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Pese a los reiterados intentos del PP para sabotear la investigación policial y judicial, el Tribunal Supremo confirma en sentencia firme -y ratifica asimismo la sentencia anterior de la Audiencia Nacional- que el PP empleó ilegalmente durante, al menos, 18 años un sistema de financiación irregular -Caja B- para financiar con sobresueldos a sus cargos públicos y orgánicos, dopar sus campañas electorales con dinero de empresarios ‘amigos’ a cambio de ‘favores’ -contratos de administraciones públicas dirigidas por el PP-, e incluso financiar a medios ultraderechistas afines como el del nacionalista hispano-madrileño Federico Giménez Losantos.