El dictamen confirma las graves incertidumbres sobre el comportamiento de las laderas de Yesa y que éste se escapa a lo que afirmaron los modelos utilizados y los informes presentados de 2013 a 2015 como fiables y de rigor por haber sido simplistas. Así, se admite finalmente que poco se puede hacer para aumentar la seguridad y, por tanto, se asume someter a la población a mayor riesgo que el considerado anteriormente.
Pese a la grave preocupación, hasta de la propia CHE, por los problemas de seguridad para las poblaciones ribereñas, el recrecimiento del pantano de Yesa que ya ha consumido cerca de 500 millones de euros, 400 más de los 100 presupuestados inicialmente, suma ahora otras dos partidas en los PGE para 2022 hasta llegar a 730 millones. Mientras la Asociación Río Aragón denuncia “la sistemática ocultación de información por parte de la CHE” que aún no ha publicado el informe sobre seguridad del Colegio de Ingenieros e Ingenieras de Caminos Canales y Puertos.