Tras el fracaso del PP de Núñez Feijoo, al PSOE la faltaba cerrar un acuerdo con Junts para asegurarse los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno estatal, pues ya había cerrado en las anteriores semanas acuerdos con el resto de formaciones del bloque plurinacional: Sumar (con quien además formará gobierno de coalición), ERC, EH Bildu, PNV y BNG, que representan una foto real de la diversidad y pluralidad política del Estado español.
La negociación con Junts parecía estancada por diferencias en la redacción de la futura Ley de Amnistía para las personas perseguidas judicialmente por su participación en los actos democráticos conocidos coloquialmente como ‘el procés’. Pero tras semanas de negociación, el acuerdo entre PSOE y Junts se ha confirmado en la mañana de este jueves.
Sin embargo, la citada futura Ley de Amnistía, no será presentada hasta la próxima semana. “La ley de amnistía esta acordada”, ha explicado este mismo jueves en rueda de prensa desde Bruselas el negociador del PSOE, Santos Cerdán, que ha matizado que antes de su registro “la tienen que ver el resto de grupos, que la van a apoyar. Por eso no lo la presentamos”.
Acuerdo entre el PSOE y Junts
Destaca del texto presentado -leer aquí el acuerdo en su integridad- que Junts “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Y que el PSOE “defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.
Por otro lado, el otro gran tema es que “Junts propondrá de entrada una modificación” de la ley de financiación autonómica que “establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”, y el PSOE, apunta el acuerdo, “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
Acuerdo entre ERC y PSOE
A primeros de noviembre, el ministro en funciones de la Presidencia y miembro de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo -ver íntegro- que garantiza el apoyo de los republicanos catalanes la investidura de Pedro Sánchez. El pacto incluye, además de la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies a Catalunya, la condonación de una parte de la deuda autonómica, medida que se hará extensible a otros territorios, y la creación de una mesa de partidos a nivel estatal para profundizar en el diálogo con Catalunya, así como reforzar la actual Mesa de Diálogo entre Gobiernos.
EH Bildu trasladó al PSOE su compromiso: no permitir que el bloque reaccionario, liderado por PP-Vox, conforme gobierno en el Estado español
Ya a mediados del pasado mes de octubre se produjo un encuentro entre el presidente del Gobierno estatal en funciones, Pedro Sánchez, y una delegación de EH Bildu compuesta por su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta . En ella la formación soberanista vasca reiteró que “por encima de siglas políticas, la inmensa mayoría del pueblo vasco envió un mandato claro: no permitir que el bloque reaccionario, liderado por PP-Vox, conformara gobierno en el Estado español. EH Bildu ha vuelto a reiterar ese compromiso, porque cumplirá, como siempre, con ese mandato”.
“EH Bildu hace lo que dice y dice lo que hace. Es por ello que no especula ni especulará respecto a su posición en este momento crucial. Frenar a la ultraderecha es un mandato democrático, con el que tiene absoluta responsabilidad y determinación. Porque frenar a las derechas reaccionarias es condición indispensable para abrir una nueva legislatura que, en opinión de EH Bildu, debe profundizar en la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores vascos y del Estado, la consolidación de políticas que fomenten la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria y la apertura de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales de nuestro pueblo”, explicaba la formación socialdemócrata. vasca.
Acuerdo entre el BNG y el PSOE
El PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) hicieron público la semana pasada el acuerdo -ver íntegro- por el que la formación soberanista galega votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez. El documento fue firmado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el diputado del BNG, Néstor Rego, el diputado gallego del PSOE, José Ramón Gómez Besteirola y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
El acuerdo incluye “la garantía de que Galiza sea reconocida como nacionalidad histórica -como ya sucede legalmente con Aragón- en la misma medida que Cataluña y el País Vasco” y que “cualquier cambio en la estructura del Estado asegure a Galicia el mismo estatus que a las otras dos”.
También incluye medidas contra la violencia machista en Galiza, rebajas en diferentes peajes y redes de carreteras, actuaciones de modernización de la red ferroviaria, o medidas sociales como el impulso en la limpieza de las rías gallegas, la ampliación de las bajas de paternidad y maternidad, rebajas en el abono transporte o la actualización de las pensiones respecto al IPC, así como nuevos impulsos al idioma gallego.
Acuerdo entre el PSOE y PNV
Finalmente, este mismo viernes, el presidente del Gobierno estatal en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha firmado con el PNV un acuerdo -ver íntegro- por el que los nacionalistas vascos comprometen su voto a favor de la investidura y a dar su apoyo a la legislatura. Con el sí del PNV, más el de Coalición Canaria avanzado también este viernes, el PSOE se garantiza definitiva y aritméticamente la investidura de Sánchez en primera votación.
En el acuerdo los socialdemócratas españoles se comprometen a acometer todos los traspasos de competencias pendientes del Estatuto de Gernika, a avanzar en el autogobierno y a impulsar el euskera.
¿Cómo queda la Agenda Aragonesa tras estos pactos?
El diputado de CHA en la coalición Sumar Aragón, Jorge Pueyo, informaba hace escasos días sobre las primeras iniciativas parlamentarias presentadas, centradas en las reivindicaciones incluidas en la ‘Agenda Aragonesa’ con la que Sumar Aragón concurrió a las elecciones del pasado 23 de julio, destacando la defensa del territorio frente a proyectos como la carretera por Castanesa o la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona, o las propuestas frente al reto demográfico. Asimismo, informaba de la presentación en el Congreso de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de distintos municipios aragoneses como Caspe, Tarazona, Monzón, Chánovas, Exeya, y de los barrios zaragozanos de Casetas y Actur.
Entre las medidas, de gobierno, acordadas entre el PSOE y Sumar, destacan para los intereses de nuestro país las referentes a la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc, así como la construcción del corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Pueyo destacó que “por vez primera” en un acuerdo de Gobierno estatal se habían incluido reivindicaciones de la Agenda Aragonesa, que además de las citadas, incluirían “una financiación autonómica justa” para los países infrafinanciados como Aragón “no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas de Aragón”, recalcaba, un proceso participativo con el territorio y un mapa de instalación preferente que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico para evitar la masificación de las energías renovables, la estrategia de reto demográfico y el plan de acción para vertebrar el territorio con la garantía de disponer de servicios básicos en 30 minutos, o la garantía de la autonomía local y del principio de suficiencia financiera que asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios, entre otras medidas.
Todas las medidas incluidas en la Agenda Aragonesa deberán ejecutarse por el próximo gobierno de coalición PSOE-Sumar que se constituirá tras la investidura de Sánchez al contar con el apoyo del bloque plurinacional.
Cabe destacar que en este acuerdo no aparecen ni el pago de la deuda histórica del Estado español con Aragón, ni la creación de una Hacienda Foral Aragonesa como exige legalmente el desarrollo del Estatuto de Aragón. Quizá, PSOE y Sumar, se reserven esta negociación para la elaboración de los presupuestos estatales.
CHA, IU y Podemos celebran el acuerdo de investidura y Teruel Existe lo rechaza con dureza
El presidente de CHA, Joaquín Palacín, aseguró que la candidatura de Sánchez es “la única opción real para tener gobierno en Madrid antes de repetir las elecciones”. Palacín explicó que su preferencia es “un gobierno progresista con una potente agenda social y con sensibilidad territorial”. Una opción en la que CHA participaría con la coalición Sumar Aragón, Y dejó un recado al PP, al recordarle que se “apoya en quienes promueven y no condenan la violencia de las últimas manifestaciones”.
Por su parte, el portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, considera “un avance positivo el acuerdo” presentado por PSOE y Junts. Por que ahora “conquistas sociales como la reducción de la jornada laboral, la subida de los salarios o la educación gratuita de 0 a 3 años están más cerca de materializarse”, y agradeció “a socialistas e independentistas su actitud: en democracia sólo la política puede encauzar estos conflictos”, aseveró.
A Podemos Aragón, la solución de la amnistía les parece “bien para encauzar políticamente el conflicto catalán, que nunca debió judicializarse”. Pero ponen el foco en el futuro gobierno de coalición para que “actúe con valentía frente a la necesidad de abordar transformaciones sociales”.
Sin embargo, los transversalistas de Aragón-Teruel Existe han criticado con dureza el acuerdo. Para su portavoz, Tomás Guitarte “el pacto es una transacción económica envuelta en lenguaje político. Los independentistas buscaban tanto fines políticos como beneficios económicos”, y lamentó “que vuelva a haber lo de siempre, con territorios de primera y de segunda”. También aseguró estar “en contra de la amnistía”, y que su partido “seguirá luchando por el reequilibrio y la igualdad de oportunidades para todos los territorios”.
Nuevo intento de interferencia política del Poder Judicial
El brazo judicial del españolismo no ha podido resistirse a intentar influir nuevamente en política arrogándose una función para la que nadie les ha votado, ni se recoge entre sus atribuciones legales, y por la que nadie les ha preguntado.
Con un breve comunicado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial criticaba las referencias al lawfare que aparecen en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
Cualquier ciudadana que esté al tanto de la actualidad sabe que el lawfare, o acoso judicial, o instrumentalización de la justicia, o judicialización de la política, o guerra jurídica, pues con todas estas expresiones se conoce la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente político, es una práctica habitual del brazo judicial del españolismo en connivencia con la derecha mediática y política. Al punto de reconocerse a numerosos jueces (sobre todo aquellos que ostentan cargos con poder) por su militancia política en el PP y por su sectarismo ideológico.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial parece haber resultado ‘ofendidito’ al verse reflejado en el espejo que le ha puesto delante el texto del acuerdo. Así, aseguran que “ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan ‘responsabilidades’ derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”.
Señala también el CGPJ, en una clara injerencia, que “la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”, se cree el juez -españolista- que son todos de su condición.
