Ha tenido que llegar una pandemia para destapar la miríada de heridas que supuran en el sistema residencial español. El culpable principal es el coronavirus, de eso no hay duda, pero su virulencia podría haber sido atemperada con un engranaje sanitario y residencial que no llevara años siendo víctima de impíos tijeretazos. Afortunadamente, los y las profesionales están muy por encima del sistema que les (mal) paga.
Escarbando sólo un poquito salen a relucir todas las grietas: adjudicaciones por debajo de precio, privatizaciones, inspecciones que erran el foco… Residencias sin acceso a internet, otras con más plantas cerradas que abiertas e incluso alguna construida sobre terreno inundable. Los tres últimos no son invenciones, sino realidades. Las de las residencias de Monzalbarba, Movera y Santa Ana.
Royal Villasalud Monzalbarba: en terreno inundable y sobre suelo no urbanizable
En 2005 se construyó la Residencia Royal Villasalud en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba. Es propiedad de Promociones Sociales Monzalbarba 5 SL y tiene capacidad para 84 residentes.
Tal y como se indica en la página web del estudio de arquitectos que se encargó del proyecto, pau3, “tras varias modificaciones debidas a cambios de promotor, se construyó una residencia geriátrica en suelo no urbanizable”. AraInfo se ha puesto en contacto con pau3, donde apuntan que el arquitecto encargado de aquella obra ya no trabaja en el despacho, y que, por lo tanto, no pueden informar al respecto, pero que están “casi seguros” de que hubo una Declaración de Interés Especial para permitir la construcción.
El terreno donde se erigió el centro residencial es, además, zona inundable. Según el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el lugar donde se levanta la residencia tiene partes con catalogación de peligrosidad media y otras de nivel bajo.
La demostración de que hay un peligro evidente es que, en 2015, 69 residentes fueron desalojados, teóricamente, “por precaución”, aunque en la propia nota de prensa del Gobierno de Aragón se dijo que volverían a su centro cuando “concluyan los trabajos de limpieza del edificio”.
En 2019, de nuevo la residencia hubo de evacuarse con carácter preventivo. En ambos casos, las personas usuarias se reubicaron entre residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), centros privados y sus propios domicilios.
Aparte de la clara amenaza que para personas con, en general, problemas de movilidad, supone vivir en un lugar con riesgo de inundaciones, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se preguntan quién se hace cargo de los gastos derivados de estas evacuaciones, tanto los que dimanan de la reubicación de los residentes como aquellos que tienen que ver con las labores de limpieza y adecuación del espacio. “Lo paga el Gobierno de Aragón”, apuntan, “es decir, con dinero público se paga a una residencia privada”.
Residencia de Movera: ocho plantas cerradas, seis abiertas y promesas incumplidas
La de Movera es una de las seis residencias de gestión privada de un total de 15 que son propiedad del IASS en Zaragoza. Tras funcionar con gestión pública desde 1977, fue adjudicada en 2014 a Clece (una filial del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez) por 4,85 millones de euros menos que el presupuesto base de licitación.
La excusa dada por el Gobierno de Aragón (liderado entonces por Luisa Fernanda Rudi –PP–) fue la necesidad de “llevar a cabo obras para adaptarla a la normativa vigente y la falta de liquidez para hacerlo”. La FABZ envió una queja al Chusticia d'Aragón resaltando que meses antes “la residencia había pasado una inspección técnica que dio su aprobación sin poner ninguna traba”. El motivo real, esgrimían, era “trasvasar recursos-dinero público al sector privado para que unos pocos se coman la tarta y hagan negocio con el patrimonio de todos”.
En el pliego de prescripciones técnicas elaborado por el IASS en 2013, como paso previo al anuncio de licitación en el BOA, se señalaba que la principal característica del centro era su construcción en altura (13 plantas). El diseño, explicaban, estaba pensado para personas mayores válidas. Argumentaban entonces que el cambio de orientación, y el nuevo perfil de usuario y usuaria en plazas residenciales, compuesto mayoritariamente por personas asistidas, obligaba “a realizar adaptaciones parciales del edificio”.
Indicaban, por añadidura, que las modificaciones no supondrían una reducción en el número de plazas. Falacia que no se sostuvo demasiado, ya que sólo siete párrafos después reconocían que el nuevo centro contaría con 85 plazas, por las 135 que existían con anterioridad.
En un informe realizado por una arquitecta en nombre de IASS, tras la solicitud de información de la FABZ (al que ha tenido acceso AraInfo), se corrobora que el edificio consta de planta baja y 13 plazas altas. En 2014, explica, Clece llevó a cabo una reforma integral y, en la actualidad, funciona la planta baja y cinco altas: en cuatro de ellas hay habitaciones y en la quinta un espacio diáfano para actividades. Es decir, hay ocho plantas sin uso.
Residencia Santa Ana de Utebo: sin internet en plena pandemia y sin plan de emergencias durante dos años
El centro residencial Santa Ana de Utebo fue el que recibió a los y las residentes que tuvieron que irse de Movera. Se inauguró el 14 de abril de 2014 tras conseguir Sar Residencial y Asistencial (SARquavitae) –posteriormente DomusVi– una rebaja de 6,9 millones de euros sobre el presupuesto base.
Desde el primer momento, la FABZ ha hecho públicas varias quejas referidas, sobre todo, al excesivo precio del servicio de peluquería (9 euros para caballeros y entre 20 y 38 para mujeres), también el de podología (que pasó de 1 a 4 euros), al inexistente servicio de internet, así como a la falta de un Plan de Autoprotección y Emergencias. Además, hacían hincapié en que desde la residencia hasta la estación de cercanías o parada de autobús más cercana había más de un kilómetro, lo que, obviamente, dificultaba sobremanera la movilidad de los usuarios y las usuarias.
En abril de 2015, con PP y PAR aún al frente del Ejecutivo aragonés, llegó la respuesta del Gobierno de Aragón. Admitían que los servicios de podología y peluquería eran muy caros, pero se excusaban recordando que no eran obligatorios. En cuanto al transporte, manifestaban que “el titular debería gestionar con el Ayuntamiento de Utebo la prolongación de la línea de autobús que resulte más adecuada para facilitar el desplazamiento de usuarios y acompañantes”. El Plan de Emergencias, decían, estaba “en proceso de valoración por parte de la Inspección”.
Respecto a internet, también advertían que no era obligatorio y avisaban de que no estaba previsto ponerlo. Estimaban como suficiente la línea fija y los teléfonos inalámbricos de los que se disponía. Respuesta muy distinta a la que unos meses antes, en octubre de 2014, se le dio desde el Gobierno al Chusticia d'Aragón, y que este plasmó en otro informe: “En relación a los problemas relacionados con el acceso a internet, le informamos de que vienen dados por la acometida de la propia obra. Mientras se resuelve esta acometida, que va a paliar igualmente la falta de línea telefónica convencional, la empresa adjudicataria ha tomado como medida de urgencia y de forma provisional la instalación de tres líneas móviles para la comunicación con el exterior”.
Han pasado más de cinco años y medio desde aquello. El PSOE ha estado al frente del Gobierno la mayor parte del tiempo. ¿Ha cambiado algo? Muy poco. En declaraciones a este medio, desde el propio centro residencial señalan que no hay transporte público hasta la residencia y que siguen sin tener internet. Aspecto este nada baladí en unos tiempos en los que las videollamadas han sido la única manera para muchos y muchas mayores de ver a sus familiares. “No hay WiFi, pero tenemos unas tablets que les dejamos a los usuarios”, subrayan.
Eso sí, en enero de 2016, casi dos años después de su inauguración, se aprobó el Plan de Autoprotección y Emergencias, que, como indican desde la FABZ, es uno de los “requisitos mínimos que exige la legislación para abrir un centro de estas características”.
Descoordinación, sin preparación y el alcalde y los concejales trabajando en la residencia por falta de personal
Para elaborar el Informe sobre las Residencias de Personas Mayores en Aragón durante el Estado de Alarma por el covid-19, el Chusticia d'Aragón visitó varios centros. Uno de ellos fue el Centro Covid de Miralbueno, una de las residencias en proceso de apertura que el Gobierno de Aragón ayudó a poner en marcha ante la emergencia.
Expone el informe del Chusticia que la impresión general “era de una total improvisación, con cúmulo de material en diversas zonas, en especial botellas presurizadas de gases”. Alude también a que los y las profesionales sanitarias “se habían integrado en el centro de manera apresurada, sin directrices concretas en cuanto a su función y asumiendo labores organizativas de forma espontánea”. Asimismo, “los mayores trasladados hasta este centro desde otras residencias lo hicieron, en muchas ocasiones, sin paso previo por centros hospitalarios y en un estado para el que el centro no estaba preparado”.
Del mismo modo, acudió a la Residencia La Conchada, en Biescas, de titularidad municipal, en la que se produjeron muchos fallecimientos durante el confinamiento. Después de entrevistarse con la alcaldesa, la directora de la residencia y la coordinadora del centro de salud, el Chusticia extrajo las siguientes conclusiones: inexistencia casi total de relación entre el personal de la residencia y el centro de salud e inexistencia (hasta la intervención del centro por el IASS) “de protocolos adecuados respecto de las actuaciones de los trabajadores del centro, los cuales presentaban una insuficiente preparación”.
El tercer centro fue la Residencia San Sebastián, de Mallén (Comarca Campo de Borja), gestionada por un patronato cuyo presidente es el alcalde. En este caso, el corolario muestra “falta de protocolos claros y adecuados en las primeras semanas, casi inexistencia de coordinación entre el personal de la residencia –carente de la debida formación en muchos casos– y los servicios públicos de salud, omisión de información adecuada a los familiares y exceso de voluntarismo por parte de los miembros del patronato de la asociación del centro (alcalde y concejales) que asumieron ante la falta de personal en el centro labores que les eran impropias”.
