Desde el Ayuntamiento han seguido enviando los recibos de pago del canon de la concesión a pesar de no haber contrato. Y la empresa explotadora reclama 134.000 euros por la gestión. Un informe del interventor municipal deja claro que se trata de “una prórroga tácita no permitida por los pliegos ni por la legislación contractual” y que el Consistorio debe compensar económicamente a la explotadora, puesto que, de lo contrario, “se estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la Administración”.
