Ganadería industrial: beneficios para unos pocos a costa de degradación ambiental y abandono rural

Desde Ecologistas en Acción Aragón, Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen “una moratoria urgente a la ampliación o aprobación de nuevas explotaciones, incluso a las que están en tramitación, de ganadería intensiva en coherencia con las políticas ambientales europeas y estatales”, y aseguran que las principales organizaciones ambientales “consideran necesario tener un debate sosegado pero urgente y sin intereses partidistas”.

La macrogranja que se publicita como biogranja: greenwashing de Valle de Odieta en Caparroso | Foto: Greenpeace

Las recientes declaraciones del ministro español de Consumo Alberto Garzón criticando las macrogranjas y defendiendo la ganadería extensiva han reabierto y alimentado un debate social tan necesario como urgente sobre los impactos del modelo agroalimentario en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y el maltrato animal.

También sobre el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, con el reciente compromiso de reducir las emisiones de metano un 30 % para 2030 o las estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo del Clima París.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción Aragón recuerdan que “la ganadería industrial y sus impactos ambientales y sociales crecen sin cesar en los últimos años, mientras la ganadería extensiva y el mundo rural languidecen por falta de apoyo y una competencia injusta en precios”.

Por eso, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan “rotundamente el modelo ganadero industrial y consideran que las palabras del ministro Garzón son coherentes con la ciencia actual en materia ambiental y de salud pública y están avaladas por organismos internacionales de máxima credibilidad como el IPCC, el IPBES o la OMS”.

Las organizaciones ecologistas reclaman que “este discurso se traduzca en políticas concretas que acompañen la paulatina y necesaria desaparición de la ganadería industrial en el Estado español y la reducción de la cabaña ganadera en intensivo. Es una realidad indiscutible que la cabaña ganadera industrial, especialmente de cerdos y aves, y en menor medida de vacas, está aumentando rápidamente mientras desciende el número de pequeñas explotaciones y el empleo en el sector, lo cual refleja su intensificación e industrialización. En muchos casos ganaderas y ganaderos se ven obligados por la agroindustria y los mercados a intensificar sus explotaciones para poder sobrevivir”.

“El modelo ganadero industrial es responsable de numerosos impactos ambientales y sociales: deforestación, destrucción de la biodiversidad y desplazamiento forzoso de poblaciones en zonas remotas donde se produce la soja para los piensos, contaminación de aguas, suelos y aire en nuestros territorios, contribución al cambio climático, vulneración de derechos humanos como el del acceso al agua potable, la despoblación en las zonas rurales donde se asientan estas macro explotaciones, y los problemas de salud derivados de dietas excesivamente carnívoras y el abuso de antimicrobianos”, detallan las entidades medioambientales.

Por contra, explican que “la ganadería extensiva contribuye a la protección de pastos sumidero de carbono, combate los incendios forestales y genera paisajes únicos y protegidos, como las dehesas. Es reservorio de razas locales en peligro de desaparición, crea empleo en nuestros pueblos, fijando población en zonas rurales, provee alimentos sostenibles y de calidad, contribuye a la soberanía alimentaria y reconecta campo y ciudad, a través de los paisajes y la cultura que preserva”.

En este contexto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el gobierno del Estado español “más allá de hacer declaraciones o entrar en el juego del uso partidista del debate social en torno al modelo de producción ganadera, debe alinearse con los marcos legislativos internacionales e impulsar cuatro medidas”:

  1. Declarar inmediatamente una moratoria a cualquier proyecto nuevo o a la ampliación de explotaciones de ganadería industrial, así como los que se encuentran en tramitación.
  2. Establecer un diálogo social con la participación del sector ganadero extensivo y de la sociedad civil para el diseño de la estrategia de transformación del sector, de forma que vaya reduciendo de manera paulatina la ganadería industrial hasta su total desaparición e incorpore sus externalidades negativas en la fiscalidad. Dicha transición en favor de la ganadería extensiva se puede y debe apoyar aprovechando los fondos de recuperación poscovid y la futura PAC.
  3. Desarrollar un marco normativo, comercial (etiquetado explícito) y fiscal que permita diferenciar y favorecer la ganadería extensiva, en políticas y mercados.
  4. Aprobar una estrategia estatal para apoyar la ganadería extensiva, que elimine las barreras que afronta y asegure el futuro del sector mejorando su competitividad en el mercado mediante desgravaciones a los modelos extensivos por su contribución al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, las entidades ecologistas recuerdan que “no existe una definición legal de macrogranja, igual que tampoco la hay de ganadería extensiva", aunque la Plataforma de Ganadería Extensiva y Pastoralismo, de la que son parte varias de las organizaciones ecologistas, tiene una propuesta pública al respecto elaborada por más de 40 personas expertas.

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