De las 643 personas que han fallecido en Aragón –a 21 de abril de 2020– por culpa del coronavirus, 490 vivían en alguna de las 344 residencias para mayores (de titularidad pública o privada) que hay en este territorio. Es decir, el 76,2 %. La mortalidad emanada de esta pandemia se multiplica en estos centros, no sólo en España, sino en toda Europa.
Las devastadoras cifras se vuelven terroríficas cuando se circunscriben únicamente a las residencias de ancianos, en las que, en Aragón, viven 22.000 personas y trabajan 8.700. ¿Por qué? Entre los expertos hay puntos en común y también discrepancias: Joaquín Santos, director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), deja claro que “los centros residenciales no están preparados para el aislamiento”.
Para que en estos lugares se tomaran las medidas correspondientes, continúa Santos, se debería poder separar a las personas en cuatro grupos: “Contagiados, personas que han tenido contacto con contagiados, excontagiados que todavía no pueden compartir espacio con el resto y no contagiados asintomáticos. Pero no están preparadas para eso”. A esto, dice el director del IASS, “hay que sumarle que el virus ataca con mucha virulencia a mayores con pluripatologías previas, y las residencias están llenas de gente con estas características. Por último, el riesgo crece allá donde se juntan muchas personas, y eso en una residencia no lo puedes evitar”.
Gustavo García, coordinador en Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, coincide con Santos en lo que respecta al tipo de personas que allí residen y a la inevitable compartición de espacio. Y añade dos motivos más: “Los cuidados no se les pueden proporcionar a distancia, los gerocultores necesitan un contacto físico para ayudarles a vestirse, a levantarse… Pero los gerocultores no viven en la residencia”. Este virus, dice, “es tan cruel porque les llega a los mayores a través de lo que más necesitan: el contacto físico y personal”. Por añadidura, cree que en España “se empezó tarde a tomar medidas drásticas”.
“La falta de personal y de previsión, tanto de empresas como de administraciones”, es el principal motivo para Angélica Mazo, secretaria del Sector de Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad de FeSP UGT Aragón. “Nadie estaba preparado para esto”, aclara, pero critica que las residencias no tengan obligación de tener un mínimo remanente de mascarillas, batas y, en general, material de protección. “Sólo tenían guantes”.
Además, apunta Mazo, “cuando en una residencia empieza a haber positivos los dejan allí –salvo que se pongan muy enfermos–, y únicamente les dan unas indicaciones para seguir unos protocolos. Entonces empiezan a contagiarse unos a otros, y esto sucede porque las personas que dirigen las residencias, muchas veces, no son personal muy preparado y es difícil que sigan los protocolos correctamente”.
Casi 850 inspecciones desde 2015 y 23 centros cerrados
La situación actual, aunque con leves y lentas mejorías, es de sobra conocida. Pero, ¿cuál era el estado anterior de las residencias de ancianos en Aragón? Después del incendio de la residencia Santa Fe de Zaragoza, que tuvo lugar en la noche del sábado 11 de julio de 2015, y en el que perecieron nueve personas, se supo que dicho centro funcionaba de manera “alegal”, ya que tenía la licencia de denegada –por parte del Gobierno de Aragón– por no haber subsanado las deficiencias de mantenimiento e higiénico sanitarias advertidas en una inspección realizada en 2011.
A partir de ese momento, se intensificaron las inspecciones: según la información proporcionada por el Ejecutivo aragonés, ha habido 846 (158 en 2015, 178 en 2016, 160 en 2017, 190 en 2018 y 160 en 2019), que han provocado el cierre de 23 residencias.
En palabras del director del IASS, en la mayoría de los casos, las clausuras tuvieron que ver con problemas de carácter estructural como no cumplir los requisitos en cuanto a anchura de las zonas de paso o de las puertas. A lo que hay que añadir carencias en las medidas de seguridad. En su opinión, de no haberse intensificado estas inspecciones “ahora lo estaríamos pasando mucho peor”.
Gustavo García corrobora lo dicho por Santos, pero adiciona la falta de personal cualificado como otro de los motivos que impelieron estos cierres. La representante de UGT coincide en apuntar a los déficits de tipo estructural y critica que estas inspecciones se centren en el edificio y no en si la maquinaría que se usa –por ejemplo, grúas– funciona correctamente.
No comparte García esta opinión. Para él, las residencias “son uno de los servicios más intervenidos de la sociedad, las inspecciona Sanidad y lo miran todo. Abrir una residencia en España es un dolor de muelas”.
Santos recuerda que el IASS tiene conciertos con la mayor parte de centros residenciales de Aragón, y que hacen un continuo seguimiento. Todos los años, afirma, “se hace inspección, al menos, de la mitad de los centros”.
30 trabajadores (sin distinción de categoría o turno) por cada 100 pacientes
Según el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, en las residencias de ancianos válidos el ratio de personal ha de ser, como mínimo, del 0,25 (25 trabajadores por cada 100 internos), la exigencia sube al 0,30 en el caso de las residencias de ancianos mixtas y llega al 0,35 en las asistidas.
Aparte de reclamar un aumento de la ratio, Angélica Mazo pone el acento en el hecho de que no se diferencia por categorías profesionales: “Piden 30 personas por cada 100 pacientes, pero no se exige un mínimo de sericultores, de enfermeras…; o sea, con que tengan 30 trabajadores o trabajadoras es suficiente, da igual a qué se dediquen”.
Esta vez sí concuerda su visión con la de Gustavo García, el cual tiene claro que lo que más hace falta son gerocultores. “Que haya enfermería, médico, está bien, pero los problemas sanitarios de los residentes han de ser respondidos desde el Sistema Nacional de Salud, las residencias no son hospitales”.
“El modelo más habitual en Aragón es el de residencias masificadas en las que se infantiliza al mayor”
Gustavo García lleva desde 1982 visitando residencias. En todo este tiempo, explica, se ha encontrado varios modelos, entre los que están “los asilos de ancianos desamparados, los grandes bloques del Imserso o los hotelitos con encanto (pequeñas residencias en sitios idílicos que, incluso, exigían no padecer ninguna enfermedad contagiosa y valerse por sí mismos para poder entrar)”.
El cuarto modelo, dice, que es el más habitual ahora tanto en Aragón como en España, “son hospitales de baja intensidad, masificados y donde se les organiza la vida a los internos de una manera absolutamente institucionalizada. Todos los mayores van al mismo tiempo a dibujar, a disfrazarse, hay una infantilización del mayor. Imagina desayunar, comer y cenar todos los días en un lugar con 150 personas, y luego a ver la tele a otro sitio igual. Es un confinamiento continuo. No hay derecho a tratar así al ser humano”. García, que se muestra muy crítico con esta tipología, subraya, no obstante, que son centros, en general, “con calidad, bien cuidados e higiene y alimentación correctas”.
Y hay un quinto modelo, que es al que se está tendiendo en los últimos tiempos, que apunta a “lugares más hogareños, con una atención más personalizada y un mayor número de habitaciones individuales”. Centros “en los que se refuerza la capacidad de decisión de las personas, que puedan elegir qué comer, que no estén siempre todas juntas”.
86 residencias investigadas penalmente en España. Una en Aragón
A tenor de lo publicado por rtve, con datos recopilados de las distintas comunidades, el número de fallecidos en residencias de ancianos en todo el territorio estatal es de 14.683. Por lo tanto, supone el 69,8 % del total.
En España hay 5.457 residencias, ya sean públicas o privadas. La altísima tasa de mortalidad ha provocado que, en la actualidad, haya 86 diligencias penales, ergo, 86 residencias investigadas, según el Ministerio Fiscal, por “denuncias interpuestas, entre otros, por familiares y trabajadores de los establecimientos”. Madrid con 40 y Catalunya con 20 son los lugares más afectados. Sólo una de las investigadas está en Aragón.
También hay abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan, tal y como se indica desde el Ministerio Fiscal, en la labor de dicha institución “en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Estas diligencias, comentan, tienen diversos objetivos: “De un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito”. Catalunya es donde más diligencias civiles abiertas hay (50), mientras que en Aragón se quedan en tres.
