Chueca traslada el bloqueo de la regularización mientras 42 colectivos denuncian racismo institucional: “No es desorganización, es estrategia”

El tejido social y comunitario de Zaragoza denuncia “violencia administrativa”, trato discriminatorio y colas “inhumanas” provocadas por decisiones del Gobierno PP-Vox. La protesta se suma a las denuncias de trabajadores municipales, CGT, ZeC y PSOE —que llevó el caso al Chusticia d’Aragón—. El Ayuntamiento reubica el servicio en la Casa de las Culturas sin cambiar el modelo que ha generado el problema.

Rueda de prensa del tejido social y comunitario zaragozano | Foto: AraInfo

Colas en la calle, puertas cerradas y trámites bloqueados. Lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza no es un fallo de gestión: es una política consciente. El Gobierno de Natalia Chueca (PP-Vox) ha convertido la regularización de personas migrantes en un muro burocrático. 42 colectivos denuncian que detrás de este colapso provocado hay racismo institucional.

Las organizaciones, plataformas y colectivos —entre ellos entidades antirracistas, feministas, vecinales, sindicales y profesionales— han hecho público este diagnóstico en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la puerta principal del Ayuntamiento de Zaragoza. Allí han denunciado que la situación no responde a una falta de medios o coordinación, sino a decisiones políticas deliberadas.

“Lo que estamos viendo no es desorganización, es una estrategia consciente de obstaculización”, advierten en un pronunciamiento conjunto firmado por 42 entidades del tejido social de la ciudad.

El documento señala directamente al Gobierno municipal por haber construido un escenario de bloqueo a partir de decisiones concretas: la centralización de los trámites en la Plaza del Pilar, la paralización de la atención en juntas municipales y servicios sociales y la ocultación de vías alternativas de registro.

Para las entidades firmantes, estas medidas no solo generan saturación, sino que buscan trasladar una imagen de caos que responsabiliza a las personas migrantes. “Se está construyendo deliberadamente un escenario para señalar a las personas migrantes como un problema, cuando en realidad son víctimas de estas decisiones”, denuncian.

Detrás de las colas, subrayan, hay personas que ya forman parte de la ciudad. “Son vecinas que trabajan, cuidan y sostienen barrios enteros, y que hoy se ven obligadas a esperar durante horas bajo el sol por un documento que debería estar garantizado”.

Trato diferenciado, bloqueo de trámites y desinformación

El pronunciamiento detalla prácticas que consideran especialmente graves y que apuntan a un patrón de discriminación institucional.

Entre ellas, la imposición de un trato diferenciado en función de la situación administrativa, lo que vulneraría principios básicos de igualdad y no discriminación. También denuncian el bloqueo de canales de acceso a documentación esencial, como los certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad, imprescindibles para iniciar el proceso.

A esto se suma la desinformación sistemática sobre las vías disponibles para realizar los trámites, pese a la existencia de un sistema interconectado de registros que permitiría distribuir la carga de trabajo entre distintas oficinas.

Las organizaciones advierten además de que se está empujando a las personas a situaciones “inhumanas”, con largas esperas en la calle mientras recursos públicos permanecen infrautilizados. “El interior del Ayuntamiento está vacío mientras la gente hace cola fuera”, denuncian.

Todo ello configura un caso claro de “violencia administrativa” que no solo dificulta el proceso de regularización, sino que perpetúa la precariedad y alimenta discursos racistas y excluyentes.

Exigen medidas urgentes y el fin de las instrucciones discriminatorias

Ante esta situación, las entidades firmantes reclaman una respuesta inmediata del Ayuntamiento de Zaragoza.

Exigen la descentralización de los trámites para que puedan realizarse en todos los registros municipales, el refuerzo urgente de medios humanos y materiales y la garantía de información clara, accesible y veraz.

También reclaman la revocación de cualquier instrucción interna que suponga discriminación directa o indirecta y advierten de que no se puede permitir que la burocracia se convierta en una herramienta de exclusión.

“La regularización es una cuestión de justicia social y de derechos humanos”, recuerdan. “Reconoce una realidad que ya existe: la de personas que viven y trabajan en esta ciudad”.

La denuncia de racismo institucional ha llegado a las puertas del Ayuntamiento | Foto: Feministas Aragón por Nicaragua

Continuidad de las denuncias: del Ayuntamiento al Chusticia

La denuncia del tejido asociativo se suma a una escalada de críticas en los últimos días. Trabajadores municipales han alertado de órdenes internas para centralizar los trámites y derivar a la Plaza del Pilar, lo que estaría agravando la saturación en lugar de aliviarla.

La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza ha ido más allá y ha denunciado abiertamente una “gestión consciente” del colapso. En un comunicado difundido este martes, sostiene que el caos “se ha generado de manera consciente” como forma de rechazo a la regularización y acusa al Gobierno municipal de PP y Vox de “boicotear” el proceso. El sindicato señala además que las decisiones adoptadas no están evitando la saturación, sino “incrementándola”, y muestra su apoyo a la plantilla municipal, especialmente en servicios como la Casa de las Culturas y el Registro de la Plaza del Pilar, donde se ha concentrado la mayor carga de trabajo. También denuncia que se están dando instrucciones para limitar el acceso a trámites que podrían realizarse en distintos registros municipales, pese a que la normativa permite utilizar cualquier registro de la administración.

En paralelo, Zaragoza en Común denunció obstáculos en la emisión de certificados clave para el proceso y advirtió de decisiones que podrían dificultar la incorporación al mismo. Por su parte, el PSOE llevó la situación al Chusticia d’Aragón al considerar que se estaban vulnerando derechos en el acceso a la documentación necesaria.

Todo ello se produce en un contexto de ofensiva frontal del PP y Vox a la regularización extraordinaria, una medida que en Aragón permitirá a unas 17.000 personas acceder a autorización de residencia y trabajo y que ambos partidos han tratado de bloquear desde las instituciones, tanto en el Ejecutivo en funciones de Jorge Azcón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que impugne en los tribunales el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que promueve la regularización.

Colectivos antirracistas ya habían advertido el pasado mes de marzo de identificaciones y detenciones de personas migrantes en barrios zaragozanos como Delicias, Las Fuentes y San Pablo, denunciando prácticas de perfilamiento racial y alertando de que “no son hechos aislados”, sino parte de una dinámica más amplia que afecta directamente a quienes podrían acogerse a la regularización.

En plena escalada de críticas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este mismo miércoles un cambio en la gestión del proceso. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha comunicado que a partir del próximo lunes se centralizará en la Casa de las Culturas la elaboración de los informes de vulnerabilidad dirigidos a personas migrantes. El servicio contará inicialmente con un equipo de unas 15 personas —entre trabajadoras sociales y personal administrativo—, ofrecerá atención en horario de mañana y tarde y funcionará mediante cita previa.

Sin embargo, lejos de resolver el problema de fondo, la medida mantiene la lógica de centralización que trabajadores municipales y colectivos sociales habían señalado como origen del bloqueo, trasladando ahora la presión a un nuevo punto de atención y añadiendo nuevas barreras de acceso. Además, el Registro Municipal de la Plaza del Pilar seguirá expidiendo certificados de empadronamiento, lo que obliga a muchas personas a recorrer varios circuitos administrativos para completar los trámites y hace prever que las situaciones de saturación puedan reproducirse en la nueva ubicación.

42 organizaciones firman el pronunciamiento

El comunicado está respaldado por 42 organizaciones, colectivos y plataformas del tejido social de Zaragoza: Asociación Juvenil Colectivo Saharaui LEFRIG, Feministas Aragón por Nicaragua, Movimiento Antirracista de Zaragoza, Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Voces Migradas Sociedad Ilimitada, Asociación Olla Comunitaria del Gancho, Asociación Nicaragua Libre, Asociación Sociocultural El Cantero de Torrero, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), CAMPA (Colectivo de apoyo a disidencias presas en Aragón), Asociación La Maloca, Plataforma Nosotras Raíces del Mundo, Amarantas (colectiva feminista y antirracista), Kemet Zaragoza, Argentines Migrantes Zaragoza, SOS Refugiados, Plataforma Rosa Cortés, Anticapitalistas Aragón, Asamblea Ciudadana por la Paz y contra las Guerras, Asociación Vecinal de la Madalena Calle y Libertad, EUFORIA Familias Trans-Aliadas, Asociación Las Bielas Salvajes, Asociación Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, Asociación Vecinal Cuarte Bajo Huerva, Comité Óscar Romero de Aragón, Consejo Diocesano de Acción Católica de Zaragoza, Paraguas Feminista Zaragoza, Ayuda a Refugiadas Zaragoza, Asamblea feminista 8M, Iniciativa por Palestina Zaragoza, Ateneo Republicano de Zaragoza, Vagas y Maleantes, Colectivo Amalgama, Asociación Vecinal La Granja de San José, Chrysallis Aragón, CGT, Asociación Vecinal Montes de Torrero-Venecia, Asociación Barro y Albardín, Asociación de Mujeres de Conakry en Aragón (AMUCAR), Red AFRICagua y Red Chilena ZGZ.

Frente a este escenario, llaman a reforzar la respuesta colectiva y a no normalizar el racismo institucional. “Frente al avance de discursos de odio, más comunidad, más justicia y más humanidad”.

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