Casi dos centenares de los acreedores del Real Zaragoza SAD siguen sin cobrar ni un euro de las deudas que la empresa deportiva mantiene con ellos cuando han pasado ya más de nueve años desde que, a primeros de junio de 2011, la compañía que presidía Agapito Iglesias, sucedido en el cargo por Christian Lapetra, se declaró insolvente y puso en marcha el concurso de acreedores que sigue supervisando el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.
Entre esos 198 acreedores que no han cobrado nada de lo que se les adeuda hay, según indica el último informe dirigido por los administradores concursales al juzgado, varios con los que la empresa deportiva, que ahora tiene al empresario César Alierta como accionista de referencia, mantiene estrechas relaciones, caso del Ayuntamiento de Zaragoza que ahora gobierna la coalición PP-Cs de Jorge Azcón y Sara Fernández bajo la supervisión de Vox.
El Real Zaragoza le debe al Ayuntamiento de Zaragoza 9.886,55 euros de los que este debería haber cobrado 494,33 el 2 de julio de 2018 y 692,06 en la misma fecha de 2019. Sin embargo, esos primeros 1.186,39 euros de la deuda, que en principio no acabará de ser liquidada hasta el verano de 2027, no han llegado a las arcas municipales.
“Estos créditos no han sido satisfechos, según manifestaciones de la dirección [del Real Zaragoza SAD,] por no haberle sido comunicada con el plazo previsto la cuenta bancaria donde realizar el pago”, señala el informe de los administradores, que añade que ese crédito (deuda) con el consistorio y los otros 197 impagados por el mismo motivo que suman más de 800.000 euros “se mantienen en el pasivo del balance clasificados a largo plazo”.
Entre la extravagancia y el esperpento
La situación resulta cuando menos chocante si se tienen en cuenta las estrechas relaciones que mantienen el actual equipo de gobierno municipal y la compañía deportiva en los planos institucional, político y empresarial y las ordinarias que, se supone, deberían darse entre una sociedad domiciliada en una ciudad y el ayuntamiento de la misma.
En el plano político, el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, llegó el 23 de mayo del año pasado, a tres días de las elecciones municipales, a compartir escena con Azcón en un acto de la campaña electoral del conservador celebrado en el césped del estadio municipal de La Romareda. No ocurrió con ningún otro candidato, pese a que el futuro de ese equipamiento público era uno de los temas de debate.
Y en el institucional y el empresarial, que en este caso se entremezclan, el actual consistorio formalizó en octubre con la SAD un convenio por el que el consistorio iba a financiar la reforma del estadio, en una operación cuyo coste cifra en 70 millones de euros el propio Azcón, para privatizarlo y cedérselo mediante una concesión de 75 años a la compañía que preside Lapetra.
Que dos entidades negocien una operación inmobiliaria de 70 millones de euros y 75 años de duración y que, al mismo tiempo y mientras siguen pergeñando colaboraciones como aquella disparatada rúa en pleno confinamiento que nunca se celebró, no sean capaces de acordar cómo saldar una deuda de menos de 10.000 euros puede calificarse de muchas maneras; entre otras, de extravagante (“raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original”), de esperpento (“persona, cosa o situación grotescas o estrafalarias”), o de estrafalario, que no deja de ser un sinónimo de la extravagancia.
¿Será que nadie se apuntó la cuenta desde la que hace año y medio llegó la polémica subvención de 800.000 euros que PP, PSOE y Cs impusieron en el ayuntamiento la pasada legislatura frente a la abstención de CHA y la única oposición de Zaragoza en Común?
Dos centenares de acreedores no cobran
Esa misma situación se da con otras instituciones como el Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, que ya debería haber ingresado 1.728,43 de los 14.403 euros a los que quedó reducida su deuda tras dos quitas (bajó de 91 a 27,2 millones) pero que no ha recibido ese dinero por no haber comunicado una cuenta al Real Zaragoza para que se lo pagara.
Entre quienes no han cobrado por no disponer de una cuenta se encuentran varias personas físicas con las que el Real Zaragoza ha mantenido relaciones tan estrechas como haberlos tenido en nómina o haber compartido presencia en el banquillo de los acusados con la propia compañía deportiva y con algunos de sus exdirectivos.
Entre estos se encuentran el exdirector deportivo Antonio Prieto y acusado absuelto en primera instancia del presunto amaño con el Levante, que debería haber recibido ya 219,07 euros de un resto de deuda de 1.825, o el exfutbolista Peter Luccin, cuyo finiquito situó al Real Zaragoza como la primera SAD futbolera condenada por fraude fiscal (el FC Barcelona lo fue antes, pero no es SAD sino club), que vio cómo no le llegaban 7.245,84 de 60.381.
En el listado de quienes no han cobrado figuran otros jugadores históricos del Real Zaragoza como Mohamed Alí Amar ‘Nayim’, autor del gol que en mayo de 1995 le valió el título de la Recopa europea, y que todavía tiene pendientes de cobro 6.413,28 euros; Jesús Solana (2,532.63), miembro de aquel equipo, o los internacionales argentinos Diego Milito (2.883,14) o Pablo Aimar (1.654,40), además de empresas deportivas como el River Plate (211.430,40), el Partizán de Belgrado (700.000) o el Nápoles (440.000).
¿Jugará de nuevo con fuego el Real Zaragoza esta semana?
Esta semana es semana de pago de convenio para el Real Zaragoza, que en los primeros días de julio debe abonar el tercer plazo del concurso a los acreedores ordinarios, de 2,44 millones de euros.
Los dos primeros plazos no fueron completamente liquidados: en julio de 2018 pagó 692.495,48 euros a 92 acreedores y dejó de entregar 566.500,05 a otros 207, y al año siguiente desembolsó 1.475.146,12 a 99 y eludió transferir 278.001,23 a otros 201.
Esos impagos situaron a la empresa deportiva al borde de la liquidación, que entre otros acreedores llegó a ser solicitada a la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza por el equipo ucraniano del Shaktar Donestk y por el Milán italiano, que habían dejado de percibir 358.590,.43 euros, en un movimiento al que la empresa presidida por Lapetra contrapuso una argumentación jurídica en la que, en un símil de las normas del juego de Las Damas, planteó que si no pagaba era porque los interesados no le decían en qué cuenta debía ingresar el dinero y que, visto lo visto, esos impagos debían darse por liquidados.
La jueza, sin embargo, decidió dar al Real Zaragoza una prórroga por la que esas deudas se postergaban y pasaban a ampliar dos años, hasta 2027, la liquidación de los créditos ordinarios. Lo contrario, señaló, era “una interpretación interesada” de las normas del concurso, ya que “la renuncia al cobro de un crédito ha de ser expresa”.
Cuando la supervivencia depende de pagar en forma y fecha
Está por ver qué ocurre esta semana, que resulta clave para la supervivencia de una empresa privada que desde que en 2006 fue vendida por la familia Soláns al constructor soriano Agapito Iglesias se ha convertido en uno de los asuntos principales de la vida política, y a menudo también de la judicial, en Aragón.
Un nuevo bloque de impagos entraña para la empresa deportiva el riesgo de volver a verse al borde de la liquidación si alguno de los acreedores denunciara en el juzgado que, por tercera vez consecutiva, sigue sin recibir las cantidades que le asigna el convenio.
Mientras tanto, los informes de los administradores concursales siguen ofreciendo datos que resultan, como poco, llamativos. Uno de ellos es el que señala a la Fundación Zaragoza 2032, creada por un grupo de empresarios para hacerse con el control de la entidad hace seis años, como el principal acreedor de intereses en esta fase de la vida de la entidad. Concretamente, en la pasada campaña.
“El resultado financiero negativo por importe de 1.017.272 euros tiene su origen en el devengo de intereses por el préstamo participativo” de la fundación, que asciende a 488.594 euros, una cifra netamente superior a la generada por las deudas con Hacienda y la Seguridad Social (313.603), las de los bancos (159.867) y por otro préstamo, en este caso de la Liga de Fútbol Profesional. Los préstamos participativos son convertibles en acciones de la empresa deudora a favor del acreedor en caso de impago.
Pese a esa situación, los administradores concluyen que el Real Zaragoza “está cumpliendo razonablemente la propuesta de pago contemplada en el convenio”. Aunque, a renglón seguido, advierten nubarrones en el horizonte de la SAD: “seguimos identificando riesgos que podrían tener un impacto significativo sobre la viabilidad de la sociedad, como son, la difícil situación financiera, la capacidad de generación de recursos y la militancia en la segunda división”, en la que sigue jugando su primer equipo por séptimo año consecutivo.
La compañía “puede tener equilibrado su presupuesto operativo en segunda”, añaden, aunque “el esfuerzo financiero para poder cumplir con los compromisos de pago” hace “más difícil alcanzar el objetivo” del ascenso “salvo que aparecieran nuevas fuentes de financiación”. “La situación económica y financiera sigue siendo preocupante”, concluyen.
