El Real Zaragoza SAD se halla al borde de la liquidación 3.312 días después de haberse declarado insolvente. Y sus propietarios, que son conscientes de esa situación, así se lo han comunicado formalmente al Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa, que desde mediados de junio de 2011 supervisa el ritmo al que la entidad va saldando las deudas con sus acreedores tras autorizar su concurso con un pasivo de 130 millones de euros.
La compañía deportiva de las familias Alierta y Yarza pidió al juzgado que suspendiera el tercer plazo de pago de las deudas a sus trescientos acreedores ordinarios el 26 de junio, cinco días antes de tener que hacer efectivo un desembolso de 2,44 millones de euros, alegando que "la drástica reducción de los ingresos” por la suspensión de la competición y su reanudación a puerta cerrada por la pandemia “imposibilitan que el Real Zaragoza pueda cumplir" con esos compromisos.
De no concedérselo, admiten el escrito, “quedaría abocada a la disolución" una empresa a la que el cuadro económico se le está complicando hasta límites insostenibles cuando, de manera simultánea, atraviesa una fase de elevada tensión en varios de sus ámbitos.
En el institucional, el impacto de la pandemia en las cuentas municipales ha llevado al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a aplazar el polémico proyecto de remodelar el estadio de La Romareda con cargo a las arcas públicas para ceder su explotación a la SAD durante 75 años.
Todo apuntaba a que esa iba a ser, en la práctica, una de las “nuevas fuentes de financiación” a las que los administradores concursales llevan años refiriéndose como la vía para reflotar una empresa con un tenebroso horizonte pese a haber estado siempre en manos de potentados: la familia Soláns (Pikolín) en su primer tramo, el constructor Agapito Iglesias en los años de la burbuja y la crisis de 2008 y, desde los ‘brotes verdes’ a la pandemia, un grupo de empresarios entre los que destacan apellidos como Alierta (Beta Capital, Telefónica, Tabacalera) y Yarza (Henneo, Heraldo de Aragón).
“Falta de solvencia, incapacidad para pagar una deuda”
Paralelamente, en el plano deportivo, el primer equipo de fútbol atraviesa una desconcertante fase en la que, tras la pandemia, ha pasado de ser el segundo mejor equipo de la Liga Smartbank a situarse como el penúltimo (informó Jorge Oto en El Periódico de Aragón) mientras, a dos jornadas del acabar la temporada, lo mismo podía subir directamente a primera como ni siquiera promocionar por hacerlo.
En la faceta social, la combinación de ese decadente rumbo deportivo con la incertidumbre sobre la clasificación final y el eventual ascenso a Primera, cuya percepción va mutando de sueño a quimera y viceversa, ha provocado una mezcla de desorientación, desasosiego y enfado en unos aficionados que cubren más de dos terceras partes de sus gastos: algo más de cinco millones, a razón de 4,51 por los carnets y 29.000 por partido en entradas, para un total de apenas catorce, según la documentación remitida por la propia empresa al juzgado.
Por último, el panorama económico y el judicial confluyen en una palaba definitoria: insolvencia, que significa “falta de solvencia, incapacidad para pagar una deuda”. Ese diagnóstico es el que el propio Real Zaragoza ha comunicado al juzgado.
El Real Zaragoza “ha experimentado fuertes tensiones de tesorería provocadas por la suspensión de la competición liguera que le impiden, puntualmente, cumplir con el tercer pago previsto en el convenio [con los acreedores] y que debería ser abogado el próximo [por pasado] 2 de julio”, señala el escrito remitido cinco días antes de esa fecha a la magistrada.
Cuatro millones de agujero, pero solo una novena parte este año
El escrito expone que la “paralización de las competiciones ha determinado que los principales ingresos con los que la compañía contaba para hacer frente a los pagos”, como los de las taquillas, los abonos de la siguiente temporada y los derechos de televisión “se hayan visto drásticamente reducidos a cero durante este periodo”.
En este sentido, el documento va acompañado de un informe que cifra en 4.061.000 euros la “pérdida de ingresos totales Covid-19”, aunque esa cifra, calculada “según las estimaciones que nos indica la Liga” de Fútbol Profesional y a la que apostilla que “estas pérdidas de ingresos podrían ser incluso superiores”, tiene una parte más bien escasa vinculada a la presente temporada: concretamente un 11,5% que sale de sumar los 292.000 euros de merma de ingresos por los derechos de televisión al estar “en seria duda” el plazo de julio con otros 174.000 de las taquillas.
Eso son casi dos millones menos del compromiso de pago del 2 de julio, mientras que el grueso de las eventuales consecuencias económicas de la pandemia para la empresa deportiva se concentrarían, de materializarse esas expectativas, en la siguiente, que no comenzará antes del 15 de agosto.
Entonces sería cuando, en todo caso, el Real Zaragoza debería desembolsar 1,29 millones como “indemnización a los abonados por los partidos que no van a poder asistir” y cuando empezaría a dejar de ingresar 274.000 euros por entradas si la liga se juega con espectadores, ya que prevén “perder casi la mitad de los de este año“, y otros 2,03 millones en previsión de “una penalización del 45% en la cifra de abonados para la temporada que viene” al estar “en el aire la asistencia de público a los estadios la temporada 2020/2021, bien total bien parcialmente”.
“Resulta incuestionable que nos encontramos ante un suceso inevitable e imprevisible al momento de hacer efectivo el pago del convenio”, señala el escrito, que obliga a la entidad a “buscar soluciones que restituyan el desequilibrio sobrevenido”.
Y propone que esa solución consista en prorratear el dinero no pagado el 2 de julio en los siguientes plazos, con la posibilidad de adelantar el dinero antes de fin de año si “pudiese celebrar partidos con público en su estadio y generase los ingresos suficientes por taquillas, abonos e ingresos por derechos televisivos” o, también, en cuanto cobre de la TV si sube a primera.
El ‘plan D’ consistiría en negociar un nuevo convenio para saldar las deudas, algo que “no tendría más remedio” que intentar, afirma, “para evitar la liquidación y el perjuicio para todos sus acreedores” aunque se trata de algo que “a día de hoy no se puede ni mucho menos asegurar a la vista de las dificultades” de la última modificación, la que dejó en 27,2 millones de euros los 91 iniciales de deuda ordinaria.
La pelota en el tejado de los 300 acreedores
El documento también asegura que “a día de la fecha, la sociedad (…) ha ido cumpliendo con los sucesivos pagos del convenio”, aunque esa afirmación es, como poco, matizable, ya que 207 acreedores se quedaron sin cobrar 566.500 euros en el pago de 2018 y otros 201 tienen pendiente el cobro de 278.001 al año siguiente, en ambos casos alegando que no le habían comunicado en qué cuenta debían efectuar el ingreso.
Entre esos acreedores que no han cobrado, y por ese motivo, se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, algo que resulta chocante vista la sintonía entre los actuales responsables de la compañía deportiva y el equipo de gobierno del consistorio.
Y también se encuentran el equipo italiano del Milán y el ucraniano del Shaktar Donetsk, los cuales, junto con algunos perjudicados más, pidieron a la jueza que liquidara el Real Zaragoza. Esta optó por dictaminar que, efectivamente, la compañía deportiva había incumplido el calendario de pagos, rechazó dar por saldados esos dos plazos de las deudas con quienes no habían cobrado su parte y ordenó mantenerlas como pendientes tras los plazos inicialmente acordados en el convenio.
La pelota está ahora en el tejado de los tres centenares de acreedores, a los que la jueza ha trasladado los escritos “a los efectos oportunos”, que básicamente consisten en darles un turno para que se pronuncien antes de decidirse por una de las dos opciones: aplazar el pago, con las alternativas que propone la SAD o sin ellas, o dictaminar que el Real Zaragoza ha incumplido sus obligaciones y ordenar su liquidación.
En este último caso, como ha ocurrido con otras empresas deportivas como la UE Lleida, el trámite incluye la subasta de la “unidad productiva” para repartir entre los acreedores lo que el juzgado obtenga por ella. ¿Y qué es la unidad productiva? Una licencia para jugar en segunda división, o en primera, según el caso, limpia de polvo y paja.
