La batalla contra la concertación del Bachillerato en Aragón suma un nuevo capítulo a pocos días de la huelga educativa convocada para el 19 y 20 de mayo. Un total de 17 organizaciones sindicales, sociales, vecinales y políticas han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Gobierno de Aragón que abre la puerta a financiar con dinero público el Bachillerato privado-concertado a partir del curso 2026-2027.
El recurso, registrado el pasado 8 de mayo, va acompañado además de una solicitud de suspensión cautelar de la medida. Las organizaciones consideran que permitir la aplicación de la orden antes de que exista sentencia firme podría provocar “perjuicios de muy difícil o imposible reparación” sobre la enseñanza pública aragonesa.
Entre las entidades firmantes figuran FAPAR, FABZ, FADEA, CSIF, CGT, CCOO, STEA-i, UGT, ANPE, PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, PCA, Aragón Existe y Zaragoza en Común.
Paralizar la orden antes de que se consolide el modelo
Las entidades recurrentes subrayan que la solicitud cautelar no cuestiona la existencia legal de conciertos singulares en enseñanzas postobligatorias, previstos ya en la normativa estatal, sino el cambio de modelo que, a su juicio, introduce la nueva orden del Gobierno de Aragón.
Según denuncian, la modificación impulsada por el Ejecutivo aragonés convierte el concierto educativo en “una vía ordinaria de financiación pública del Bachillerato privado”, alterando el carácter excepcional y singular que contempla la legislación vigente para este tipo de enseñanzas.
Además, recuerdan que la orden recurrida establece conciertos con una duración de seis años —hasta el curso 2031-2032—, por lo que advierten de que no se trata de una medida puntual, sino de una transformación estructural del sistema educativo aragonés con impacto presupuestario y organizativo durante varios cursos académicos.
Las organizaciones alertan también de que, una vez formalizados los conciertos y ejecutada la planificación escolar, una eventual sentencia favorable al recurso podría llegar demasiado tarde. En ese escenario, ya existirían unidades concertadas, centros privados incorporados al sistema de financiación pública y decisiones de escolarización tomadas por las familias, configurando una situación “muy difícil de revertir”.
“Una alteración profunda” de la planificación educativa
El recurso sostiene que la concertación del Bachillerato tendría efectos directos sobre la red pública, afectando a la planificación de plazas, grupos, plantillas docentes y recursos materiales. Las organizaciones denuncian que el trasvase de alumnado hacia centros privados-concertados puede provocar pérdida de grupos en institutos públicos, reducción de necesidades docentes y debilitamiento de la oferta educativa pública en distintos territorios.
Frente a ello, consideran que la suspensión cautelar simplemente mantendría el modelo vigente hasta que exista resolución judicial definitiva, sin generar perjuicios irreparables a la privada, ya que actualmente no existe ningún derecho adquirido a esos nuevos conciertos.
Las entidades recurrentes recalcan además que la medida “no elimina ninguna posibilidad legal existente”, dado que la normativa ya contempla conciertos singulares cuando concurran necesidades reales de escolarización.
El recurso cuestiona la legalidad de la orden aprobada por un Gobierno en funciones
Uno de los principales ejes del recurso se centra en el contexto político y presupuestario en el que fue aprobada la orden. Las organizaciones consideran que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón (PP-Vox), entonces en funciones, excedió sus competencias al impulsar una medida con fuerte impacto económico y efectos plurianuales.
El texto recuerda que un Ejecutivo en funciones tiene limitada su capacidad de actuación y no puede aprobar medidas que impliquen nuevas obligaciones económicas relevantes para la Hacienda autonómica. Aunque la orden no incluya una cifra concreta, las organizaciones recuerdan que el propio Gobierno cifró públicamente el coste de la concertación en alrededor de siete millones de euros por curso y cerca de tres millones ya para el primer trimestre del próximo año académico.
Además, sostienen que no se trata de una mera medida de continuidad administrativa, sino de una decisión “materialmente innovadora” que altera la planificación educativa y presupuestaria de los próximos años y otorga efectos retroactivos a solicitudes previas de concertación.
Las organizaciones subrayan también que el posterior nombramiento del nuevo Gobierno no “convalida” automáticamente posibles irregularidades cometidas cuando la orden fue aprobada.
Miles de plazas vacantes y choque con la legislación educativa
El recurso argumenta igualmente que la medida choca con la propia Ley Orgánica de Educación (LOE), que establece que la programación educativa debe garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y vincula los conciertos educativos a necesidades reales de escolarización.
Las organizaciones recuerdan que actualmente existe una importante bolsa de plazas vacantes en la red pública aragonesa —incluyendo plazas ya concertadas— y advierten de que, si fuera necesario ampliar oferta, la prioridad legal debería ser reforzar la red pública y no derivar recursos a centros privados.
En este punto, citan además la sentencia del Tribunal Constitucional 49/2023, que avaló la supresión del criterio de “demanda social” en la planificación educativa y reforzó el principio de prioridad de la oferta pública.
El recurso cuestiona asimismo la compatibilidad de la medida con la situación de prórroga presupuestaria vigente en Aragón. Las organizaciones consideran jurídicamente dudoso que un Gobierno en funciones pueda aprobar una modificación que incrementa gasto público durante seis años en un contexto normativo que obliga precisamente a contener el gasto y priorizar compromisos ya adquiridos.
La huelga educativa del 19 y 20 de mayo sigue adelante
La batalla judicial se suma así al calendario de movilizaciones ya anunciado por la comunidad educativa aragonesa. Sindicatos, organizaciones de familias, colectivos sociales y fuerzas políticas mantienen la convocatoria de huelga educativa para los días 19 y 20 de mayo, junto a concentraciones, asambleas y actos públicos en defensa de la escuela pública.
Las organizaciones consideran que la concertación del Bachillerato supone un nuevo paso en el “cambio de modelo educativo” impulsado por PP y Vox, basado —denuncian— en el desvío de recursos públicos hacia la enseñanza privada mientras persisten carencias en la red pública.
