La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (FAPAR) ha mostrado su preocupación ante las “contradicciones” del acuerdo de gobierno entre las derechas trumpistas aragonesas, PP y Vox, en materia educativa, cuestionando especialmente la coherencia entre los principios declarados y las medidas planteadas.
El acuerdo recoge, en su tercera base, el compromiso de ‘velar por la eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos’. Sin embargo, desde FAPAR consideran que este principio choca frontalmente con propuestas como la concertación del bachillerato. Según la federación, esta medida resulta difícilmente justificable cuando existen vacantes en institutos públicos e incluso en centros que ya cuentan con conciertos educativos desde hace décadas.
En este sentido, denuncian que la concertación supone una “duplicidad de recursos” que no responde a criterios de equidad, sino a una “ideología del privilegio de unos pocos”, en detrimento del derecho universal a la educación.
Otro de los puntos críticos señalados por FAPAR es la política en torno a la etapa educativa de 0 a 3 años. La organización insiste en la necesidad de garantizar su gratuidad mediante la ampliación de plazas públicas, como única vía para asegurar la igualdad de oportunidades. Frente a ello, critican la propuesta de PP.Vox de desviar fondos públicos a través de subvenciones a guarderías privadas, algunas de las cuales —según denuncian— ni siquiera cumplen la normativa vigente. Esta medida, subrayan, vuelve a contradecir el principio de eficiencia recogido en el propio acuerdo de gobierno para la nueva DGA.
La federación también advierte del riesgo de avanzar hacia un modelo educativo basado en externalizaciones y privatizaciones. A su juicio, garantizar que todo el alumnado alcance sus objetivos de aprendizaje pasa por reforzar la calidad del sistema público, incluyendo los apoyos necesarios dentro del propio sistema educativo. Externalizar estos servicios, alertan, incrementa las desigualdades entre quienes pueden acceder a ellos y quienes no, incluso cuando existen beneficios fiscales.
En relación con las infraestructuras, FAPAR reconoce que la climatización de los centros educativos es una necesidad urgente. No obstante, lamenta que el acuerdo no especifique que estas actuaciones deben centrarse en los centros públicos, únicos sobre los que las administraciones tienen responsabilidad directa.
Asimismo, la organización muestra su preocupación por la propuesta de modificar el currículo para incluir ‘valores democráticos’. Pues, aunque reconocen que este enfoque ya está contemplado en la legislación educativa, consideran que resulta incoherente con lo que califican como una falta de respeto hacia la comunidad catalanoparlante de nuestro país y hacia la diversidad cultural presente en Aragón.
En el ámbito de la salud mental, FAPAR se muestra cauta ante el anuncio de un Plan específico. Esperan que se trate de una iniciativa “real y efectiva” y no de un nuevo anuncio sin desarrollo, recordando que el equipo de educación y salud mental anunciado previamente ha sido desprovisto de personal durante el presente curso, quedando sin operatividad.
Finalmente, la federación reafirma su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la educación a través de una escuela pública “inclusiva, plural, multicultural y diversa”, en consonancia con la realidad social aragonesa.
