Los interventores del Ayuntamiento de Zaragoza llevan meses poniendo sobre la mesa una retahíla de irregularidades detectadas en la gestión económica del consistorio y en algunas de sus entidades públicas, especialmente Zaragoza Cultura y Zaragoza Turismo.
Esos informes de la Intervención impugnan de manera directa el discurso oficial que desde el comienzo de la legislatura viene manteniendo la coalición PP-Cs de Jorge Azcón y Sara Fernández que gobierna la capital aragonesa bajo la supervisión de Vox: el ayuntamiento se encontraba en una “situación de bancarrota”, según llegó a afirmar el alcalde en su perfil de Facebook, “después de 16 años de gobiernos de izquierdas” y su principal “empeño” iba a ser poner orden en las cuentas municipales.
Sin embargo, los interventores vienen a concluir que la progresión del segundo equipo de gobierno de centro derecha de este siglo en la capital aragonesa no acaba de alcanzar el grado de ‘adecuada’ en ámbitos como el del orden de las cuentas, una apreciación en la que, al margen de las aportaciones de los medios de comunicación locales en aspectos llamativos como el convenio con y las ayudas a una oenegé en la que trabajan familiares del concejal Ángel Lorén, la compra de un móvil de última generación de 1.200 euros con cargo a las arcas públicas por la responsable del área económica, María Navarro, o el desmesurado crecimiento de la nómina de asesores, parecen coincidir los ‘controllers’ del Tribunal de Cuentas.
El informe del tribunal de cuentas sobre el COVID-19
Estos advirtieron a mediados del año pasado en un voluminoso informe de fiscalización de más de 800 páginas de varias peculiaridades e irregularidades detectadas en la utilización de los contratos de emergencia por la pandemia, entre ellas el propio aumento del volumen de utilización (+124% en número, +68% en importe) de ese formato en 2020.
El recurso a ese tipo de contratos creció en todas las administraciones en 2020, ya que fue utilizado para dar cobertura a actuaciones de urgencia para hacer frente a la situación causada por la pandemia de covid-19 y por las medidas adoptadas para hacerle frente. Otra cosa es que, como ocurrió en Zaragoza, ese formato fuera utilizado para otras cosas, entre ellas algunas tan pintorescas como organizar una ofrenda virtual a la virgen del Pilar con un coste de 45.000 euros más IVA mediante un contrato adjudicado a dedo.
El encargo “tenía por objeto el servicio de ideación, diseño y creación de un espacio virtual digital que permitiera recrear una experiencia completa de la ofrenda de flores durante las Fiestas del Pilar 2020”, señala el informe del Tribunal de Cuentas, que explica cómo ese contrato “no tenía por finalidad la adopción de una medida que directa o indirectamente estuviese encaminada a hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, ni a evitar un acontecimiento catastrófico o una situación que supusiese un grave peligro, ya que de la suspensión de la ofrenda de flores de las Fiestas del Pilar como consecuencia de la pandemia no se derivaba la necesidad inminente de la realización de una ofrenda de flores virtual”.
El dictamen reseña también la existencia de otros dos contratos por un valor superior al millón de euros cada uno de ellos que no fueron remitidos al tribunal “a través de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales a pesar de superar las cuantías establecidas", a los que se suman otros tres carentes de cobertura legal por no tener “ninguna relación con la situación sanitaria causada por el COVID-19, ni con ninguna situación derivada de acontecimientos catastróficos, o que suponga grave peligro", ya que se trataba de obras en colegios.
La supervisión del Tribunal de Cuentas detectó cómo el Ayuntamiento de Zaragoza pagó recargos de IVA del 21% en suministros exentos de ese impuesto, con el consiguiente lucro para quien facturaba y quebranto para las arcas públicas cómo llegó a abonar a cuenta hasta el 50% al adquirir 40 kits de test de anticuerpos “sin exigencia de garantía y sin que se dejase constancia en el expediente de la justificación de la no exigencia de garantía" en la compra de 40 kits de pruebas rápidas de detección de anticuerpos y cómo fue, junto con el de Murcia, el único consistorio que no incluyó "en ninguno de los contratos examinados” la acreditación “ni de la capacidad ni de la solvencia de la empresa adjudicataria”.
Uno de cada ocho euros se gasta sin soporte presupuestario o sin contrato
Unos meses después, la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza emitía un Informe de Control Financiero que indica que, en ese mismo año 2020 en el que recurrió a los contratos de emergencia con la soltura descrita por el Tribunal de Cuentas, el consistorio se gastó algo más de uno de cada ocho euros (102,58 millones de 802,94) al margen del presupuesto, ya fuera mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos (REC), que es la figura prevista para los desembolsos por asuntos no previstos, o la convalidación de gastos (CG), que se la que se utiliza para cubrir los excesos sobre la previsión inicial.
“Entre los ejercicios [de] 2014 y 2020 el importe de los reconocimientos extrajudiciales de crédito se ha triplicado”, señala la Intervención, que reseña cómo “el porcentaje de CG y REC respecto de las obligaciones netas reconocidas en 2020 asciende al 12,78 %”.
“Debería ser un objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza reducir” el uso de las CG y REC, indican los interventores, que anotan que estas “tienen su origen mayoritariamente en prestaciones contractuales sin contrato, o bien en facturación sin crédito presupuestario”.
En este caso, los ‘controllers’ municipales detectaron 4.069 facturas por valor de 89,4 millones pagadas mediante convalidaciones de gastos y otras 535 por 13,17, dos cifras desconocidas en la historia del ayuntamiento y que rebasan con creces tanto las horquillas de 24 a 53 millones del periodo 2015-2018, el de los últimos meses de Juan Alberto Belloch (PSOE) y el grueso de la legislatura de Pedro Santisteve (ZeC) hasta cuadruplicarlas y duplicarlas, como las del 3,21% al 7,49%.
Estaba claro que con Azcón, Fernández y su equipo llegaba una nueva forma de gestionar lo público, aunque no precisamente en la dirección a la que apuntaban su discurso y la propaganda oficial. De hecho, el cambio de estilo ya se dejó notar en su primer año en el consistorio, en este caso compartido con el gobierno de ZeC en minoría, ya que el volumen de pagos fuera de presupuesto se disparó de 53,5 a 86,8 mientras su peso sobre el total pasaba del 7,49% al 11,91%.
Los gastos extrapresupuestarios se concentraron en Parques y Jardines, con 4,07 millones de euros, Acción Social con 3,51 e Infraestructuras con 2,7, servicios a los que rebasa en los convalidados Equipamientos con 20,96, aunque muy cerca de la concejalía de Lorén, que añade otros veinte en esta modalidad para liderar con 24,47 el ránquing de pagos imprevistos.
Entre los servicios que se prestaban sin cobertura contractual se encuentran algunos como el mantenimiento de la red viaria y la de abastecimiento de agua, la del alumbrado o el mantenimiento de fuentes y zonas verdes. “El problema no se encuentra en la previsión presupuestaria para afrontar los gastos sino que se focaliza en la ausencia de nueva tramitación de los correspondientes contratos una vez extinguidos los anteriores, en su mayoría de servicios”, concluye el informe.
Los sobresueldos y los sueldos sin contrato de Zaragoza Cultural
Zaragoza Cultural, la empresa que se encarga de gestionar los espacios y proyectos municipales de esa área, cerró el ejercicio de 2021 con unos beneficios de casi 1,4 millones de euros tras unos gastos de 10,45 y unos ingresos de 11,82, un volumen de negocio mayor que el de 2020 y ahora con resultado positivo tras los registros de 8,8 y 8,15 del primer año pandémico.
Esas ganancias, no obstante, conviven con varias anomalías detectadas por la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha formulado una serie de salvedades a las cuentas de la empresa, cuya gestión supervisa por tratarse de una entidad pública en la que el consistorio figura como socio único.
“Siguen satisfaciéndose mediante convalidación de gastos importantes cantidades” a terceros “por la prestación de servicios sin contrato”, señala el documento, que recoge cómo “se han detectado algunas facturas a las que se ha prestado conformidad sin que conste la fecha del conforme”.
Esas peculiaridades afectan también al área de Personal, puesto que los importes de las nóminas “siguen sin adecuarse a los complementos que marca el convenio municipal, en especial el complemento de puesto de trabajo, resultando en términos globales superiores” y con “una cantidad relevante en el cómputo anual”.
Esas prácticas generan “grandes diferencias para puestos de trabajo equivalentes” dentro de la plantilla, a lo que se suma que “continúan concediéndose anticipos al personal sin aplicar los criterios establecidos” por el ayuntamiento para ello y que la sociedad le siguen pagando un seguro de vida a tres personas que ya no trabajan allí.
Por otro lado, los interventores destacan que la sociedad carece de un inventario de su inmovilizado, es decir, de los bienes que posee, aunque sí dispone de uno de carácter contable que sirve para salir del paso, a lo que se suma el hecho de que “la contabilización de ingresos no va precedida de la comprobación de que las cantidades que se van a ingresar sean correctas y conformes a los precios públicos aprobados para las ventas de entradas, abonos y servicios prestados” y, además de la aparente imposibilidad de cobrarle una factura de 23.600 euros a MercaZaragoza, episodios como una facturación en exceso y un cobro que afecta a dos ejercicios distintos en el auditorio, sin “justificación alguna a esas diferencias”, de 28.846 euros en un caso y de 56.361 en otro.
“Hay que señalar que a lo largo del ejercicio se registra un elevado importe de ingresos procedentes del ejercicio anterior que a 31 de diciembre no habían sido previstos”, reseña el informe, que dibuja algunos rasgos de descontrol contable en la entidad. Ocurre algo similar con los gastos, ya que “todos los años” consta en las cuentas “un volumen importante de gasto debido a facturas pendientes de recibir” y cuya cuantía, que sobre el papel supera los 200.000 euros, “no coincide con lo previsto”.
Contratos privados y memorias que no llegan en Zaragoza Turismo
El informe de auditoría de las cuentas de Zaragoza Turismo avala su contenido global, aunque con resalta algunas cuestiones que no resultan del todo ortodoxas para los interventores del ayuntamiento.
Entre ellas destaca la formalización de un contrato privado con una empresa (Heraldo Editora) como intermediaria para gestionar, “por su carácter ‘personalísimo y artístico”, una intervención consistente en la elaboración y colocación en distintos puntos de la ciudad de diez figuras de Goya elaboradas por creadores aragoneses, un encargo que tuvo un coste de 56.475 euros (IVA incluido).
“Dado que los artistas aparecen predeterminados en la cláusula segunda del contrato, cabe preguntarse por qué no fue posible celebrar el correspondiente concurso”, señala la Intervención, puesto que “el papel del adjudicatario no parece ir más allá de proporcionar las reproducciones de las figuras de Goya a los artistas y posteriormente instalarlas, así como pagar a los artistas, labores que entendemos que podrían haber realizado otras personas físicas o jurídicas”.
“Se recomienda que en adelante se realice la oportuna licitación para servicios de esta clase, salvo que directamente se contrate con los distintos artistas”, indica el documento.
Los interventores también llaman la atención sobre el hecho de que la Academia Iberoamericana de Gastronomía no presenta “al finalizar cada etapa” las memorias que debe entregar para cumplir el convenio que mantiene con el ayuntamiento para “consolidar la ciudad como capital iberoamericana de la gastronomía sostenible 2022-2023”.
