Aragón es el territorio del Estado español con más demora media para una intervención quirúrgica no urgente, de Cirugía General y el Aparato Digestivo, de otorrinolaringología y de traumatología. También lidera el ranking a la hora de conseguir una primera consulta en atención especializada y para obtener cita en otras cuatro especialidades.
Aragón es donde más hay que esperar para una intervención quirúrgica no urgente. Sin embargo, tiene la segunda ratio más alta de médicos de Atención Primaria (aunque solo haya cinco más que hace 12 años).
En 1991, el alcalde de Ejea firmó un convenio (que no se hizo público hasta 30 años después) con el Gobierno de Aragón para construir en el municipio una residencia pública de la tercera edad. Antes de erigirse, perdió las elecciones, pero el centro se construyó: finalmente fue privado (aunque nadie sabe si recibió dinero público) y el exalcalde se convirtió en su director. Así empieza este turbio relato.
La Muestra Artística Rural ‘Estoesloquehay’ alcanza su vigésima edición y lo celebrará en Artieda. Dos décadas de arte y cultura desde lo rural, en las que la percepción del pueblo ha cambiado: quedarse ya no es un fracaso. En realidad, nunca lo fue.
El 25 de junio de 2019, en una visita a la delegada del Gobierno, el alcalde, Jorge Azcón, anunció que el Ayuntamiento se incorporaría a VioGén. En octubre del mismo año se aprobó en el Pleno, con los únicos votos en contra de la extrema derecha. Más de tres años después, apenas se ha celebrado una reunión y el proceso está encallado.
Hablamos de Instalaza. En ella trabajó Pedro Morenés, que, posteriormente, cuando fue ministro de Defensa con el PP, firmó múltiples contratos con la misma. Además, el Gobierno español declaró sus instalaciones como de “Interés militar”.
Desde el Ayuntamiento han seguido enviando los recibos de pago del canon de la concesión a pesar de no haber contrato. Y la empresa explotadora reclama 134.000 euros por la gestión. Un informe del interventor municipal deja claro que se trata de “una prórroga tácita no permitida por los pliegos ni por la legislación contractual” y que el Consistorio debe compensar económicamente a la explotadora, puesto que, de lo contrario, “se estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la Administración”.
La Colegiata de Santa María de Calatayud –de la que la Iglesia se apropió en marzo de 2015– abrió sus puertas el pasado 9 de mayo tras 12 años de restauraciones. El gasto total ha sido de más de 4 millones de euros, que han salido de las arcas del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón y del español. El Consistorio instalará una pantalla gigante en la plaza de Santa María para que todo el pueblo pueda seguir la primera misa tras la reapertura.
MotorLand, el Aeropuerto de Uesca y el recinto de la Expo de 2008: un repaso a algunos proyectos que se vendieron como magníficas inversiones (desde un punto de vista social y económico) y que, años después, acumulan pérdidas
Javier Lambán asegura que no hay macrogranjas porcinas porque, como no podía ser de otra manera, todas las explotaciones cumplen con el número máximo de cerdos que permite la ley estatal. Pero Aragón es el territorio del estado con más instalaciones que, por su tamaño, deben cumplir con los requerimientos de información ambiental.
Desde 2010, se han transferido a la Conferencia Episcopal más de 7,2 millones de euros para las misas en los centros penitenciarios. En 2022, la aportación será de 792.640 euros. El gasto directo religioso en el proyecto de Presupuestos asciende a 1,56 millones de euros. A ello hay que sumar otras aportaciones "escondidas" dentro de la maraña de cifras que conforman las cuentas.
Juan solicitó una plaza en un centro de día para su hijo (una persona con autismo) en diciembre de 2020. Aún no se ha realizado el concierto. Hasta julio fue a un centro de educación especial, en agosto estuvo en casa y el objetivo era que tuviera plaza el 1 de septiembre, por eso hicieron la solicitud con tanta antelación. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que es un caso excepcional y que, en la mayoría de las ocasiones, todo está resuelto a principios de septiembre. Él dice que hay unas 20 familias en la misma situación. AraInfo ha hablado con tres de ellas.
La regulación del alquiler será un asunto insoslayable en la inmediata negociación de presupuestos. La propuesta hecha en marzo por el PSOE, que contemplaba incentivos fiscales para los propietarios, fue un fracaso en Portugal, según un informe encargado por la Vicepresidencia Segunda.
“Solar y eólica, sí, pero no así”. El lema se repite. En Aragón se podrían cuadriplicar los megavatios actuales con la proliferación descontrolada de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Varias organizaciones transmiten su preocupación por lo que consideran una “ofensiva que arrasa valles enteros”. La connivencia entre eléctricas y Administración está en boca de todos.
El 80% de las personas cuidadoras son no profesionales. El 74,4% mujeres. Su esencialidad se perdió (del todo) cuando se decidió qué colectivos serían vacunados de manera preferente. Pilar Burillo es maestra y cuidadora: “No me han hecho ni una PCR y la vacuna me la han puesto por edad”. Conchita Sánchez perdió a su madre y a su hermana en el mismo accidente de coche en el que su hijo se quedó en silla de ruedas y sin poder hablar: “Pedí una ayuda económica y no me dieron nada, así que con 37 años dejé de trabajar”.
Este órgano consultivo emitió un informe reclamando, antes de nuevas gestiones, una estrategia de implantación de proyectos de renovables. Desde ese momento se han autorizado otros siete y hay 770 en tramitación. También exigen la aprobación de unos planes de conservación de determinadas especies que llevan años paralizados, algunos desde 2015.
Zaragoza en Común reiteró su solicitud de información acerca de las facturas de un teleprompter, un curso de redes sociales y una asesoría jurídica en el Barrio de Juslibol. Desde el Gobierno municipal aseguran que están cansados de este tema –al que no conceden ninguna importancia– y afirman que la información que hay es la que ya se ha dado.
Ivo Aragón y Sergio Benítez firmaron una carta en el Diario de Teruel, en representación de la Plataforma Aguilar Natural, en la que criticaban la sentencia de una jueza que permitía la instalación de una mina de arcilla en su pueblo. Esas opiniones les supusieron una multa de casi 6.000 euros por daños morales.
Jorge Azcón acusó, de muy malas maneras, a la concejala de Zaragoza en Común Luisa Broto de hacer injurias por decir que el alcalde de Juslibol había comprado un ‘teleprompter’, “cuando sólo se ha comprado una televisión para el centro cívico”. La edil solicitó la factura y, en ella, se puede comprobar que, efectivamente, entre los productos adquiridos se encuentra un “sistema ‘teleprompter’”.
En Zaragoza en Común, que ha pedido información por esta factura en el Pleno municipal, se preguntan “para qué necesita el Barrio de Juslibol una pantalla como la que utilizan los presentadores y presentadoras de televisión”. Hay otra factura, de 1.210 euros, para Asesoramiento, Comunicación y Redes Sociales. Algo extraño, habida cuenta de que la Junta Vecinal no tiene redes sociales.
Cuatro días antes de la manifestación contra la Ley Celaá, compraron cinta naranja e imperdibles con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza y con el concepto ‘Material para actos de protocolo”. Desde el Consistorio aseguran que fue un error. No es el primer caso de utilización de dinero público para fines partidistas por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos.
Se compraron a través de la Junta Vecinal de Monzalbarba, cuyo alcalde, Abel Anadón (PP), asegura que lo que hacen los cazadores eliminando palomas es un bien para todos los vecinos y vecinas, y que este tipo de ayudas nunca pasan por el Pleno
La tragedia del Covid alcanza sus más altas dosis de crueldad en las residencias de mayores. Un interno y dos familiares le cuentan a AraInfo lo que están viviendo. No todo es malo: “Todos los días nos llamaba la asistente social y el médico. Te atienden muy bien y con mucho cariño, incluso en Navidad mandaron un mensaje para felicitarnos”.
Acaban de ser nombrados por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos. En 2018 estaban en rebeldía procesal por una deuda contraída con La Zaragozana S. A. Aseguran que el problema es que no les llegó la notificación y que pagaron en cuanto se enteraron. El secretario de Organización fue denunciado, también en 2018, ante la Comisión de Garantías del partido.
Mientras se desarrollaba la charla, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, aparecieron multitud de rayones, siete esvásticas y la palabra “fea” al lado de la cara de una mujer en silla de ruedas que contaba su experiencia. El acto lo abrió la concejala de Igualdad, cuya dimisión pidió Vox por utilizar el término "violencia de género".
En la anterior legislatura se abrieron 29 procesos de participación ciudadana (más de siete al año). Con la llegada de la derecha al Consistorio se apagó la voz de la calle: no se llega a tres por anualidad. “No tienen problema en reunirse y llegar a acuerdos con aquellos que representan intereses privados, pero son incapaces de escuchar a la ciudadanía”, apunta Luisa Broto (ZeC).
En nueve casos, las propietarias eran promotoras o sociedades; el resto, particulares. Desde el Ayuntamiento aseguran que ellos “no echan a nadie: ni nos enteramos de si alguien se ha ido a la calle”. Apuntan también que desde Servicios Sociales se visitan chabolas e infraviviendas, pero no trasteros.