La coordinadora estatal CeAqua, de la que forma parte la aragonesa ARMHA, arranca una campaña de recogida de firmas para pedir la modificación de varias normas, entre ellas la Ley de Amnistía, para lograr una verdadera reparación para las víctimas del franquismo a través de la justicia. Como explica, la coordinadora en la actualidad no hay Justicia para ellas y “una sociedad democrática no puede aprender y superar sus conflictos sin Justicia”.
Las asociaciones memorialistas se han reunido con el intergrupo de justicia y memoria del Congreso español para exigir justicia e impulsar la modificación de las leyes que están negando la justicia a las víctimas de los crímenes del franquismo y manteniendo más de 40 años un sistema de impunidad.
Lo han hecho con el apoyo de casi 150 asociaciones y colectivos de la sociedad civil. “Pero la mejor forma de conseguir que en el Parlamento sean escuchadas nuestras peticiones es que la Sociedad, de forma masiva, así se lo demande”, apuntan.
Para ello se ha abierto una web para recoger firmas individuales: “Pedimos a todos los grupos parlamentarios que impulsen y aprueben las incitativas legislativas necesarias para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición”.
Entre las medidas concretas que recoge la demanda ciudadana de Ceaqua se encuentran modificar, derogar o anular la Ley Amnistía e incorporar al derecho interno el principio de legalidad internacional.
Además incluyen impulsar la ratificación del Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el Estado español no tiene ratificado. O modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal para que las resoluciones judiciales firmes de inadmisión a trámite de las querellas presentadas hasta la fecha puedan ser revisadas. Por último, piden modificar la Ley de Tratados internacionales para que haya un mecanismo concreto de reconocimiento y ejecución de los Dictámenes de los órganos de Tratado de las Naciones Unidas.
Para avanzar en una auténtica política de reconciliación donde al sociedad recupere la confianza en el Estado y sus instituciones, es necesario implementar medidas efectivas que reconozcan, de una vez por todas, el derecho a la Justicia que conlleva la investigación penal de los crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas.
