La expansión de las energías renovables en Aragón —presentada durante años como una oportunidad histórica para la descarbonización, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación— vuelve a situarse en el centro del debate público tras las últimas revelaciones en torno a Forestalia y las declaraciones de su presidente, Fernando Samper, en el Senado. Lejos de disiparse, las dudas sobre la actuación de la compañía se intensifican, abriendo interrogantes sobre la relación entre grandes promotores energéticos, instituciones públicas y redes de influencia política.
Las informaciones publicadas en los últimos días señalan que Samper habría rechazado responder a preguntas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en el marco de investigaciones relacionadas con la concesión de proyectos renovables. Esta negativa alimenta la percepción de falta de transparencia en un sector que gestiona recursos estratégicos y territorio a gran escala.
A ello se suma el reconocimiento, por parte del propio empresario en sede parlamentaria, de reuniones con el dirigente político Santos Cerdán, a través del intermediario Antxon Alonso, en un contexto marcado por las derivaciones del llamado ‘caso Koldo’ y su relación con el ‘caso Samper-Forestalia’. Aunque Samper niega cualquier vínculo económico con la trama, la existencia de estos contactos vuelve a poner sobre la mesa la permeabilidad entre intereses empresariales y esferas de poder político.
Pero las aristas del caso no terminan ahí. Otra de las informaciones más relevantes apunta a la posible existencia de conflictos de interés en la evaluación de proyectos: una consultora vinculada familiarmente a una directiva de Forestalia habría participado en la tramitación de expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). De confirmarse, este hecho cuestionaría, aún más, la imparcialidad de los procesos administrativos que han permitido la implantación masiva de macroproyectos energéticos en nuestro país.
Un modelo cuestionado desde el territorio
Más allá de las posibles responsabilidades individuales, el caso Forestalia actúa como síntoma de un problema estructural: el modelo de transición energética impuesto en Aragón. Bajo el paraguas de la urgencia climática, grandes corporaciones han desplegado parques eólicos y plantas fotovoltaicas sin una planificación territorial equilibrada ni un retorno justo para las comunidades locales.
Colectivos sociales, plataformas vecinales y organizaciones ecologistas llevan años denunciando que el actual despliegue responde a una lógica extractivista: se ocupan miles de hectáreas de suelo agrario y espacios naturales, se externalizan los beneficios y se minimiza la participación real de las poblaciones afectadas. Aragón se convierte así en una “zona de sacrificio” energética al servicio de los grandes centros de consumo del Estado español y de las multinacionales.
Este patrón reproduce dinámicas históricas de subordinación territorial, en las que el país aragonés asume los costes ambientales y sociales (con los pantanos como ejemplo más desolador) mientras otros territorios concentran los beneficios económicos e industriales. Una situación que evidencia, una vez más, el desequilibrio en la estructura territorial del Estado español.
Transición energética: ¿para quién y cómo?
Las últimas revelaciones sobre Forestalia no solo interpelan a una empresa concreta, sino que obligan a replantear el modelo de transición energética en su conjunto. La lucha contra el cambio climático no puede servir como coartada para reproducir prácticas opacas, ni para consolidar un desarrollismo verde que ignore los derechos del territorio.
Frente a este modelo, cada vez son más las voces que reclaman una transición energética justa, basada en la soberanía energética, la planificación democrática y el respeto a los ecosistemas. Esto implica apostar por proyectos de menor escala, participación comunitaria, generación distribuida y un reparto equitativo de los beneficios.
El caso Forestalia, con sus silencios, conexiones políticas y posibles conflictos de interés, se convierte así en un punto de inflexión. No solo por lo que pueda derivarse en el ámbito judicial o político, sino por lo que revela sobre un modelo energético que, lejos de transformar las lógicas del sistema, corre el riesgo de profundizar en ellas bajo un nuevo barniz verde.
La pregunta, cada vez más urgente, ya no es solo cuánta energía renovable se instala, sino en manos de quién, bajo qué condiciones y a costa de qué territorios.
