El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que activa la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes en el Estado español, culminando el proceso anunciado a comienzos de año. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado este miércoles 15 de abril y ha entrado en vigor al día siguiente, este jueves 16, fecha en la que se abre el plazo de solicitudes. Se calcula que más de 500.000 personas, 17.000 en Aragón, podrían intentar acogerse a la regularización.
Desde este mismo jueves, las personas interesadas podrán iniciar el trámite de forma telemática, mientras que el sistema de cita previa para la atención presencial también queda habilitado. La atención en oficinas comenzará el lunes 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
La regularización está dirigida a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en el Estado español desde antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses. Entre los requisitos también figura la “ausencia de antecedentes penales” y “no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública”, según recoge la norma.
El permiso concedido tendrá una duración inicial de un año y permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio. Además, la apertura del procedimiento habilita automáticamente para trabajar desde el inicio de la tramitación y conlleva la asignación de un número de la Seguridad Social. Posteriormente, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería.
“La medida incluye garantías específicas para menores de edad, que podrán acceder a autorizaciones de residencia de cinco años, y permite tramitar de forma conjunta las solicitudes de unidades de convivencia”, detalla la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Para acreditar la estancia en el Estado español, se podrán presentar documentos públicos o privados fechados que verifiquen la presencia en el territorio. En el caso de personas en situación irregular, además, deberán demostrar haber trabajado, contar con vínculos familiares o acreditar una situación de vulnerabilidad, mediante certificado validado por servicios sociales o entidades autorizadas.
El proceso contará con el apoyo de profesionales de la abogacía, graduados sociales y gestores administrativos, así como de entidades sociales inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX), entre ellas sindicatos y organizaciones con experiencia en acompañamiento a personas migrantes. Este acompañamiento será gratuito.
Las solicitudes podrán realizarse en oficinas de Extranjería, Seguridad Social, Correos y por vía telemática mediante certificado digital. La administración ha habilitado también el teléfono 060 y un portal web específico para resolver dudas.
Elma Saiz ha defendido la medida asegurando que “garantiza derechos y dota de seguridad jurídica al sistema” y ha subrayado que el procedimiento será “ágil, eficaz y sin trabas”. “Hoy es un gran día. Hoy España se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos”, ha afirmado.
“Hoy se abre un paso histórico”
Desde el movimiento Regularización Ya han celebrado la aprobación definitiva del decreto como una conquista colectiva tras años de movilización. “Se abre un paso histórico hacia el reconocimiento de derechos para miles de personas migrantes”, han señalado, al tiempo que animan a la sociedad a acompañar el proceso.
También desde medios como El Salto se ha destacado el carácter histórico del momento y el papel clave del movimiento social en la consecución de esta medida, que supone uno de los principales hitos en materia migratoria de los últimos años.
Desde Regularización Ya están trabajando en un mapa de entidades colaboradoras, y también han llamado a que las organizaciones sin fines de lucro se apunten “y sea más fácil que nuestras comunidades se enteren de quién te va a atender en árabe, quién te va a atender en francés, quién te va a atender en pueblos”.
Celebración en Zaragoza para sostener la lucha
En paralelo a la apertura del proceso, el movimiento por la regularización sigue activo también en las calles. Este sábado 18 de abril, el Solar de San Agustín de Zaragoza acogerá una jornada festiva impulsada por el colectivo Regularización Ya bajo el lema “Nos encontramos para celebrar y contribuir a la caja de resistencia”.
La cita, que se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 horas, combinará espacios de asesoría jurídica con actividades culturales y comunitarias, incluyendo música en vivo, talleres de baile, propuestas para peques y un taller de poesía, además de vermú y tapeo. El objetivo, además de celebrar el avance conseguido, es reforzar la red de apoyo mutuo y sostener económicamente la lucha por los derechos de las personas migrantes.
Punto informativo en Teruel
En Teruel, desde el CSA A Ixena y los sindicatos CGT y CNT han puesto en marcha un espacio de información y acompañamiento para personas que puedan acogerse a la regularización extraordinaria. Ambas organizaciones ofrecen asesoría gratuita, orientación y resolución de dudas, además de atención presencial con cita previa.
CNT atenderá los lunes de 19:00 a 21:00 horas, mientras que CGT lo hará los miércoles de 10:00 a 13:00 horas. El objetivo es facilitar el acceso al proceso y, al mismo tiempo, detectar y denunciar posibles situaciones de abuso laboral sufridas por personas migrantes.
Desde estos espacios subrayan que la regularización “alivia la vida de cientos de miles de personas”, al reducir el miedo cotidiano y permitir el acceso a derechos básicos. Sin embargo, advierten de que este avance no debe confundirse con una solución estructural: “No desmantela el régimen que produce la exclusión; lo gestiona”. En ese sentido, recuerdan que ningún derecho ha sido concedido sin presión social y sitúan este proceso como una conquista arrancada desde abajo.
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El Gobierno de Azcón continúa con la agenda ultraderechista
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha anunciado que recurrirá la regularización extraordinaria en cuanto el Real Decreto se publique en el BOE. Aún en funciones, el Ejecutivo dirigido por Jorge Azcón (PP) ha mostrado un rechazo frontal a una medida que amplía derechos y ha asegurado que “planteará todas las posibilidades judiciales y políticas” para frenarla.
La decisión sitúa al Ejecutivo aragonés en la línea de confrontación directa contra una medida que busca garantizar derechos básicos a miles de personas migrantes, en sintonía con los marcos y discursos impulsados por la ultraderecha, con la que negocia estos días la formación de gobierno. En lugar de facilitar el acceso a derechos, el Ejecutivo de Azcón opta por judicializar una medida de alcance estatal que responde a una reivindicación histórica de los movimientos sociales.
El anuncio del PP anticipa una ofensiva política y jurídica contra la regularización que, previsiblemente, volverá a apoyarse en discursos sin base empírica como el “efecto llamada”, la criminalización de la migración o el supuesto colapso de los servicios públicos, utilizados de forma recurrente para justificar políticas racistas, restrictivas y recortes de derechos.
“PP y Vox utilizan la regularización, una medida que debería ser motivo de alegría, para confrontar y difundir mentiras”
Tal y como ya se anticipaba en el plano autonómico, el rechazo a la regularización también se ha trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza. En una bochornosa rueda de prensa, la concejala de Políticas Sociales del Gobierno de Natalia Chueca (PP-Vox), Marián Orós, ha expresado su “rechazo absoluto” a la medida, calificándola de “improvisada y sin financiación”.
Durante su intervención, Orós ha recurrido a argumentos racistas, habituales en el discurso de la derecha sobre migración, asegurando que la regularización genera “efecto llamada” y “tensiona los servicios sociales municipales”. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox, Eva Torres. La ultraderechista ha cargado contra el Gobierno estatal y ha vinculado la medida a lo que ha definido como “política de puertas abiertas”.
La respuesta no se ha hecho esperar. El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha calificado estas declaraciones de “verdadera vergüenza” y ha criticado a PP y Vox por utilizar una medida que afecta a “vecinos y vecinas que ya están viviendo y trabajando”, y que “debería ser motivo de alegría”, para “confrontar difundiendo datos falsos y mentiras”.
Domínguez ha recordado además que la saturación de los servicios municipales no es un fenómeno excepcional vinculado a la regularización, sino una consecuencia de la falta de planificación del propio Ayuntamiento. “El problema es que no hay capacidad de planificación ni recursos para afrontar situaciones extraordinarias que son previsibles”, ha señalado.
Críticas a CCOO en el arranque del proceso de regularización
En paralelo, la convocatoria de huelga indefinida en las oficinas de Extranjería anunciada por CCOO a partir del 21 de abril había generado críticas desde distintos sectores del movimiento antirracista. Activistas como Moha Gerehou y Youssef M. Ouled cuestionaron la idoneidad de esta medida en un momento clave para miles de personas migrantes, advirtiendo de que una paralización del sistema podía dificultar el acceso a derechos.
Finalmente, este jueves se ha conocido que CCOO y el Ministerio de Política Territorial han alcanzado un acuerdo que permite desconvocar la huelga prevista en Extranjería y en el conjunto de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, evitando así un posible bloqueo del proceso en sus primeras semanas.
