Amnistía Internacional, que "no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referendum ni su aplicación", considera que la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen "restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica"






