Las declaraciones, o, mejor dicho, la tergiversación de las mismas, del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las conocidas como macrogranjas en el medio británico The Guardian, están levantando una espesa polvareda.
Cual resorte saltaron desde la derecha para acusarle de atacar a España. A la crítica furibunda también se sumaron dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el máximo mandatario aragonés, Javier Lambán.
En primer lugar, habría que resaltar las diferencias entre lo que dijo Alberto Garzón y lo que dicen que dijo. Se le acusa de afirmar que “España exporta carne de mala calidad”. Sin embargo, tal y como se puede ver en un tuit del propio ministro el pasado 4 de enero de 2022, en el que aporta la transcripción de la entrevista, sus palabras exactas fueron las siguientes:
“Aquí hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la ganadería extensiva. Esta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura. Pero esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas (...). Pero, claro, es que cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.000 cabezas de ganado allí, o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta... Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”.
Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados. pic.twitter.com/ljR2x3n5Bu
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 4, 2022
Llama la atención el hondo malestar de Javier Lambán, cuando estas palabras de Garzón expresan una idea muy similar a la que se muestra en el Proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón. Una propuesta normativa que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio de 2021 y que actualmente se encuentra en periodo de recepción de enmiendas.
Este proyecto, más allá del extenso desarrollo posterior, apunta en su ‘Exposición de motivos’ que “la agricultura familiar y el modelo a ella asociado está sometido a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva, en el que se observa una tendencia hacia explotaciones ganaderas cuyas dimensiones pueden poner en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social relacionada con el modelo que esta ley pretende impulsar. La importancia de la ganadería en Aragón se manifiesta en el elevado porcentaje de la producción final agraria que supone, siendo necesario asegurar su desarrollo y crecimiento equilibrados”.
Tampoco se diferencia en demasía lo expresado por Garzón de unas declaraciones del presidente del Estado español, Pedro Sánchez, dentro de una campaña de Unicef en la que diversos niños y niñas le hacían preguntas.
Este afirmó que había que fomentar “alimentos más sanos y respetuosos con el medio ambiente. Apostamos por una ganadería sostenible, a menor escala, de gran valor ambiental y que genere empleo en el medio rural. Esta es una de nuestras propuestas para abordar la crisis climática”.
También desde Europa se da la razón a Alberto Garzón. Lo hizo el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en otra entrevista en The Guardian, de la que se hacen eco en infoLibre, y en la que afirmó que “la carne de las macrogranjas era de peor calidad que aquella procedente del modelo de ganadería extensiva, además de resultar mucho más dañina a nivel ambiental”.
En Aragón no hay macrogranjas
El término que circunda este debate -en el que, en realidad, todos están de acuerdo- es el de las ‘macrogranjas’. Javier Lambán se ha apresurado a afirmar que en Aragón no existen este tipo de grandes instalaciones. ¿Por qué lo dice?
El problema está en qué se considera macrogranja. Desde el Ejecutivo aragonés sustentan su argumentación en los límites que estatuye la normativa estatal: granjas con, como máximo, 7.200 plazas de cebo, 2.500 de cerdas con destete y 3.300 sin destete. Y reiteran que en Aragón ninguna explotación supera estas cantidades, algo lógico teniendo en cuenta que sería ilegal.
Afirman, por añadidura, que con la futura aprobación de la Ley de Protección de la Agricultura Familiar antes mencionada estos límites se extenderán a las explotaciones de vacuno, donde el número máximo de plazas de ternero quedará establecido en las 4.100.
Esas granjas porcinas de la más alta capacidad son las que se engloban (con la terminología de la norma estatal) dentro del Grupo 3. Y, según el Indicador Trimestral de Porcino de octubre de 2021 (elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), en el Estado español hay 2.193 explotaciones.
En Aragón sí hay macrogranjas
Nada tiene que ver lo anterior con los parámetros utilizados por quienes afirman que en Aragón sí hay macrogranjas. Estos se fijan en el Anexo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
A tenor del mismo, tienen obligación de cumplir con los requerimientos de información ambiental las instalaciones o complejos y actividades industriales que tengan más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kilogramos o 750 plazas para cerdas reponedoras. De estas sí hay en Aragón. Y muchas.
Concretamente, con datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) -competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- en el Estado español hay 3.232 explotaciones con esas características, de las que 1.010, el 31,25%, están en Aragón.
Es el territorio del estado con más explotaciones porcinas de esta tipología. Por encima de otras como Catalunya (830), Castilla y León (538) o Castilla-La Mancha (210).
Del total, 544 están en las comarcas del norte, 351 en las centrales y 115 en las del sur. Hay 800 granjas con más de 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kilos y 221 con más de 750 para cerdas reponedoras. La suma excede el total porque algunas explotaciones cumplen ambas características.
Por añadidura, en Aragón también hay 114 instalaciones con “más de 40.000 plazas para gallinas ponedoras, o el número equivalente en excreta de nitrógeno para otras aves de corral”, a las que también se les exige el envío de información medioambiental.
“Sacralizar la ganadería extensiva y demonizar la intensiva es una absoluta tontería”
Además de Javier Lambán, también el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, aseguró en el programa Aquí y Ahora de Aragón TV -a partir de la hora y 36 minutos- que “en Aragón no existen macrogranjas ni van a existir”.
También profirió que “algunos españoles aún no han entendido cómo funciona la ganadería en España y Aragón. No conviene caer en el error de sacralizar la ganadería extensiva y demonizar la intensiva. Esa es una absoluta tontería que no tiene ningún fundamento”.
Esto choca con la información proporcionada desde Greenpeace y extraída de un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- en el que se estima que el 19% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero está provocado por la ganadería. Sólo en el Estado español es responsable del 9% de las mismas.
Si se trata de las emisiones de metano, puntualizan, según datos recogidos en el Informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, “se puede confirmar que sólo el sector porcino es el responsable del 76% de emisiones de metano derivadas de la gestión del estiércol, mientras que la ganadería basada en vacas pasó del 29% al 57% en el periodo comprendido entre 1990- 2019 (estas emisiones son las derivadas de la fermentación entérica (proceso digestivo))”.
También desde Greenpeace, y al respecto del bienestar animal en la ganadería intensiva, recuerdan que “es legal que los animales vivan toda su vida encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol; que las cerdas estén cinco semanas seguidas (desde la semana anterior al parto y hasta el destete) aprisionadas entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbadas, sobre rejilla, y poder darse la vuelta; que las cerdas sólo tengan unos días de reposo entre el destete y la siguiente inseminación; que los lechones tengan sólo el espacio mínimo que les permita estar todos tumbados al mismo tiempo; que se practique el raboteo parcial (cortar el rabo) a los animales para evitar la caudofagia (que los cerdos se muerdan la cola entre ellos por el estrés) o que se reduzca la punta de los colmillos a los lechones”.
Un sector determinante para Aragón
Desde el Gobierno de Aragón señalan que el sector determinante en la industria cárnica aragonesa es el porcino, que supone el 45% de la producción final agraria, “siendo un sector clave en el crecimiento exponencial que ha experimentado el sistema agroalimentario aragonés en los últimos años”.
El complejo productivo configurado por el porcino (granjas, fábricas de piensos, mataderos e industria cárnica asociada, transporte y servicios directos asociados) representa el 3,5% del PIB nacional aragonés, resaltan.
En su defensa del sector, indican que “genera valor añadido, sobre todo, a partir de la industria cárnica y la producción de elaborados con destino al consumo final. Las ventas de carne y derivados porcinos producidos por la agroindustria aragonesa, destinada esencialmente a la exportación, se sitúa ya en torno a los 2.000 millones de euros”.
Se refieren, además, a su “contribución a la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural”, puesto que “el 58% de las 4.000 explotaciones que hay en Aragón se ubican en municipios de menos de 1.000 habitantes”. También lo valorizan respecto al empleo: “El porcino genera en Aragón 12.000 puestos de trabajo, de los que 4.900 puestos corresponden a mano de obra directa”.
Presumen desde la Administración de que Aragón “lidera la producción de ganado porcino a nivel nacional con 15 millones de cerdos al año, lo que representa el 26% total del país; y ocupa la segunda posición a nivel nacional respecto a las exportaciones con un 22% del total. Su crecimiento exponencial no sólo justifica las necesidades actuales, sino que garantiza la demanda de mano de obra cualificada en un futuro muy inmediato”.
Defienden su compromiso medioambiental al aseverar que “la normativa sobre purines es la más exigente de España, y hemos declarado ‘zonas saturadas’ (11 municipios) donde ya no es posible instalar nuevas granjas ni ampliar las existentes. También hemos prohibido las granjas en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia (anteriormente no había una legislación que lo impidiera)”.
