El Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno español ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la de 2007 del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta ley como principal novedad extinguirá las fundaciones que, como la de Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.
Con la norma, se condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura, y se declaran nulos los juicios represivos del franquismo.
La norma también recoge la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que regenta el valle de Cuelgamuros en la actualidad. Una vez quede extinguida esta fundación, los monjes benedictinos deberán abandonar el lugar (el ejecutivo quiere negociar ese extremo con la Iglesia). Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio tomará las riendas de todo el Valle.
La ley anterior no preveía castigar con multas los incumplimientos de la norma, esta sí lo hará con cuantías de hasta 140.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.
El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso a partir de septiembre. El ala izquierda del Parlamento ha considerado esta ley insuficiente y los diferentes partidos políticos propondrán diferentes enmiendas durante el trámite parlamentario. Por su parte, PP ha anunciado que en caso de ganar las próximas elecciones la sustituirá por una llamada “Ley de Concordia” y Vox ha anunciado sin siquiera haber leído la norma que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
La ley de memoria aragonesa
En Aragón esta ley tendrá que convivir con la Ley de Memoria Democrática de Aragón aprobada en 2019. A este respecto Enrique Gómez, presidente de ARMHA, ha asegurado a AraInfo que esta dicotomía ya existía con la de 2007 aunque “a ninguna asociación nos han explicado cual es el proceso que habitualmente puede llevar un juez a decir en un momento determinado que esta ley es de más rango al ser estatal, y nos de igual que la ley de Aragón sea más progresista porque decidan aplicar la otra norma”.
Por su parte, Adolfo Barrena de la Fundación 14 de abril ha sido más optimista con la convivencia entre las dos leyes y asegura que “las dos leyes forman parte de la arquitectura del estado en el marco de la constitución. La nueva ley estatal recoge y armoniza las autonómicas”.
Valoración de la nueva ley
Barrena por su parte reconoce que “nos habría gustado ir más allá porque, aunque sea un paso adelante, sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977 que es la que otorga impunidad al franquismo”. Aunque la considera “una mejora evidente de la vigente Ley de Memoria de 2007” y apunta alguna de las novedades.
Si sale adelante el Estado deberá asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar las identificaciones de los/as desaparecidos/as, prevé la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas, contempla como delito la figura del enaltecimiento del franquismo y prohíbe las entidades que lo ensalcen, como la Fundación Francisco Franco.
En lo que respecta a la nueva ley ARMHA ha sido muy crítica al respecto, su presidente asegura que es insuficiente y tardía: “Después de 46 años desde la muerte de Franco, es decir, que llevamos más tiempo en democracia que en dictadura, que saquemos una ley que es un poquito más avanzada que la ley que hubo en 2007 que ya era bastante tardía resulta un poco decepcionante porque para empezar la ley aragonesa lleva dos años y no se ha desarrollado”.
Una de las grandes críticas de las víctimas y de las familias de las víctimas es sobre cómo se formulará esa “reparación”. Javier Ruiz de ARICO advierte de que una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas era que el Estado indemnizará económicamente los robos de propiedades y patrimonio o el trabajo esclavo de los prisioneros de guerra tanto durante la Guerra Civil como durante el franquismo, “todos esos temas no están recogidos en la ley”.
Ruiz recuerda como otros Estados como el alemán indemnizó el trabajo forzado, unas dinámicas que cimentaron las grandes oligarquías del régimen franquista: “Las empresas de este país que utilizaron el trabajo de mano exclava de los prisioneros de guerra para construir pantanos y obras públicas, ¿se van a atrever a presionarles?”.
Enrique Gómez aseguraba a AraInfo que “he recibido varias llamadas de gente indignada, de víctimas del franquismo”. “Ahora dicen que nos van a reconocer. Reconocer a quién, reconocer cómo, reconocer cuándo. Personas que además de torturarlas en este caso las fusilaron y luego les quitaron el poco patrimonio que tenían porque eran gente humilde en la mayoría de los casos y de esa recuperación, de ese posible patrimonio tampoco se dice absolutamente nada”, apunta.
Estas leyes deberían para el presidente ARMHA proteger a las minorías, “yo ya me conformaría con que tuvieran el estatus lejanamente parecido a las víctimas del terrorismo” dado que la violencia la recibieron parte del propio Estado y de sus fuerzas del orden, militares y policiales.
Más pedagogía para garantizar la no repetición
Adolfo Barrena de Fundación 14 de abril insiste en que “introducirá en el currículo académico la Memoria Democrática y, si ello al final es así, las generaciones jóvenes podrán conocer, y saber, lo que ha vivido este país durante el siglo pasado”. En esta línea pedagógica, Gómez bromea con que “para algunos Franco es como un rey godo, quiero decir, que no les dice nada”.
Por eso, insiste en que las leyes deben avanzar en la verdad, la justicia y la reparación pero también en la garantía de no repetición: “El mazazo del franquismo supuso acabar con todas las libertades políticas, sindicales, una represión brutal, acabar con toda la liberación femenina que había habido hasta entonces que se volvió a meter a la mujer con la pata quebrada en casa y sin tener derechos porque estaban controladas completamente por sus padres, maridos y hermanos”.
¿Qué pasará con las exhumaciones?
El texto de la ley contempla por primera vez que el Estado debe asumir las búsqueda de las personas desaparecidas. Concretamente apunta que “se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad. Además, se refuerza la colaboración entre las mismas y se lidera una acción de dignificación colectiva de nuestro país. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.
Sin embargo, nada dice la ley sobre cómo se efectuará esa búsqueda, uno de los temores del arqueólogo Javier Ruiz es que como ya se está haciendo en otros territorios como Catalunya, Balears, Andalucía o País Valencià, este trabajo acabe saliendo a través de subastas públicas.
A diferencia de iniciativas como la de Argentina con su equipo antropólogo forense que “está contratado por el Estado, dirigido por el Estado y dentro del Estado. Aquí lo que se ha hecho hasta ahora es que cuando las administraciones se han encargado del proceso de exhumaciones de fosas, lo que han hecho es subcontratarlo”.
Esto para Ruiz no es otra cosa que “mercantilización de la memoria” y, al final, “repercute en un peor trabajo”. No obstante, el arqueólogo reconoce que la administración española no ha se ha puesto en contacto, al menos, con su equipo para explicar qué es lo que va a hacer con el sistema de exhumaciones.
