26 de junio: Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Los familiares de las personas desaparecidas están expuestos a un sufrimiento extremo, a menudo exacerbado por la indiferencia de las autoridades a las dificultades que soportan y por la ansiedad de no saber lo que les sucedió a sus seres queridos

Foto: Equipe Media.

12 de diciembre de 1997, las Naciones Unidas proclamaron el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con miras a la eliminación total de la tortura y Garantizar la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde el 26 de junio de 1987.

En esta ocasión, la Comisión Nacional Saharaui para los Derechos Humanos (CONASADH) y la Asociación de Familias de Prisioneros y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), firmantes de este comunicado de prensa, expresan su solidaridad y apoyo a todas las víctimas de tortura en todo el mundo y desean llamar la atención de la comunidad internacional, particularmente sobre la situación de las víctimas saharauis de la tortura que se perpetúa hoy en el territorio bajo ocupación marroquí y en centros de detención bajo control marroquí, tanto en el territorio Marroquí, como en el Sáhara Occidental ocupado.

En primer lugar, con respecto a los prisioneros saharauis, encarcelados en condiciones inhumanas y degradantes, sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en las cárceles ubicadas en suelo marroquí, en violación del derecho internacional humanitario, situación que ha empeorado considerable con la pandemia de Covid19.

La situación de varios de ellos ha sido objeto de análisis por parte de diversos organismos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, entre otros.

Además, la práctica de la tortura se ha mencionado explícitamente en los informes periódicos del Secretario General de la ONU sobre la situación en el Sáhara Occidental. Todas las decisiones y recomendaciones de los titulares de mandatos y los órganos creados en virtud de tratados han sido desatendidas. A título de ejemplo, el Reino de Marruecos continúa rechazando la decisión del Comité contra la Tortura en el caso de Naama ASFARI, quien sigue sufriendo, así como su esposa, Madame Claude Mangin-Asfari (ciudadana francesa), numerosas intimidaciones y represalias, incluida la prohibición de acceso al territorio marroquí. En su decisión, el Comité solicitó al Reino de Marruecos que indemnice a la víctima Asfari, que realice una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos y que procese a los autores y que se abstenga de cualquier acto de presión, intimidación o represalias que puedan dañar la integridad física y moral del demandante y de su familia.

Del mismo modo, el 20 de noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió su opinión sobre el caso de 14 jóvenes estudiantes condenados a penas de 3 a 10 años de prisión. Los expertos pidieron la liberación de los que aún están detenidos y compensar a los 14 jóvenes saharauis como víctimas de la detención arbitraria. El Grupo de Trabajo también recordó al Reino de Marruecos que "la privación de libertad era arbitraria cuando se trataba de reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar su demanda de autodeterminación". El Grupo de Trabajo considera que "los 14 individuos fueron atacados justamente debido a su activismo político a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental".

Con respecto a la desaparición forzada, debe recordarse que este es un crimen que no prescribe y continúa mientras que el destino de la persona desaparecida y el lugar donde se encuentra no se hayan establecido con certeza. El derecho internacional considera la desaparición forzada un delito grave y una violación de múltiples derechos humanos, incluido el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a un juicio justo y el derecho a la vida. La desaparición forzada también viola los derechos económicos, sociales y culturales de la persona desaparecida y de su familia.

En su Auto sobre el Genocidio en el Sahara Occidental (1/2015), dictado por el juez, Pablo Ruz, la Audiencia Nacional estima que en el Sahara Occidental, la desaparición forzada es parte de un ataque generalizado o sistemático lanzado por las fuerzas marroquíes contra toda la población civil saharaui con el fin de apoderarse del territorio saharaui.

Los familiares de las personas desaparecidas están expuestos a un sufrimiento extremo, a menudo exacerbado por la indiferencia de las autoridades a las dificultades que soportan y por la ansiedad de no saber lo que les sucedió a sus seres queridos.

La prohibición de las desapariciones forzadas y la obligación del Reino de España y del Reino de Marruecos de investigar y sancionar a los autores de las desapariciones forzadas han adquirido el carácter de jus cogens. Sin embargo, el Estado español sigue ignorando los llamamientos urgentes para que se aclare el destino de Sidi Mohamed Sid Brahim Basiri, detenido en El Aaiun el 18 de junio de 1970, bajo la responsabilidad total y exclusiva del Estado español.

Cientos de saharauis han sido objeto de desaparición forzada en el Sáhara Occidental desde el 31 de octubre de 1975, fecha de inicio de la invasión marroquí. En diciembre de 2010, el Consejo Consultativo Real para los Derechos Humanos (CCDH) de Marruecos publicó un informe titulado "sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación (IER), anexo 1: casos de desaparición forzada". En este informe, las autoridades marroquíes reconocieron la existencia de un total de 940 desaparecidos, incluidos 638 saharauis, de los cuales 351 murieron durante su detención, el resto fue puesto en libertad. Aunque estas cifras están lejos de reflejar la realidad de las desapariciones forzadas en el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos, el informe de CCDH solo reconoce la muerte de estas personas sin dar ninguna prueba de lo que afirma.

La terminología utilizada es vaga y no cumple con las expectativas de las familias. En la mayoría de los casos, el CCDH simplemente afirma que la muerte se debió a "condiciones" o que "hay pruebas sólidas y consistentes de que murió durante su detención. Las versiones proporcionadas por el IER y/o el CCDH son estereotipadas, fragmentadas y no muestran todos los análisis específicos para cada caso, evitando hablar de las causas reales de muerte o responsabilidades, atribuyen la muerte a "condiciones" sin ninguna explicación concreta. Asimismo, las autoridades marroquíes continúan prohibiendo cualquier intento de las asociaciones familiares de llevar a cabo la exhumación e identificación de numerosos restos encontrados en fosas comunes. En el Reino de Marruecos la impunidad sigue protegiendo a los responsables del delito de desapariciones.

Por último, sobre el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, cuya violación, de acuerdo con el artículo 1, resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1961, supone: "...una negación de los derechos humanos, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación globales".

Los delitos tales como la tortura, la disparidad forzada y el genocidio en el Sáhara Occidental están intrínsecamente relacionados con la violación del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) y la Asociación de Familias de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA):

➢ denuncian la impunidad que protege a los perpetradores de tortura, desaparición forzada y genocidio contra el pueblo saharaui.

➢ denuncian la negativa del Reino de Marruecos a cumplir las resoluciones y decisiones de los distintos órganos internacionales (Tribunal Internacional de Justicia - ONU - UA) sobre la descolonización del Territorio no autónomo del Sáhara Occidental y denunciar los obstáculos que plantea el Reino desde 1991 a la organización del referéndum establecido en el Plan de Reglamento que condujo a la creación de la Misión de las Naciones Unidas para la Referencia en el Sáhara Occidental (MINURSO).

➢ exigen la desmilitarización inmediata del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, en consonancia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

➢ exigen que el Reino de Marruecos ponga fin la ocupación ilegal del territorio de la República Democrática Árabe y que respete las fronteras existentes en el momento de la adhesión a la independencia, de conformidad con el arte. 4 de la Acta Constituyente de la Unión Africana.

➢ también exigen que el Reino de Marruecos: respetar las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los detenidos (Reglas Nelson Mandela), las directrices contra el acoso o la represalia; HRI/MC/2015/65, las directrices sobre la recepción y tratamiento de las denuncias de represalias contra personas y organizaciones y para cooperar con el Comité contra la Tortura en virtud de los artículos 13, los 19, 20 y 22 de la Convención contra la Tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes; adoptar todas las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad física y moral de las víctimas de la tortura, sus familiares y sus representantes de acuerdo con el Art. 13 y 19 de las Directrices de San José, incluyendo: trasladar a todos los prisioneros saharauis sin demora a centros de detención en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, de conformidad con el IV Convenio de Ginebra; proteger a todos los reclusos de la pandemia de Covid19, proporcionándoles los medios de protección necesarios; - permitir que todas las familias visiten a sus parientes detenidos, incluida la Sra. Mangin-Asfari, todavía prohíbe entrar en Marruecos; poner fin inmediatamente a todas las formas de castigo o represalias contra los prisioneros saharauis y sus familias; hacer toda la luz sobre el destino de todos los saharauis desaparecidos y presentar ante a la justicia todos los responsables de la tortura y la desaparición forzada-

Exigen del Estado español aclarar el destino de Sidi Mohamed Sid Brahim Basiri, desapareció durante 50 años bajo su plena responsabilidad, así como tomar todas las medidas necesarias para la liberación de todos los prisioneros políticos saharauis y el esclarecimiento del paradero de todos los saharauis desaparecidos; y exigen que el Estado español asuma su responsabilidad por la Potencia administradora y apoye a la organización del referéndum de autodeterminación e independencia como lo solicita la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 (resolución 2229 - XXI).

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