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Un Rajoy incapaz de concretar las acusaciones de violencia responsabiliza a los líderes independentistas de las casi un millar de personas heridas el 1-O

En la octava sesión del juicio contra el procés han declarado tres personas claves del Gobierno español durante los hechos del 20-S y el 1-O y la aplicación del 155: el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría que ha justificado de nuevo la actuación policial el 1-O y el ex ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que afirma ahora que la Generalitat "pudo defraudar el control que se le impuso".
| 27 febrero, 2019 20.02
Un Rajoy incapaz de concretar las acusaciones de violencia responsabiliza a los líderes independentistas de las casi un millar de personas heridas el 1-O
Rajoy durante su testimonio en el Supremo.

Santamaría justifica la actuación policial el 1-O: “Fue profesional y proporcionada”

La exvicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saenz de Santamaría, ha afirmado que mantuvo tres reuniones con el entonces vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, durante el gobierno de Rajoy, entre 2016 y 2017, pero que “siempre” se negó a hablar del referéndum. En este sentido, ha apuntado que después de enero de 2017 no hubo más reuniones.

“El Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca creyó que la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017 fuese meramente simbólica”, ha sentenciado para justificar: “Por eso aplicamos el 155”.

Sin embargo, al término del interrogatorio Santamaría ha admitido, preguntada por la letrada de Forcadell, Olga Arderiu, que “no sabía si se había llegado a publicar [la declaración de independencia]” y que era una declaración simbólica que ni se votó. “Lo que no se publica no tiene efecto”, ha llegado a decir contradiciéndose ella misma.

A preguntas de la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox, Santamaría ha defendido que su Gobierno “consideró que era mucho más oportuno aplicar el artículo 155 en Catalunya en lugar de optar por el estado de sitio”.

Santamaría ha vuelto a justificar la actuación policial durante el 1-O, que considera fue “profesional y proporcionada”, a pesar de que cerca de un millar de ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar resultaron heridas en las cargas policiales. Ha argumentado que en Catalunya hubo “numerosas actuaciones violentas” y “acoso masivo, generalizado y sistemático” durante el procés, de los que ha responsabilizado a los líderes independentistas por “sus llamamientos a incumplir la ley”.

De hecho, ha declarado que las imágenes de agentes golpeando a personas el 1-O, que vio por televisión, “no son agradables a la vista” pero que las fuerzas de seguridad evitaron “situaciones que pudieron ser mucho más graves por la irresponsabilidad de la Generalitat”.

Santamaría, que se ha mostrado más cómoda en sus respuestas ante la acusaciones, ha tenido varios rifirrafes con las defensas. De hecho, Jordi Pina, abogado defensor de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, ha reprochado a Santamaría por no responder a sus preguntas y le ha recordado que “esto es un juicio” y que “no ha venido aquí a ejercer de política”. Sin embargo, Santamaría ha continuado hablando sin responder a las preguntas de la defensa y ha afirmado que las fuerzas de seguridad del Estado fueron a Catalunya a “cumplir las resoluciones judiciales” pero no ha aclarado si fueron a sustituir a los Mossos. De este modo, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha pedido a la exvicepresidenta que fuera concisa en sus contestaciones.

También se ha desvinculado por completo de la operación Copérnico, que destinó unos 6.000 guardias civiles y policías a Catalunya para impedir el 1-O, al alegar que no era la responsable de “diseñar” dispositivos policiales: “He leído sobre ella”, ha zanjado.

Según ha informado la periodista Patricia López en un artículo publicado este miércoles en Público, Santamaría habría mentido en su declaración en el Supremo al afirmar que el servicio de inteligencia español (CNI) no participó en las indagaciones previas al 1 de octubre aunque hace meses el director general, Félix Sánz Roldán reconoció que: “Podríamos haberlo hecho mejor”.

Rajoy responsabiliza a los líderes independentistas de las casi un millar de personas heridas por las cargas policiales el 1-O

El presidente del Gobierno español durante los sucesos del 20-S y el 1-O y el responsable de aplicar el 155 en Catalunya, ha sido el primero en testificar en la sesión vespertina. “No recuerdo”; “mire, para usted será importante la cronología pero yo solo tengo una idea general”; “si dice usted que lo dije, pues lo habré dicho”; “eso debería preguntárselo al juez”; han sido algunas de las respuestas más usadas por un Mariano Rajoy en su máxima expresión, que al igual que Santamaría, tampoco ha estado cómodo ante las preguntas de las defensas y ha sido incapaz de concretar las acusaciones de violencia defendidas por Fiscalía.

“Hubo conversaciones entre miembros de la Generalitat y representantes del Estado, pero yo no iba autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la Constitución”, ha contestado Rajoy a una pregunta formulada por el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith, y actual secretario general del partido de extrema derecha. Un discurso que ha repetido durante su intervención en repetidas ocasiones. En la misma línea que su vicepresidenta, Rajoy ha afirmado: “No se declaró el estado de sitio porque el artículo 155 era más operativo”.

En este sentido, ha asegurado que les dijo a Artur Mas y Carles Puigdemont que “es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento”. Sin embargo, Rajoy ha manifestado que “siempre” estuvo “abierto al diálogo” pero que “si de lo único que se quiere dialogar, es de cómo se liquida la soberanía nacional, lisa y llanamente eso no era posible”.

“No hubo ningún mediador de nada”, ha afirmado tajante Rajoy a preguntas del abogado Jordi Pina sobre el papel que tuvo el lehendakari Iñigo Urkullu como supuesto mediador para evitar que el Gobierno español aplicara el 155 y que el Govern impulsara la declaración de independencia. “A mí nadie me demandó intermediar. Mis posiciones estaban claras y las de los otros también”, ha incidido Rajoy.

No obstante, Rajoy ha terminado reconociendo que “en aquella época” muchas personas, entre ellas Urkullu, “quisieron hablar y hablaron” con él, pero a todos les dejó “absolutamente claro” que no pensaba negociar “ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución, ni la soberanía nacional”. Sin embargo, Rajoy no ha precisado si se vieron personalmente o se comunicó con él por teléfono: “Yo atiendo a todo el mundo, a algunos personalmente y a otros por teléfono. A mí me llamó mucha gente”.

Sobre el 1-O, el expresidente del Gobierno español ha vuelto a afirmar que “no hubo ningún referéndum” y ha argumentado que lo que se hizo desde su Ejecutivo fue “dar cumplimiento a las resoluciones judiciales para que se cumpliera la ley. Y se cumplió la ley, porque la Junta Electoral Central dijo que no se había celebrado el referéndum”. En este sentido, y otra vez del mismo modo que Santamaría, ha responsabilizado a los líderes independentistas de las lesiones que sufrieron aquella jornada por las cargas policiales cerca de un millar de ciudadanos y ciudadanas que acudieron a votar: “Realmente si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal ni usted ni yo, ni nadie de los aquí presentes hubiéramos tenido que ver las lesiones de algunas personas”.

Sobre si se utilizó dinero público para el referéndum el expresidente del Gobierno español se ha vuelto a liar y ha afirmado en su declaración en el Supremo: “Eliminamos de los presupuestos la partida para el referéndum”, pero ha añadido que “no puede descartar” que la Generalitat pudiera “engañar” a Hacienda y “ocultar partidas” para financiar el referéndum: “Es algo que no se puede descartar pero que está fuera de mis responsabilidades. Y habrá que probarlo”, ha dicho. Una declaración que se contradice con la que hizo en el Congreso español en febrero de 2018, cuando aseguró que no se había dedicado dinero público al referéndum.

Montoro afirma ahora que la Generalitat “pudo defraudar el control que se le impuso”

El ex ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, ha argumentado en su declaración como testigo en el juicio contra el procés ante el Tribunal Supremo que su departamento impuso un control sobre “todos” los fondos de la Generalitat de Catalunya, que quedó “intervenida” presupuestaria y contablemente, pero que ese control pudo “resultar defraudado”, por lo que su departamento envió denuncias a fiscalía.

“Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado en algún aspecto. Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial”, ha incidido en sus declaraciones, basadas solo en supuestos. Preguntado por las defensas, Montoro ha asegurado que “la Generalitat cumplió todos los requerimientos excepto los que fueron objeto de denuncia”.

“¿Cómo no va a haber malversación si se han abierto locales públicos para algo ilegal? Si esto no es delito, yo ya no sé qué es delito”, ha especulado Montoro. Una afirmación que le ha valido un reproche de Marchena: “Evite usted valoraciones jurídicas”.

27 febrero, 2019

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