El Real Zaragoza cumple quince años como empresa constructora entre deudas económicas y penurias deportivas

El Aragón oficial elude conmemorar el aniversario del hito clave de su historia reciente, con el que el foco de la sociedad comenzó a virar del deporte a otros ámbitos y con el que empezó a situarse en el eje de las tormentas políticas.

El Real Zaragoza cumple el 27 de febrero tres lustros como empresa del sector de la construcción. Foto: Pixabay (CCO)

Agapíto Iglesias y Emilio Garcés no compraron un equipo de fútbol, o no solo, cuando se hicieron con el control del Real Zaragoza en junio de 2006. Tampoco adquirieron una constructora o una inmobiliaria. O no solo. Ni tampoco es que Alfonso Soláns les vendiera concretamente el Real Zaragoza ni que este siguiera siendo entonces un club de fútbol. O no solo.

Hubo muchos sobreentendidos en la narrativa oficial de aquella operación, de cuyo inicio oficial se cumplen quince años este sábado, 27 de febrero, aunque no parece que nadie en el Aragón o la Zaragoza oficiales vaya a realizar ninguna conmemoración de algo que, además de una operación comercial, de negocios, fue también el inicio de una deriva que, mientras crecían sus deudas y menguaba su atractivo deportivo, ha ido situando al antiguo club, de la mano de sus consecutivos gestores, en el epicentro de algunas de las principales tormentas que han sacudido los ámbitos políticos del país y de su capital en los tres últimos lustros.

El 27 de febrero de 2006 era lunes, y el Real Zaragoza había perdido dos días antes frente al FC Barcelona en La Romareda, en aquel partido en el que Samuel Eto’o aprovechó los gritos xenófobos de una parte (amplia, oído el nivel de decibelios) del público local para darle la vuelta al partido.

El alboroto mediático por la triquiñuela del delantero mantuvo niveles de estruendo durante unos días, los mismos en los que tomaba cuerpo mediante su inscripción registral la modificación del objeto social de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva). Faltaba un mes para que, ese 25 de marzo, se cumplieran catorce años de la fundación y de la emisión de acciones que acabarían con el 51% del capital social en manos de Alfonso Soláns Serrano, el dueño de Pikolín, que tomaría posesión como presidente el 2 de septiembre, y solo tres para que el control del Real Zaragoza cambiara de manos.

Esa modificación, oficializada con su publicación en el Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil) del 21 de marzo siguiente y aprobada el 21 de enero en la junta general, suponía que la SAD, constituida para gestionar lo que venía siendo un club de fútbol cuyo primer equipo ocupaba el estadio municipal de La Romareda a cambio de un alquiler simbólico, pasaba a incluir entre sus áreas de negocio algunas como “la contratación, gestión, proyección, construcción y ejecución de toda clase de obras, públicas o privadas”; “la gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma, de solares, terrenos, urbanizaciones, locales y viviendas y, en general, de toda clase de bienes inmuebles”, o, también, “la construcción, explotación y gestión de todo tipo de establecimientos dedicados a la hostelería, restauración, actividades deportivas y, en general, de cualquier otra actividad relacionada con el ocio, el deporte y la recreación”, algo que se hacía extensivo a “centros comerciales, locales, residencias geriátricas y centros hoteleros”. El Real Zaragoza SAD se había transformado en una constructora/inmobiliaria.

La enrevesada operación de venta del control del Real Zaragoza

Poco después del cambio de objeto social, Alfonso Soláns Soláns, presidente y accionista mayoritario tras heredar la participación de su padre, puso en venta un Real Zaragoza con cuyo control se harían a finales de mayo de ese año el constructor soriano Agapito Iglesias y Emilio Garcés, de Tauste. Sin embargo, en realidad estos no compraron la SAD sino una empresa llamada Zaragoza Sport Arena Siglo XXI, una patrimonial creada por Soláns hijo en enero de 2006 para poseer las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva y cuyo capital social era en aquellas fechas de 3.100 euros. La prensa habló entonces de una operación de diez millones de euros, una valoración que triplicaba la de 3,2 que daba la mayoría en el consejo. Iglesias sigue siendo su dueño.

La cronología de esos movimientos arroja nuevas incógnitas sobre el cambio de manos de la SAD, cuya imagen se fue tiñendo de tonalidades políticas, distintas pero siempre en sintonía con el color de algún poder del Viejo Reino, desde la llegada de Iglesias, con el que Garcés tardaría apenas un mes en romper.

¿La transformó Soláns en una constructora con la intención de venderla como tal? ¿Porque sí o porque alguien lo prefería así? ¿Era un preparativo ante la posibilidad de que la SAD comenzara a operar en el ladrillo con la nunca materializada, aunque insistentemente solicitada, recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva? ¿O simplemente el dueño de Pikolín traspasó un negocio que ya no le interesaba a alguien a quien sí le atraía?

Sea como fuere, si la panorámica sobre la evolución del Real Zaragoza SAD en los últimos quince años se amplía en algo más de otros dos, hasta la tramitación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2004, se encuentra una de las pruebas del nueve de que los vínculos entre esa empresa y el poder en la última etapa no llegaron con Agapito Iglesias: las Cortes aprobaron con la mayoría PSOE-Par de la etapa de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, y sin la oposición del PP, un aval del Gobierno de ocho millones de euros para afianzar un tercio de una operación de rescate de 24 millones que financiaban Ibercaja, la CAI y Bantierra. Soláns avalaba otro tercio, mientras el restante tomaba como garantía los terrenos de la Ciudad Deportiva.

Quince años después, en 2019, el Supremo ratificaba dos sentencias anteriores en las que el Juzgado de Primera Instancia número 14 y de la Audiencia de la capital aragonesa condenaban a Ibercaja y a Bantierra a indemnizar al Gobierno aragonés por provocarle un “perjuicio que no se puede negar” de 2,88 millones de euros: es el dinero que le cobraron de más al ejecutar el aval cuando en Real Zaragoza dejó de pagar sus cuotas tras declararse insolvente, una operación denunciada por la DGA de Luisa Fernanda Rudi que le costó 5,1 millones a las arcas del país hasta que, en 2015, el ejecutivo de Javier Lambán ordenó dejar de pagar.

El banco y la caja optaron por esa vía tras haber cerrado un acuerdo de 13,5 millones que, entre otros aspectos, saldaba el aval que Soláns había traspasado a Agapito Iglesias, y que este había asignado a su empresa Codesport. Las dos entidades financieras debían devolver 1,44 millones a la DGA y decidir si le entregaban directamente la otra mitad o se la reclamaban antes a la SAD.

La empresa, la política, el fisco y el dinero público

Operaciones de ese tipo dejan claro, negro sobre blanco, cómo el Real Zaragoza, el aval institucional de cuyo rescate fue jurídicamente catalogado como una “finalidad de interés público”, le ha costado, y le sigue costando, mucho dinero a las arcas públicas.

Hechos como que su quebrada filial inmobiliaria, Zaragoza Real Estate, lleve en la lista de morosos de Hacienda desde la primera edición, la de 2015, con una deuda viva de 1,8 millones con el fisco que desde entonces solo se ha reducido en 52.365,18, o que la SAD pasara años imputada (y lleve ahora unos meses condenada) por fraude tributario, no impide que instituciones como la Diputación Provincial de Zaragoza le destinaran durante años ayudas de en torno a un millón de euros o que la oposición forzara la tormentosa anterior legislatura municipal la entrega de 800.000 euros.

La inhabilitación penal de la SAD para acceder a fondos públicos y contratar con las administraciones concluía en diciembre de 2020. La mancha reputacional, obviamente, cada quien es libre de seguir viéndola o no cuando considera.

La quiebra de Zaragoza Real Estate procede de una de las escasas operaciones inmobiliarias activadas por la SAD, que fue la transformación de su edificio de oficinas en un inmueble de pisos de lujo que iba a venderse a 6.000 euros el metro cuadrado construido. La finca acabó en manos de Cerro Murillo, filial de Ibercaja, en vísperas de que su anterior propietaria se declarara insolvente en la primavera de 2011 con un pasivo de 145 millones que marcó un récord en el fútbol profesional español.

Sin embargo, la gran, y nonata, operación inmobiliaria de la SAD siempre ha sido la remodelación del estadio municipal para gestionarlo de manera privada, algo para lo que el actual equipo de gobierno municipal de Jorge Azcón (PP) y Sara Fernández (Cs) están dispuestos a dar facilidades para un periodo de hasta 75 años.

La pandemia ha dejado en el aire ese proyecto, a raíz del cual el Real Zaragoza, de la mano de sus actuales propietarios, que ya habían apuntado maneras al plantar al anterior equipo de gobierno municipal, de ZeC -Zaragoza en Común-, rompieron por vez primera la aparente neutralidad política de la empresa al permitir en vísperas de las últimas municipales un acto de campaña del PP en el estadio del que son inquilinos, e intervenir en él el presidente, Cristian Lapetra.

La SAD se plantea abandonar la actividad inmobiliaria

Quizás haya sido el mayor peso de las contraindicaciones y las consecuencias de los tropezones que el de los beneficios y los éxitos en el campo inmobiliario lo que haya llevado a los actuales responsables de la SAD, en la que la familia del empresario Mariano Alierta ya controla la mayoría del capital social, a plantearse la eliminación de esa línea de negocio de sus estatutos. O quizás haya otros motivos, o estrategias.

Un informe jurídico que la propia SAD expone en su web oficial recomienda eliminar del objeto social las referencias al ladrillo y a las actividades comerciales para adaptarlo al contenido del real decreto que establece las normas para las sociedades anónimas deportivas, “en la medida en que en el mismo se exige que el objeto social de las sociedades anónimas deportivas se circunscriba, en exclusiva, a la participación en competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, a la promoción y el desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica”.

El contenido del informe equivale a admitir que durante quince años el Real Zaragoza se ha estado dedicando a algo que no le correspondía, aunque las formas no coinciden con lo que se entiende como un error. Dejar de operar en esos ámbitos entraña efectos balsámicos para la política local zaragozana y para la del país.

Las ‘bolas extra’ de la legislación pandémica

En esos quince años, la historia de la SAD es la de una entidad decadente que pasó de ganar tres copas (1994, 2001 y 2004), una recopa (1995) y una supercopa de España (2005) bajo el control de los Soláns, a acumular dos descensos y sumar, con Iglesias y con los Alierta y los Yarza, nueve años de los últimos quince en segunda, los últimos ocho seguidos y con un panorama en el que el riesgo de caer a segunda B convive, de no hacerlo y bajar el Alcorcón, con la posibilidad de consolidarse como el decano de esa categoría por ser la SAD que más temporadas lleva en ella. En 2006 alguien dijo que jugar la Champions era el objetivo.

El declive deportivo discurre paralelo a otro de carácter económico que pone en cuestión la viabilidad de la SAD, cuyos responsables admitieron en junio que la empresa había caído de nuevo en la insolvencia y que no disponía de recursos para pagar a unos acreedores que ya le han perdonado más de sesenta millones de euros al aceptar dos quitas que desde 2011 han reducido la deuda ordinaria de 91 millones de euros a 27,2.

El grueso de esos acreedores, cerca de 200 de los poco más de 300 censados en el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, ya no cobraron en las dos primeras fechas en las que la SAD, que alegó que ninguno de ellos le había comunicado un número de cuenta para hacer los ingresos, debía comenzar a saldar esas deudas.

La jueza dictaminó que esos impagos no constituían formalmente un incumplimiento del convenio de acreedores, lo que habría supuesto la automática liquidación de la SAD, ordenó, confiando en que la empresa llegue viva allí, mantener viva esa deuda para saldarla al final del proceso de liquidación.

Eso ocurrió solo unas semanas antes de que la misma magistrada accediera a una petición de la SAD para, basándose en la normativa aprobada para proteger el tejido empresarial frente a la crisis pandémica, suspender la suspensión de pagos y eximirle de tener que ir saldando los compromisos con los acreedores hasta nuevo aviso. Dos tercios de ellos seguirán sin haber cobrado ni un euro diez años después de que les fueran reconocidos unos débitos de los que ya han perdonado más de dos terceras partes.

“Seguimos identificando riesgos para la viabilidad”

A pesar de las ‘bolas extra’ que se han derivado de la legislación pandémica, la situación económica de la todavía empresa constructora-futbolera sigue siendo crítica, según exponen los administradores concursales en el último informe de seguimiento que han remitido al juzgado.

“Seguimos identificando riesgos que podrían tener un impacto significativo sobre la viabilidad de la sociedad, como son la difícil situación financiera, la capacidad de generación de recursos y la militancia en segunda división”, describen los administradores, que añaden que “este escenario se ha complicado (…) como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 que ante la imposibilidad de afluencia a los estadios de fútbol repercutirá negativamente en la generación de ingresos”.

La SAD presenta un balance de 92 millones de euros en el que los dos principales activos son los 46,7 de inmovilizado intangible, un apunte que en este tipo de empresas suele corresponder a la valoración de los jugadores, y los 24,4 de impuestos diferidos, que son beneficios fiscales por pérdidas de ejercicios anteriores que la empresa todavía no ha podido descontarse.

En el pasivo sigue manteniendo una losa de 65,7 millones de euros de deudas a largo plazo y otra de 8,6 de acreedores comerciales mientras arrastra otros 45,4 millones de “pérdidas de años anteriores”. “Hay que destacar el incremento de la deuda a corto plazo con la Hacienda Pública en 2.057.628 euros, principalmente por la reclasificación a corto plazo de los vencimientos del tercer plazo del convenio”, añade el documento.

La cuenta de resultados arroja un beneficio neto de 5,79 millones de euros al cierre de junio de 2020, fecha habitual de cierre de las temporadas que el año pasado fue alterada por la covid-19. El grueso de esa cifra corresponde a los traspasos de los futbolistas Alberto Soro al Real Madrid (2,5 millones de euros) y Pep Biel al Copenhague (2,625), a los que se suman otros cinco por algo más de medio millón de euros.

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