Aragón implantará la concertación de 1º de Bachillerato a partir del curso 2026-2027. El Boletín Oficial de Aragón publica este miércoles la orden que permitirá aplicar la medida en centros que ya imparten actualmente esta etapa. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido la decisión —anunciada por Jorge Azcón en septiembre de 2025 durante el debate del estado de Aragón— asegurando que “era una promesa electoral y vamos a cumplirla”, una afirmación que ha desatado una inmediata respuesta sindical, social y política en defensa de la enseñanza pública. La medida, que costará unos 19 millones anuales, se pone en marcha con un Gobierno en funciones y a pesar de la situación de prórroga presupuestaria.
La decisión del Gobierno de Aragón de abrir la puerta a la concertación del Bachillerato activó un amplio frente de rechazo. Sindicatos de la enseñanza y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa coinciden en denunciar que no existe ninguna necesidad real de escolarización que justifique el desvío de dinero público a centros privados, dado que la red pública cuenta con miles de plazas vacantes. Además, advierten de que la medida no solo responde a criterios ideológicos, sino que amenaza con debilitar todavía más a los institutos públicos en un momento de descenso demográfico, prórroga presupuestaria y Ejecutivo en funciones.
CGT anuncia movilizaciones y busca una respuesta común
CGT Enseñanza Aragón ha anunciado que decidirá en las asambleas convocadas esta semana y la próxima qué movilizaciones impulsará para tratar de frenar la concertación del Bachillerato. El sindicato, segundo en la enseñanza pública aragonesa, sostiene que la medida constituye “una nueva agresión a la escuela pública” y plantea articular una respuesta compartida con otras organizaciones que defienden la educación pública en Aragón.
La organización sindical recuerda además que ya convocó tres jornadas de huelga el pasado mes de enero contra la privatización de la enseñanza, unas movilizaciones que, subraya, contaron con amplio respaldo no solo entre el profesorado, sino también entre familias y alumnado.
Para CGT, la decisión del Gobierno de Aragón profundiza en esa misma lógica privatizadora. Desde el sindicato insisten en que existen más de 2.000 plazas vacantes en centros públicos aragoneses, por lo que consideran que destinar alrededor de siete millones de euros a concertar el Bachillerato “es un despilfarro de dinero público” que responde exclusivamente a “criterios ideológicos y de adoctrinamiento”.
CCOO eleva el tono y estudia acudir a los tribunales
La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha expresado un rechazo “rotundo y frontal” al anuncio del Ejecutivo aragonés, al entender que no responde a ninguna necesidad de escolarización. El sindicato remarca que la planificación educativa debe atender al interés general y a las necesidades reales del sistema, no a las exigencias o intereses de las patronales del sector privado-concertado.
CCOO pone el acento en la oportunidad política desaprovechada que, a su juicio, supone esta medida. En un contexto de descenso de la natalidad, considera que el Gobierno de Aragón debería reforzar el sistema público y aprovechar la bajada demográfica para mejorar la calidad educativa, no para apuntalar la concertada. Por eso denuncia que dedicar siete millones de euros a financiar plazas privadas cuando existen más de 2.000 plazas públicas sin ocupar puede chocar con los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria.
El sindicato va más allá y sostiene que financiar con dinero público un servicio que la propia administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de plazas podría llegar a rozar “lo que legalmente se define como malversación de fondos públicos”. A ello añade la “especial gravedad” del momento político en que se adopta la decisión: con un Gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados para este ejercicio. CCOO denuncia que redirigir millones de euros desde las cuentas de Educación hacia la concertación implica detraer recursos de partidas ya asignadas, lo que puede repercutir en el funcionamiento ordinario de los centros públicos, en sus infraestructuras o en el personal de apoyo. La organización califica la operación de “ingeniería presupuestaria” y ya estudia emprender acciones legales para denunciarla y frenarla en los tribunales.
STEA espera que su recurso en el TSJA paralice la concertación
STEA ha activado ya la vía judicial contra la concertación del Bachillerato con un recurso contencioso-administrativo admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). El sindicato estudia ahora solicitar medidas cautelares para impedir que la medida se aplique el próximo curso.
La organización considera que la decisión del Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) es “contraria a la Ley” e innecesaria, al recordar que la red pública dispone de capacidad suficiente para absorber la demanda. En concreto, cifra en unas 2.500 las plazas disponibles en Bachillerato, con más de 700 vacantes solo en Zaragoza.
STEA advierte de que la concertación supondrá un desvío de recursos públicos hacia centros privados y una merma de plantillas y recursos en la red pública, lo que califica como una “carga de profundidad” contra el sistema educativo aragonés. En este contexto, anuncia que impulsará movilizaciones para frenar la medida, sin descartar convocar una huelga.
IU denuncia el beneficio a la red vinculada a la Iglesia católica
Izquierda Unida Aragón también ha cargado con dureza contra la decisión del Gobierno aragonés. La coordinadora y portavoz parlamentaria de la formación, Marta Abengochea, sostiene que el Ejecutivo en funciones ha optado por poner dinero público al servicio del Bachillerato privado en lugar de fortalecer una red pública que ya dispone de plazas suficientes y de calidad contrastada.
IU sitúa el foco sobre el componente ideológico y sobre el beneficio directo que, a su juicio, obtendrá la red concertada vinculada a la Iglesia católica. Según la formación, la medida no responde a una necesidad real del sistema educativo, sino a una apuesta política por derivar recursos públicos hacia intereses privados. Abengochea recuerda que durante años las peticiones de concierto en Bachillerato han sido mayoritariamente rechazadas en aplicación de la normativa vigente, concretamente de la Ley Orgánica de Educación y del Real Decreto que regula los conciertos, que establecen que solo deben autorizarse cuando exista una necesidad real de escolarización.
La formación denuncia además la contradicción del Ejecutivo, que justifica la medida con argumentos de equidad, planificación educativa o atención a la diversidad. Para IU, ocurre precisamente lo contrario: los conciertos educativos favorecen la segregación, no garantizan una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas y generan una ampliación artificial de la oferta sin responder a la demanda existente. La crítica se endurece además por el contexto político en el que se adopta la decisión, ya que, según IU, un Gobierno en funciones y con presupuestos prorrogados ha decidido modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso, evidenciando cuáles son sus prioridades. En paralelo, la organización ha reforzado estos días su campaña en defensa de la escuela pública, animando a las familias a matricular a sus hijas e hijos en la red pública.
CHA registra una iniciativa en las Cortes para frenar la concertación
Chunta Aragonesista ha optado por la vía parlamentaria y ha registrado ya una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para intentar frenar la implantación de la concertación del Bachillerato y reforzar el sistema público. La formación señala que el plan del Departamento de Educación contempla introducir conciertos en primero de Bachillerato a partir del próximo curso con hasta 65 unidades previstas.
La portavoz adjunta de CHA, Isabel Lasobras, sostiene que la medida no responde a ninguna necesidad real, ya que la red pública dispone de plazas suficientes para atender la demanda y, al tratarse de una etapa no obligatoria, destinar fondos públicos a centros privados resulta injustificado. Lasobras advierte además de que la concertación puede provocar un desplazamiento progresivo de alumnado hacia la privada, debilitando a los institutos públicos y erosionando su papel vertebrador.
CHA subraya también que la medida puede agravar las desigualdades territoriales y sociales, al beneficiar sobre todo a centros privados de las grandes ciudades mientras buena parte del alumnado del medio rural sigue enfrentándose a desplazamientos para poder continuar sus estudios postobligatorios. Desde esa perspectiva, la formación plantea una defensa más amplia de la red pública y reclama que los recursos se destinen a mejorar y modernizar infraestructuras, reforzar plantillas, reducir ratios, garantizar igualdad de oportunidades en todo Aragón y evitar también la externalización de enseñanzas de Formación Profesional. La formación ha dejado claro, además, que apoyará cuantas concentraciones y manifestaciones se convoquen en defensa de la enseñanza pública.
El PSOE critica la “asfixia” a la educación pública
El PSOE también ha cargado contra el Gobierno de Aragón por impulsar la concertación del Bachillerato mientras permanece en funciones, denunciando que “solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. El diputado Jorge Pastor ha asegurado que la medida “supone la asfixia de la educación pública” y responde a una política de recortes en favor de la privatización.
El PSOE ha contrapuesto esta decisión con sus propuestas para “reforzar la red pública”, como la universalización de la educación de 0 a 3 años, un plan de infraestructuras educativas adaptado al contexto climático o la gratuidad de los comedores escolares hasta los 16 años. Pastor ha criticado que, frente a estas medidas, el Ejecutivo de Jorge Azcón opte por destinar fondos públicos a la concertada.
Además, el grupo parlamentario socialista ha registrado la solicitud de informes y del expediente completo para analizar la legalidad y adecuación de la medida, subrayando que se adopta en un contexto de presupuestos prorrogados y con un Gobierno en funciones.
Aragón-Teruel Existe advierte del “asalto” a la escuela pública
Aragón-Teruel Existe ha calificado la ampliación de los conciertos de Bachillerato como “un asalto a la enseñanza pública” y una decisión “irresponsable” del Gobierno en funciones. La diputada Pilar Buj cuestiona que la medida tenga encaje presupuestario y advierte de que podría “forzar la normativa”, además de carecer del respaldo de la inspección educativa, lo que, a su juicio, evidencia inseguridad jurídica.
La formación también pone en duda la legitimidad del Ejecutivo de Azcón para adoptar este tipo de decisiones en funciones, planteando interrogantes sobre si puede alterar la planificación educativa sin cobertura normativa suficiente. En este sentido, señala que la medida genera “muchas dudas desde el punto de vista legal y de gestión”.
Desde Aragón-Teruel Existe interpretan el anuncio como una operación política que responde a los intereses del PP y Vox y no al interés general. Buj ha denunciado que el Ejecutivo trata de “tapar su inacción” con este tipo de anuncios, en un contexto de parálisis institucional que, afirma, se prolonga desde hace meses.
Un nuevo frente por la escuela pública
La respuesta a la concertación del Bachillerato se plantea así como un nuevo capítulo en la disputa sobre el modelo educativo en Aragón, con la defensa de la escuela pública como eje central del conflicto. Sindicatos educativos, junto a formaciones políticas de distinto ámbito, coinciden en denunciar que la medida no responde a una necesidad real del sistema, sino a una decisión de carácter ideológico que desvía recursos públicos hacia la red privada.
Las advertencias también convergen en sus consecuencias: debilitamiento de los institutos públicos, reducción de recursos, aumento de desigualdades y avance de la privatización educativa. Este escenario conecta además con el reciente Acuerdo por la Escuela Pública aragonesa, suscrito durante la campaña electoral por un amplio frente social, sindical y político —con CHA, IU, Movimiento Sumar, Podemos–Alianza Verde, PSOE, Coalición Aragonesa y Aragón Existe— y del que quedaron fuera PP, PAR y Vox.
