten también que en los interrogatorios hechos a Jordi Cuixart, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido por parte de las acusaciones, se criminalizó “el derecho de manifestación”: “El interrogatorio del Sr. Cuixart estuvo cargado de preguntas sobre su papel de convocante de una manifestación en que el único incidente comprobado fueron daños materiales en vehículos de la policía”, subrayan.

Otra de las críticas de la plataforma, como ya ha hecho anteriormente, es la ausencia de un calendario de las sesiones de juicio, “hecho que limita las posibilidades de desplegar una estrategia de defensa de acuerdo con el calendario establecido”. En este sentido, vuelven a recordar que la ley establece que las personas que actúan de testigos de la acusación tienen que declarar en primer lugar y las solicitadas por las defensas después, “un criterio que no se respeta”.

Entre los aspectos positivos, los observadores internacionales celebran que se haya notificado a las partes la habilitación de un día más de sesiones durante algunas de las semanas próximas. “Esperamos que esta medida sea aprovechada para descargar el número de testigos diarios de las sesiones siguientes y reduzca el tiempo de estancia de los acusados a la sala, que en algunos casos ha estado de doce horas”, concluyen.

6 marzo, 2019

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