No será una legislatura cómoda. Tampoco la más progresista de la historia. Pero sí la menos mala de las posibles en una nueva situación de emergencia democrática. Este jueves al mediodía, si no ocurre nada fuera del guion en forma de transfuguismo, Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno español en primera votación. Y, desde que hay elecciones tras la muerte del dictador, lo hará con el mayor respaldo en coaliciones y partidos -ocho- y el segundo mayor en número de electorado. Más que Felipe González en 1989 o Rajoy en 2016.
El líder del PSOE asumirá su tercer mandato, el segundo tras unas elecciones, con 179 votos a favor en el Congreso, los de su partido, más lo de Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG, Junts y Coalición Canaria. Lo que representa a más de doce millones y medio de personas -el 53% del total que votó el 23J-, solo superado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 con trece millones y medio.
En 2020 Sánchez obtuvo 167 "síes" -PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, PRC, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG-, siendo elegido en segunda votación por mayoría simple. En esta ocasión, tras semanas de ardua fontanería política, el líder del PSOE ha conseguido cerrar acuerdos que hace unos meses parecían inalcanzables, cruzando límites que se antojaban imposibles. Así, tal y como vaticinó AraInfo la noche electoral, formará su segundo gobierno de coalición con el apoyo de un bloque plurinacional en el que se incluyen hasta cinco fuerzas soberanistas.
La ofensiva ultra para "putodefender España"
En esta investidura, solo Partido Popular, Vox y el diputado de Unión del Pueblo Navarro, votarán en contra de Pedro Sánchez. Los líderes de la derecha extrema y ultraderecha se han encargado, una vez más, de enfangarlo todo con palabras gruesas, hipérboles y discursos apocalípticos cargados de odio. Desde el repetido hasta la saciedad "golpe de estado" al "sólo hay un final, o el dictador [en alusión a Pedro Sánchez] va al banquillo o nosotros a la cárcel" de Santiago Abascal, hasta el "nos encargaremos de devolver golpe por golpe" de Isabel Díaz Ayuso, arropada por Alberto Nuñez Feijóo.
Todo ello en medio de las caldeadas protestas diarias para "putodefender España", alentadas por PP y Vox, ante las sedes del PSOE, principalmente la de Ferraz, en las que hemos visto banderas falangistas, símbolos franquistas y neonazis. O de las manifestaciones celebradas el pasado domingo con la excusa de la Ley Amnistía o una repetición electoral, cuando la verdadera razón es su incapacidad de aceptar una derrota electoral que no esperaban. Y es que la derecha española nunca ha sido democrática.
Como ya es tradición en el Régimen del 78, cuando las derechas pierden unas elecciones, los ríos se putosecan, la tierra putotiembla y siete plagas bíblicas putocastigan a la humanidad por ‘haber votado mal’. En esta ocasión la ‘novedad’ es el aumento de la intensidad y agresividad, y la falta de guionistas del esperpento derechista. Durante los días previos a la investidura de Sánchez, hemos comprobado la catadura ética de la militancia derechista del ultranacionalismo hispano-madrileño.
Amenazas, de todo tipo, contra políticos del PSOE y sus aliadas circunstanciales, que en algunos de los grupos de mensajería ultraderechista llegan hasta proponer un magnicidio y la contratación de sicarios para ejecutarlo. Violencia verbal en las concentraciones convocadas por Vox y secundadas por el PP, contra el PSOE, sus aliados e incluso contra el rey no fugado. Homofobia, racismo, machismo e incitación a la violencia política son el denominador común que viene acompañando todas estas concentraciones.
La ofensiva del ultraespañolismo no solo ha llegado a las calles, también al Parlamento, a la vía judicial -de la mano de una parte de la magistratura- y hasta Europa. Este martes, el filibusterismo del PP le ha llevado a retorcer la Constitución para cambiar de forma exprés y unilateral el reglamento del Senado con el objetivo de retrasar -que no impedir- la aprobación de la Ley de Amnistía. Esta maniobra permitirá a la Cámara Alta retrasar la tramitación desde los actuales 20 días hasta dos meses las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que lleguen en procedimiento urgente. El PP lo hace amparado en su rodillo de mayoría absoluta. Mientras, este miércoles, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox de suspender de "forma urgente" la investidura de Pedro Sánchez.
Destaca, también por su condición esperpéntica, la convocatoria de Vox, a través de su sindicato instrumental, Solidaridad -con sus reminiscencias polacas incluidas-, de una huelga general contra el futuro gobierno de coalición PSOE-Sumar. Todas las huelgas generales son y han sido de carácter político, una demostración de fuerza de la clase obrera contra los gobiernos y sus políticas de recortes a los derechos de la clase trabajadora. Y ahí estriba lo esperpéntico del asunto, a Vox lo mismo le da convocar una huelga que el rezo de un ‘rosario’ colectivo, pues su objetivo no es la defensa de los intereses de la clase trabajadora si no seguir atacando al futuro gobierno “por tierra, mar y aire”. Para Vox-Solidaridad la huelga es una acción propagandística más, como lo es la presentación de una querella criminal contra Sánchez y Puigdemont. Vox, como cualquier partido ultranacionalista, usa cualquier recurso a su alcance sin importarle dejar ‘tierra quemada’ a su paso.
Así las cosas, este lunes el PSOE registraba en solitario la Ley de Amnistía, el pacto que afectará, en principio, a cerca de 400 personas, unas 300 encausadas por el procés entre el 1 enero de 2012 hasta este el 13 de noviembre de 2023, y también a 73 agentes de policías y guardias civiles con procesos judiciales por la brutal represión de las movilizaciones independentistas. Lo hacía en un texto sin alusiones al ‘lawfare’ o persecución política desde los tribunales, pero sí prevé la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como "causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto".
