Según el estudio realizado por Zaragoza en Común a partir de las cifras ofrecidas por el propio consistorio de la capital aragonesa, Zaragoza cuenta con 10.000 árboles menos que en 2022. Los datos proporcionados por el Ayuntamiento corresponden a noviembre de 2025. El grueso de esta sangría se concentra en los parques de la ciudad —4.232 ejemplares—, las zonas ajardinadas —2.573— y en las propias calles y avenidas —1.688—, precisamente los lugares con mayor tránsito peatonal y con mayor repercusión en el día a día para la calidad de vida de los vecinos y las vecinas.
Para visualizar lo que supone una pérdida tan importante de arbolado, hay que imaginarse como si en un bosque desaparecieran de un plumazo diez hectáreas, el equivalente a catorce campos de fútbol, según el tamaño estándar FIFA.
Menos árboles, más dinero para las multinacionales
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha denunciado hoy que el nuevo pliego de mantenimiento de zonas verdes impulsado por el Gobierno del Partido Popular “no está pensado para mejorar la ciudad, sino para consolidar un modelo que beneficia a las grandes contratas mientras se degrada el espacio público”.
Lejos de revertir la tendencia hacía la paulatina pérdida de arbolado, el nuevo contrato la asume como inevitable según la formación de izquierdas. Los propios informes municipales reconocen que se pierden más de 1.800 árboles al año, mientras que el pliego prevé plantar 1.750, lo que supone que la ciudad seguirá perdiendo arbolado de forma estructural .
Este escenario se agrava con una reducción significativa de los cuidados. El nuevo pliego recorta los riegos de forma drástica, pasando de siete a dos al año en árboles consolidados, elimina riegos en varios meses clave y reduce de manera general las labores de mantenimiento. También disminuyen las escardas, las siegas, los tratamientos en arbustos y setos, y se reduce incluso a la mitad la poda de palmeras. Para Zaragoza en Común, estas decisiones no son menores, sino que “anticipan un deterioro progresivo del arbolado urbano en un contexto de altas temperaturas y estrés hídrico” .
Además, el pliego introduce cambios en la reposición de arbolado que refuerzan esta tendencia. Aunque se incrementa el número total de plantaciones previstas, se permite que estas no se ejecuten en caso de prórroga del contrato, lo que abre la puerta a incumplimientos y deja sin garantías la reposición efectiva de árboles.
El nuevo contrato también supone un salto en la privatización del servicio. El Ayuntamiento ha fragmentado tareas que antes estaban integradas y las ha sacado a licitación en tres nuevos contratos vinculados a la conservación de infraestructuras, el mantenimiento de equipamientos y el control de calidad del servicio y del arbolado. Esta decisión moviliza más de 8,6 millones de euros adicionales hacia empresas privadas y consolida un modelo en el que incluso la supervisión del contrato queda externalizada. Zaragoza en Común advierte de que esto implica que empresas privadas pasen a controlar el trabajo de otras empresas, debilitando el control público.
Trato favorable para FCC y Urbaser
El diseño del pliego evidencia además un trato favorable a las empresas que actualmente gestionan el servicio. La inclusión de un criterio como el diagnóstico inicial de la situación, valorado con cinco puntos en los nuevos pliegos, otorga ventaja a quienes ya conocen el estado actual de las zonas verdes. A esto se suma la reducción de exigencias técnicas, como permitir el uso de vehículos y maquinaria con hasta cinco años de antigüedad, lo que facilita la participación de las actuales concesionarias sin necesidad de renovar medios. Para Zaragoza en Común, “se rebaja la exigencia para adaptarse a las empresas, en lugar de exigir a las empresas que mejoren el servicio”.
El pliego también elimina o reduce elementos clave que garantizaban un enfoque más social y ambiental. Desaparecen criterios vinculados al fomento de la biodiversidad y a la participación ciudadana en la adjudicación, se reducen las obligaciones en materia de formación del personal y se rebajan las sanciones por incumplimientos graves, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad, la señalización o las obligaciones medioambientales y laborales.
En paralelo, el modelo económico del contrato refuerza los incentivos al beneficio empresarial. Se incrementa el peso de los trabajos por medición, que permiten a las empresas facturar más en función de actuaciones adicionales, y se amplía hasta el máximo legal el margen de modificación del contrato, alcanzando el 20%. Además, se producen incrementos muy significativos en los importes que se abonan por el mantenimiento de determinadas tipologías de zonas verdes, llegando en algunos casos hasta el 90%, sin que exista una justificación clara desde el punto de vista del interés público.
Zaragoza en Común alerta también de que este nuevo pliego llega tras años de incumplimientos en el contrato actual, tanto en la reposición de arbolado como en la ejecución de tareas de mantenimiento, lo que hace aún más preocupante que el nuevo modelo reduzca exigencias en lugar de reforzar el control público y las garantías.
Para la formación, este contrato define con claridad el modelo de ciudad del Partido Popular. “Se recorta en mantenimiento, se pierde arbolado, se reducen controles y se amplía el negocio privado. Es un pliego pensado para las empresas, no para Zaragoza”, ha concluido Elena Tomás.
A esta situación se suma un impacto directo en la salud de la ciudadanía. Zaragoza en Común recuerda que el arbolado urbano no es solo un elemento estético, sino una infraestructura básica para la vida en la ciudad. Los árboles reducen la temperatura en episodios de calor extremo, mejoran la calidad del aire, disminuyen el ruido y generan espacios de bienestar que influyen directamente en la salud física y mental de la población. “Perder árboles es perder calidad de vida, especialmente en los barrios más densos y vulnerables”, ha señalado Elena Tomás.
Ante esta situación, Zaragoza en Común presentará una moción al pleno de abril exigiendo una auditoría del cumplimiento del contrato actual.
