Las denuncias por obstáculos en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza han dado un nuevo salto. El PSOE municipal ha llevado la situación ante el Chusticia d’Aragón al considerar que se están vulnerando derechos en el acceso a documentación imprescindible para este procedimiento.
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha registrado una queja en la que reclama una actuación urgente ante la gestión del Gobierno de Natalia Chueca (PP-Vox), a quien acusa de no haber adoptado medidas para garantizar la atención en un proceso que afecta a miles de personas.
El escrito, registrado este lunes, describe una situación de saturación en la atención municipal derivada de decisiones organizativas que han concentrado la demanda en un único punto. En concreto, señala que el Ayuntamiento ha restringido la atención en órganos descentralizados, obligando a canalizar los trámites hacia la Plaza del Pilar y la Casa de las Culturas.
Según el documento, el pasado 17 de abril se dictó una instrucción interna dirigida al personal municipal en la que se ordenaba derivar a la Plaza del Pilar toda la documentación vinculada a la regularización. Esta directriz, además, no tendría carácter general, sino que afectaría específicamente a personas en proceso de regularización, estableciendo un criterio diferenciado en función de su situación administrativa.
La queja advierte de que esta medida concentra la atención en una sola sede, incrementa las colas y puede dificultar el acceso a la documentación dentro de un procedimiento extraordinario con plazos limitados. También apunta a una posible vulneración de los principios de igualdad de trato, no discriminación y buena administración.
Desde el PSOE se reclama restablecer la atención descentralizada, reforzar medios y garantizar información adecuada para evitar situaciones como las que se están produciendo en la vía pública. Ranera ha defendido que “una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias” y ha criticado la falta de respuesta del Ejecutivo municipal.
Órdenes internas y críticas desde dentro del Ayuntamiento
A la denuncia política se suman las críticas de trabajadores municipales, que describen un escenario de saturación evitable. Según explican, muchas de las personas que buscan regularizar su situación necesitan solicitar tanto el certificado histórico de empadronamiento como el de vulnerabilidad, trámites que deben iniciarse mediante registro administrativo.
Sin embargo, denuncian que no se está informando de que estas solicitudes pueden presentarse en distintos registros —presenciales o electrónicos—, lo que permitiría repartir la carga de trabajo. Además, señalan que en las Juntas municipales y vecinales se habría dado la orden de no tramitar expedientes relacionados con la regularización y derivar a todas las personas a la Plaza del Pilar.
En el Registro General, añaden, se han habilitado ventanillas específicas para estos trámites, pero sin flexibilidad para reorganizar la atención en función de la demanda. “Las medidas adoptadas no están ayudando a aliviar la situación, sino a incrementarla”, resumen.
Estas fuentes recuerdan que en anteriores procesos de regularización también se produjeron incrementos de trabajo, pero los ayuntamientos adoptaron medidas para agilizar la atención. “La diferencia es que entonces se intentó dar respuesta; ahora no se está haciendo”, apuntan.
Continuidad de las denuncias: ZeC ya alertó de obstáculos
Las críticas actuales se suman a las expresadas la pasada semana por Zaragoza en Común, que denunció que el Gobierno municipal de Natalia Chueca había limitado la emisión de certificados de vulnerabilidad a la Casa de las Culturas, impidiendo que pudieran tramitarse desde los Centros Municipales de Servicios Sociales.
El concejal Suso Domínguez advirtió entonces de que esta decisión está dificultando la incorporación al proceso para muchas personas y la calificó como una medida que “solo es entendible si existe voluntad de dificultar el acceso”.
Por qué el Gobierno del PP de Natalia Chueca está impidiendo a los Centros Mpales. de Servicios Sociales emitir certificados de vulnerabilidad para la regularización❓
O es que precisamente lo que buscan es dificultar o impedir que las personas puedan acceder a este proceso❓ pic.twitter.com/kH1z2NAefO
— ✳ Suso Domínguez (@susodomin) April 18, 2026
A estas críticas se han sumado nuevas declaraciones de ZeC tras las palabras de la alcaldesa. Natalia Chueca afirmó que el Ayuntamiento está “desbordado por una regularización a granel, que no dignifica”. La portavoz municipal de la formación, Elena Tomás, respondió que la alcaldesa “empieza mintiendo, sigue escurriendo el bulto y acaba en el mismo discurso racista y xenófobo de siempre”.
Tomás subrayó además que “las colas en el Ayuntamiento no son casualidad: son consecuencia de sus decisiones”, en referencia al cierre de la atención en juntas de distrito y servicios sociales, y calificó la intervención de Chueca como “bochornosa”.
Empieza mintiendo, sigue escurriendo el bulto y acaba en el mismo discurso racista y xenófobo de siempre.
Las colas en el Ayuntamiento no son casualidad: son consecuencia de sus decisiones: cerrar la atención en juntas de distrito y servicios sociales.
Otra intervención… https://t.co/9ceG6ZjTJr— Elena Tomás Bona (@ElenaTomasBona) April 19, 2026
“El mismo discurso racista y xenófobo de siempre”
En las últimas horas, ZeC ha ido un paso más allá y ha remitido una carta directa a la alcaldesa Natalia Chueca en la que denuncia un “trato vejatorio y totalmente injusto” hacia vecinos y vecinas que tratan de acceder a la documentación necesaria para la regularización.
En el escrito, la formación señala que la decisión de centralizar los trámites en la Plaza del Pilar “ha provocado el colapso absoluto del servicio” y ha sometido a decenas de personas a situaciones “que rozan lo inhumano”, con largas esperas en la calle mientras el interior del Ayuntamiento permanece infrautilizado.
ZeC advierte además de que se estaría ocultando la posibilidad de presentar solicitudes en otros registros administrativos y critica que se limite la emisión de informes de vulnerabilidad a un único recurso, lo que incrementa la saturación. También reclama medidas urgentes para descentralizar la atención, reforzar personal y evitar las colas.
La formación concluye que la regularización es un proceso que debería facilitar el acceso a derechos a personas que ya viven y trabajan en la ciudad y acusa al Gobierno municipal de “generar caos y sufrimiento” en su gestión.
El proceso de regularización extraordinaria, abierto el pasado 16 de abril, permite a personas en situación administrativa irregular acceder a autorización de residencia y trabajo durante un año si cumplen los requisitos establecidos. Se trata de una medida que afecta a miles de personas que ya viven y trabajan en el Estado español —17.000 en Aragón— y que busca facilitar su acceso a derechos en condiciones de igualdad.
