Miles de personas esperando una operación más de seis meses y unos 100 días de demora media para ser intervenidos. Ese sería el dibujo de la sanidad pública aragonesa desde que hay cifras al respecto. Con cada cambio de Gobierno, los nuevos acusan a los anteriores de una gestión nefasta. Después hacen lo mismo: recurrir a la colaboración público-privada. Y el problema nunca se soluciona.
Ha vuelto a suceder, el pasado jueves, 14 de septiembre, el consejero de Sanidad del nuevo Ejecutivo, José Luis Bancalero Flores, informó de que, a 31 de agosto de 2023, había en Aragón 6.149 pacientes pendientes de ser operados desde hace más de 180 días. Esto supone un aumento del 48% respecto a la cifra de junio, que se debe, apuntó Bancalero, “a la disminución de la actividad quirúrgica en verano y a la detección de errores en el sistema de información”.
La totalidad de pacientes pendientes de ser intervenidos, continuó, asciende a 30.694. Eran 31.764 el 31 de agosto de 2022, lo que significa que en el último año el descenso ha sido de 1.070 pacientes (un 3,36 % del total).
El consejero anunció la realización de una auditoría para conocer la capacidad quirúrgica real del sistema sanitario público aragonés. También se establecerán circuitos para aumentar el rendimiento en jornada de mañana, manteniendo la actividad en jornada no ordinaria y atendiendo a los pacientes según la prioridad clínica.
Se va a continuar con la colaboración con el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y con la MAZ y a optimizar la concertación externa con un uso más eficiente de los recursos disponibles.
Es decir, se seguirá mirando hacia la sanidad privada. No es ninguna sorpresa, de hecho, ya lo reflejaron en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Aragón, donde la primera medida para reducir las listas de espera quirúrgicas era “promover la colaboración público-privada”.
Las cifras demuestran que privatizar no es la solución
Luisa Fernanda Rudi (PP) tomó posesión como presidenta de Aragón el 15 de julio de 2011, sucediendo a Marcelino Iglesias (PSOE). No hay datos oficiales de esa fecha sobre las listas de espera, pero sí a partir de enero de 2012. En ese mes había en Aragón 1.071 personas que llevaban más de seis meses esperando a ser operadas y el tiempo medio de demora era de 70,14 días.
En diciembre de ese mismo año, la situación había variado considerablemente: 5.175 pacientes y una media de 97,85 días. En junio de 2013 (no hay datos del resto del año) eran 2.923 pacientes y 88,71 días. En 2014, cuando sólo se informó de los pacientes y únicamente hasta noviembre, eran 3.362.
Y en julio de 2015 (Javier Lambán se convirtió en presidente el día 3) en la lista estaban 1.947 pacientes con una demora media de 79,5 días.
Las cifras, con altibajos, no variaron de manera estrepitosa hasta diciembre de 2019, cuando la lista se disparó a los 3.892 pacientes y 111,78 días. Era el preludio del desastre, puesto que, en 2020, y en los años posteriores, la pandemia hizo estragos. El récord se marcó en diciembre de 2021, con 8.176 personas y 173 días.
En agosto de 2023, cuando Jorge Azcón se convirtió en presidente encabezando un Gobierno con PP, Vox y el PAR, la situación era esta: 6.149 personas y 145,28 días.
10,9 millones para conciertos con la sanidad privada en 2023
Recetas parecidas y números similares. Todos han optado por esa colaboración público-privada, y el último gran ejemplo es el Plan de Abordaje de la Lista de Espera Quirúrgica 2022-2023, que, con el objetivo de atajar el incremento de las listas por el coronavirus, aprobó el Gobierno cuatripartito. En él, entre otras cosas, se estipuló dedicar 6,58 millones de euros en 2022 para conciertos quirúrgicos y subir a 10,90 en 2023.
En 2021, último año del que se ofrecen datos en los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a conciertos en Aragón fue del 3,7%, sólo superior al de Cantabria y Castilla y León, y lejísimos de Catalunya (23,3%) y la Comunidad de Madrid (11,24%). También por debajo de la media de todo el Estado: 8,76%.
Es un porcentaje que en Aragón siempre ha rondado el 4%, excepto en el último año de Rudi al frente del Ejecutivo, 2015, cuando se fue hasta el 5,37%.
También es interesante lo que muestra el informe 'La privatización sanitaria de las CCAA 2022', elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Éste coloca a Aragón en un nivel intermedio de privatización, después de haber saltado del escalón más bajo que ocupaba en 2020.
Según este estudio, el gasto per cápita en seguros privados en Aragón es de 166 euros al año (el quinto más alto) y el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total es del 1,9% (el 10º).
