Puerco. Gorrino. Marrano…Muy pocos son los sinónimos que se le han dado al cerdo en relación al ruido mediático que ha despertado este animal en lo que llevamos de año. Igual se debe a que su presencia en titulares se ha reducido al termino “macrogranja”, por aquello que se dice que dijo el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Aquí, en Aragón, sabemos algo de esto. No tiene que ver con que Lambán se enfadara mucho con él, sino porque aquí tocinos tenemos unos cuantos. Este es el primer territorio productor de porcino: un 27% del total del Estado español, seguido de Catalunya con un 24% y Castilla y León, con un 14%. En Aragón, estos animales están repartidos en un total de 4.650 distribuciones: cinco de carácter extensivo y 4.505 intensivo, según los datos recogidos por el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) publicados en el informe “El sector de la carne de cerdo en cifras” de 2020.
Sin pretender valorar la importancia económica y social de la producción de este animal, más allá de la calidad de la carne y entre un acelerado vaivén de Tweets , alguna que otra cuestión derivada de este modelo se quedó en el tintero. Cuatro días después de que se difundiera la entrevista de Garzón a ‘The Guardian’, la Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas planteó en un escrito dirigido al Chusticia de Aragón algunas de las afecciones que este modelo de ganadería acarrea en el territorio: “favoreciendo la implantación de nuevas macrogranjas y ampliaciones de las existentes con un carácter totalmente industrial, sin tener en cuenta los aspectos negativos para el medio ambiente, para las aguas que contaminan y en definitiva para la salud de quienes somos usuarios de estas aguas”. En esta misma sugerencia, se demandaba una moratoria, “un alto para la reflexión, para valorar cuánto daño se está haciendo a nuestros acuíferos, cuantos ríos contaminados, cuantos pueblos que ya no pueden beber de sus fuentes y deben ser abastecidos con cisternas”.
¿Dónde acaban los purines?
Estos estiércoles poseen gran valor como fertilizante y “bien gestionados como enmienda orgánica, pueden tener grandes beneficios en la conservación de los suelos y su biota”, explica el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón en su informe “Retos ambientales del sector porcino en Aragón: problemática, alternativas y soluciones”. No obstante, los datos de contaminación de las aguas así como el aumento de las zonas saturadas y vulnerables revelan que “existe una realidad de contaminación de las aguas por nitratos debido a la sobrefertilización o a los vertidos no controlados, expone el Consejo en el mismo informe.
Aragón, de acuerdo a la directiva 91/676/CEE del Consejo Europeo declaró las denominadas “zonas vulnerables” a la contaminación por nitratos de origen agrario en las aguas. La última modificación de estas se dio a través de la Orden AGM/83/21, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, el pasado 4 de marzo de 2021. De esta manera, actualmente hay 23 zonas repartidas a lo largo del territorio, que agrupan a 177 municipios aragoneses; mientras que en 2019, se contaban 17 zonas.
Una de las poblaciones incluidas en estas zonas es Loporzano. El pasado viernes 18 de febrero, las representantes de la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI) se reunían con el Comisario Adjunto de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro Javier San Román con motivo de transmitir su preocupación debida a la “imparable contaminación de los acuíferos aragoneses por nitratos”. Por ello, solicitaron una posición coherente así como que la Confederación Hidrográfica del Ebro se pronuncie en consecuencia en el informe preceptivo y vinculante que debe realizar para que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) realice la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada, de cara a la implantación de nuevas explotaciones de ganadería industrial como ampliaciones.
A 24 km de Loporzano se encuentra la población de Lierta, otra de estas zonas vulnerables. “Desde el 2018, el agua aquí no es potable durante todo el año. No se puede usar ni para lavar la comida”, cuenta Bernardo Mas, presidente de la asociación LiertAgua Potable. “El manantial del que se abastecía el pueblo tiene un nivel de nitratos que hace que esta el agua de boca no se pueda consumir. La solución fue captar agua del río Venia para mezclarlas”, añade. Sin embargo, con esta “mezcla” resultaba imprevisible controlar la concentración de nitratos, por lo que tras acudir al Departamento de Sanidad, el Ayuntamiento realizó nuevos análisis que confirmaron que había 70 mg/l cuando el limite se encuentra en 50 mg/l de nitratos. Por otro lado, las vecinas de esta zona descubrieron el pasado mes de mayo la compra de una parcela por parte de una empresa dedicada a la ganadería intensiva de porcino.
“¿Plantas de tratamiento y gestión de purines? Vale, pero no como solución para instalar más macrogranjas”, denuncia Jesús Samperiz, miembro de Ecologistas en Acción Ribagorza y antiguo vecino de Laguarres, otra de las poblaciones catalogadas como vulnerables. “No decimos que no queramos ganadería, sino conciencia cuando se echan los purines en el campo”, añade. En noviembre de 2019, una conocida granja de piensos compuestos localizada en esta población se llevó el Porc d’Or –un premio que viene a ser el Oscar de la industria porcina- en el Estado español. Meses después, en marzo de 2020 en pleno confinamiento, Laguarres se quedó sin agua de boca al comprobar “niveles anormalmente altos de nitratos”.
¿Qué dice la Ley?
Dada esta situación, cabe señalar que existe una amplia normativa jurídica que regula la industria porcina y que contempla aspectos como la ordenación del territorio, la gestión de los estiércoles y la protección de la calidad de las aguas, suelos y atmosfera. Tal y como recoge el Informe de Opinión del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, “son muchas las Directivas y normas estatales y autonómicas que regulan el sector y aun así, existen claras evidencias de problemas ambientales ligados a las explotaciones intensivas de porcino, sobre todo, relacionados con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y de la calidad del aire”.
La más reciente es el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias en el que se establece que las zonas vulnerables en aguas superficiales se decretaran a partir de una concentración de 25 mg/l, es decir, un límite más bajo que el actual vigente . Entre las principales se encuentran, el Decreto 53/2019 que entre otras obligaciones establece la declaración anual de producción y gestión de estiércoles o la obligatoriedad de tener un documento de transporte si se utilizaran estos como fertilizante. El Real Decreto 306/2020 prevé normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas y añade que es necesario conocer los aportes de enmiendas y fertilizantes que se realizan en los suelos agrícolas. Asimismo, en Aragón , el Decreto 94/2009 de 26 de mayo, regula las obligaciones de los ganaderos en la gestión de sus estiércoles y mantiene unas directrices que deben cumplir las explotaciones respecto a la gestión de estiércoles (almacenamiento, distancias etc.). Por último, cabe destacar el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que establece una serie de medidas como la designación de las zonas vulnerables, la elaboración de los códigos de buenas prácticas agrarias y el establecimiento de programas de prevención y reducción de la contaminación causada por nitratos en estas zonas.
A pesar de esto, merece añadir que la Comisión Europea instó al Estado español a cumplir la Directiva europea sobre nitratos en julio de 2020 en el que se concedían tres meses para “adoptar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas”. Esta decisión acabó el pasado 2 de diciembre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las razones se aclaran en la nota de prensa emitida por la Comisión: “La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos. (…) A pesar de algunos avances limitaros, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva”. Desde el Organismo, se insiste en que se deben “ adoptar medidas adiciones en las cuatro regiones en las que las medidas establecidas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos (Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León y Murcia)”.
¿Una moratoria?
La Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas expone en su escrito al Chusticia el hecho de que “basta con leer el Boletín Oficial de Aragón o el de cualquier comunidad para comprobar cómo cada día hay nuevas granjas autorizadas o en trámites”. Por ello, solicitan “una moratoria en esta locura. Es necesario un alto para la reflexión, para valorar cuánto daño se está haciendo a nuestros acuíferos, cuántos ríos contaminados, cuantos pueblos que ya no pueden beber de sus fuentes y deben ser abastecidos con cisternas”.
Esta es una medida que en Catalunya ya se ha adoptado. Desde 2019, existe una limitación para ampliar y construir granjas de cerdos en un total de 68 poblaciones con motivo de revertir la presencia excesiva de nitratos en las aguas de estas áreas. En un principio esta moratoria se pensó con dos años de vigencia; sin embargo, el pasado agosto la Generalitat decidió alargarla a cuatro años.
Por el momento, en Aragón, el Chusticia ya ha trasladado la sugerencia al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que “debería valorar las medidas adicionales que considere oportunas, incluida la posibilidad de aprobar una moratoria que impida ampliar y construir granjas de cerdos en las localidades causantes de la contaminación de los acuíferos”.
