El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ha comenzado en todos los territorios del Estado, abriendo una vía para acceder a autorización de residencia y trabajo a miles de personas que ya viven y trabajan aquí. En este contexto, Zaragoza en Común (ZeC) ha denunciado obstáculos administrativos en la ciudad que pueden dificultar el acceso a este derecho.
Según ha señalado el concejal Suso Domínguez, el Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP-Vox) ha limitado la emisión de los certificados de vulnerabilidad —uno de los documentos necesarios en determinados casos— a la Casa de las Culturas, impidiendo que puedan tramitarse desde los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), pese a que sus profesionales están habilitados legalmente para ello.
Estos certificados resultan imprescindibles para aquellas personas que no pueden acreditar otras vías de acceso al proceso, como haber trabajado en el Estado español o disponer de una unidad familiar con menores o personas dependientes. Por ello, ZeC advierte de que restringir su emisión puede tener consecuencias directas sobre la posibilidad de completar la regularización.
Domínguez ha criticado además la falta de planificación municipal ante un procedimiento que era conocido con antelación. En este sentido, ha señalado que las colas registradas en el Ayuntamiento responden principalmente a la solicitud de estos informes, y no a otros trámites como el padrón. “El Gobierno mantiene a vecinos y vecinas esperando en la calle mientras el interior del edificio está vacío”, ha denunciado criticando que el Gobierno PP - Vox trata así de escenificar un supuesto caos.
Para el concejal, la decisión de centralizar la emisión de certificados no responde a criterios técnicos. “Estamos hablando de una red de quince centros con cerca de 100 trabajadores y trabajadoras sociales que llevan años trabajando con estas personas y que podrían emitir estos informes. Solo es entendible si existe voluntad de dificultar el acceso”, ha afirmado.
Desde ZeC insisten en que la prioridad debe ser facilitar el acceso a derechos a personas que ya forman parte de la ciudad. “Estamos hablando de vecinos y vecinas que llevan años viviendo y trabajando aquí”, ha subrayado Domínguez, que ha pedido al Gobierno municipal que deje de lado la confrontación política y actúe con responsabilidad.
En esta línea, ha reclamado una respuesta coordinada y basada en la planificación, recordando que situaciones de aumento puntual de la demanda en los servicios municipales son previsibles y deben ser atendidas con recursos adecuados. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha señalado.
El concejal también ha criticado el uso de determinados discursos en torno a la regularización. “Hablar de ‘caos migratorio’ o ‘efecto llamada’ puede quedar bien en un titular, pero no es cierto”, ha afirmado, y ha instado a la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, a abandonar “la utilización de las personas migrantes para confrontar políticamente”.
Arranque del proceso con normalidad a nivel estatal
Mientras tanto, el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que el inicio del proceso se ha desarrollado con normalidad en sus primeras horas. En el primer día se registraron 13.500 solicitudes telemáticas a través de la plataforma Mercurio.
Además, se formalizaron y confirmaron más de 19.600 citas previas para la atención presencial, que comenzará el próximo lunes 20 de abril. Desde el Ministerio recuerdan que la cita previa es obligatoria y que no se atenderá en ninguna oficina sin este requisito.
Las solicitudes presenciales se gestionarán a través de oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas, con horarios específicos para no interferir en otros trámites. El procedimiento permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
