Javier Lambán asegura que no hay macrogranjas porcinas porque, como no podía ser de otra manera, todas las explotaciones cumplen con el número máximo de cerdos que permite la ley estatal. Pero Aragón es el territorio del estado con más instalaciones que, por su tamaño, deben cumplir con los requerimientos de información ambiental.
Desde 2010, se han transferido a la Conferencia Episcopal más de 7,2 millones de euros para las misas en los centros penitenciarios. En 2022, la aportación será de 792.640 euros. El gasto directo religioso en el proyecto de Presupuestos asciende a 1,56 millones de euros. A ello hay que sumar otras aportaciones "escondidas" dentro de la maraña de cifras que conforman las cuentas.
Juan solicitó una plaza en un centro de día para su hijo (una persona con autismo) en diciembre de 2020. Aún no se ha realizado el concierto. Hasta julio fue a un centro de educación especial, en agosto estuvo en casa y el objetivo era que tuviera plaza el 1 de septiembre, por eso hicieron la solicitud con tanta antelación. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que es un caso excepcional y que, en la mayoría de las ocasiones, todo está resuelto a principios de septiembre. Él dice que hay unas 20 familias en la misma situación. AraInfo ha hablado con tres de ellas.
La regulación del alquiler será un asunto insoslayable en la inmediata negociación de presupuestos. La propuesta hecha en marzo por el PSOE, que contemplaba incentivos fiscales para los propietarios, fue un fracaso en Portugal, según un informe encargado por la Vicepresidencia Segunda.
“Solar y eólica, sí, pero no así”. El lema se repite. En Aragón se podrían cuadriplicar los megavatios actuales con la proliferación descontrolada de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Varias organizaciones transmiten su preocupación por lo que consideran una “ofensiva que arrasa valles enteros”. La connivencia entre eléctricas y Administración está en boca de todos.
El 80% de las personas cuidadoras son no profesionales. El 74,4% mujeres. Su esencialidad se perdió (del todo) cuando se decidió qué colectivos serían vacunados de manera preferente. Pilar Burillo es maestra y cuidadora: “No me han hecho ni una PCR y la vacuna me la han puesto por edad”. Conchita Sánchez perdió a su madre y a su hermana en el mismo accidente de coche en el que su hijo se quedó en silla de ruedas y sin poder hablar: “Pedí una ayuda económica y no me dieron nada, así que con 37 años dejé de trabajar”.
Este órgano consultivo emitió un informe reclamando, antes de nuevas gestiones, una estrategia de implantación de proyectos de renovables. Desde ese momento se han autorizado otros siete y hay 770 en tramitación. También exigen la aprobación de unos planes de conservación de determinadas especies que llevan años paralizados, algunos desde 2015.
Zaragoza en Común reiteró su solicitud de información acerca de las facturas de un teleprompter, un curso de redes sociales y una asesoría jurídica en el Barrio de Juslibol. Desde el Gobierno municipal aseguran que están cansados de este tema –al que no conceden ninguna importancia– y afirman que la información que hay es la que ya se ha dado.
Ivo Aragón y Sergio Benítez firmaron una carta en el Diario de Teruel, en representación de la Plataforma Aguilar Natural, en la que criticaban la sentencia de una jueza que permitía la instalación de una mina de arcilla en su pueblo. Esas opiniones les supusieron una multa de casi 6.000 euros por daños morales.
Jorge Azcón acusó, de muy malas maneras, a la concejala de Zaragoza en Común Luisa Broto de hacer injurias por decir que el alcalde de Juslibol había comprado un ‘teleprompter’, “cuando sólo se ha comprado una televisión para el centro cívico”. La edil solicitó la factura y, en ella, se puede comprobar que, efectivamente, entre los productos adquiridos se encuentra un “sistema ‘teleprompter’”.
En Zaragoza en Común, que ha pedido información por esta factura en el Pleno municipal, se preguntan “para qué necesita el Barrio de Juslibol una pantalla como la que utilizan los presentadores y presentadoras de televisión”. Hay otra factura, de 1.210 euros, para Asesoramiento, Comunicación y Redes Sociales. Algo extraño, habida cuenta de que la Junta Vecinal no tiene redes sociales.
Cuatro días antes de la manifestación contra la Ley Celaá, compraron cinta naranja e imperdibles con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza y con el concepto ‘Material para actos de protocolo”. Desde el Consistorio aseguran que fue un error. No es el primer caso de utilización de dinero público para fines partidistas por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos.
Se compraron a través de la Junta Vecinal de Monzalbarba, cuyo alcalde, Abel Anadón (PP), asegura que lo que hacen los cazadores eliminando palomas es un bien para todos los vecinos y vecinas, y que este tipo de ayudas nunca pasan por el Pleno
La tragedia del Covid alcanza sus más altas dosis de crueldad en las residencias de mayores. Un interno y dos familiares le cuentan a AraInfo lo que están viviendo. No todo es malo: “Todos los días nos llamaba la asistente social y el médico. Te atienden muy bien y con mucho cariño, incluso en Navidad mandaron un mensaje para felicitarnos”.
Acaban de ser nombrados por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos. En 2018 estaban en rebeldía procesal por una deuda contraída con La Zaragozana S. A. Aseguran que el problema es que no les llegó la notificación y que pagaron en cuanto se enteraron. El secretario de Organización fue denunciado, también en 2018, ante la Comisión de Garantías del partido.
Mientras se desarrollaba la charla, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, aparecieron multitud de rayones, siete esvásticas y la palabra “fea” al lado de la cara de una mujer en silla de ruedas que contaba su experiencia. El acto lo abrió la concejala de Igualdad, cuya dimisión pidió Vox por utilizar el término "violencia de género".
En la anterior legislatura se abrieron 29 procesos de participación ciudadana (más de siete al año). Con la llegada de la derecha al Consistorio se apagó la voz de la calle: no se llega a tres por anualidad. “No tienen problema en reunirse y llegar a acuerdos con aquellos que representan intereses privados, pero son incapaces de escuchar a la ciudadanía”, apunta Luisa Broto (ZeC).
En nueve casos, las propietarias eran promotoras o sociedades; el resto, particulares. Desde el Ayuntamiento aseguran que ellos “no echan a nadie: ni nos enteramos de si alguien se ha ido a la calle”. Apuntan también que desde Servicios Sociales se visitan chabolas e infraviviendas, pero no trasteros.
Las enormes deficiencias del sistema residencial se han destapado crueles durante esta pandemia. La de Monzalbarba se hizo en terreno inundable, en Utebo no tienen internet y en Movera hay más plantas cerradas que abiertas. Durante el primer estado de alarma, según el Chusticia d'Aragón, hubo descoordinación, improvisación y hasta un alcalde y sus concejales trabajando en un centro por falta de personal.
Con la inauguración de La Torre Outlet (17.000 personas acudieron) Zaragoza ya tiene más de 653.000 m2 de centros comerciales y Aragón sigue siendo el territorio del Estado con más superficie comercial. Desde la Federación de Barrios recuerdan que es un proyecto judicializado: “Quizás por eso lo han abierto deprisa y corriendo”.
El 70% de las residencias en Aragón son privadas. Entre las, teóricamente, públicas, hay 15 que dependen del Gobierno de Aragón. Seis de ellas (todas en Zaragoza) son de gestión privada. Las adjudicaciones se hicieron, de media, con una rebaja de 4,44 millones de euros sobre el presupuesto base. Además, el Ejecutivo tiene 1.290 plazas concertadas y paga alrededor de 1.480 euros mensuales por cada una de ellas.
Algunas de las fotos que aparecen en las redes sociales de la formación se venden –sin indicar quién aparece en las mismas– en shutterstock e iStock. Desde el partido aseguran que ha sido un error personal del responsable de Comunicación Digital y que las imágenes ya han sido retiradas. También se comercializan fotografías –estas sólo para uso editorial– del presidente y el vicepresidente de Aragón y del personal de limpieza de las Cortes.
Hasta ahora, en las competiciones de infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, podían jugar equipos femeninos, masculinos y mixtos. La Asamblea de la Federación Aragonesa de Fútbol (con 59 votos a favor y uno en contra) ha aprobado una modificación que obliga a los equipos de chicas a jugar en ligas sólo femeninas y limita al 20 % la presencia de niñas en plantillas de niños.
En 2005, 20 heroínas lograron la hazaña de llevar a Zaragoza a la máxima categoría del fútbol femenino: “Lo conseguimos sin cobrar, sin material, por amor al deporte. Hicimos historia”. El reconocimiento público nunca ha llegado: “Costó mucho sacrificio por parte de las jugadoras, el cuerpo técnico y las familias, es una pena que no se valore”. “A veces algún despistado se pasaba por el campo y decía: ‘Ah, que son tías’, y se iba”
La Delegación del Gobierno en Aragón ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Calatayud –como antes hicieran el Gobierno aragonés, la secretaria general del Consistorio y el Chusticia– señalando que deben retirar a Franco la medalla de oro de la ciudad. La justificación reiterada por el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda (PP), para negarse a hacerlo es que la medalla tiene carácter vitalicio y queda sin efecto con la muerte del dictador. El argumento ha sido desmontado en multitud de ocasiones, pero no ha servido de nada.
El 18 de junio de 2019, por orden de Vox, el Ayuntamiento de Cadrete (donde la extrema derecha gobierna con PP y Ciudadanos) retiró de la plaza Aragón del municipio zaragozano el busto de Abderraman III. Este se guardó en el centro de interpretación, que había sido cerrado cinco días antes por la finalización del contrato del guía que hacía las visitas. Un año después, sigue sin abrirse. La alcaldesa popular asegura que aún no han podido coger a un sustituto.
En Aragón hay 49.000 hogares monoparentales y el 79,5% están encabezados por mujeres. En más del 90% de los casos son españolas y una de cada dos está en riesgo de pobreza y exclusión. Son “el modelo de familia más vulnerable”, dice Vanessa Bergasa, de Amasol. “No existimos, no se contempla nuestra casuística, hacemos lo mismo que cualquier familia, pero siendo sólo una persona”, dice Cristina Mena mientras su hija de 4 años reclama su atención (la única que puede tener).