El acuerdo, firmado por la empresa pública Navantia y anunciado por la ministra Montero, contraviene la legislación española para el comercio de armas y el Derecho Internacional. Las organizaciones denunciantes alegan que la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y la escalada de represión en el Sáhara Occidental ocupado, prohíben la operación.
