El departamento de Sanidad y la MAZ firman una nueva privatización y fragmentación de la salud pública aragonesa

Según la DGA, el acuerdo “beneficiará” a más de 56.000 personas en Aragón cada año, sin embargo, desde la ADSP Aragón han recordado algunos convenios con la sanidad privada que no funcionaron

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director gerente de Mutua MAZ, Guillermo de Vílchez, firman el convenio de colaboración | Foto: DGA.

El pasado lunes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director gerente de Mutua MAZ, Guillermo de Vílchez, se daban el apretón de manos con foto incluida para anunciar una nueva privatización de la salud aragonesa.

Según la DGA, el acuerdo crea un marco estable y de colaboración para ambas instituciones hasta 2027 y que “beneficiará” a más de 56.000 personas en Aragón cada año, fundamentalmente en las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación y Neurocirugía.

Así, el Ejecutivo aragonés invertirá 16 millones de euros durante los cuatro años de duración del mismo (2023-2027). Este entrará en vigor el 1 de abril y se pondrá en marcha de forma progresiva.

¿Qué hará la mutua a cambio?

La DGA explicaba que con este presupuesto esta empresa privada asistirá a las personas adultas de la zona de salud de Parque Goya I (11.278 habitantes) en las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación y Neurocirugía de columna (pruebas complementarias necesarias y tratamientos e intervenciones); y Urgencias hospitalarias, incluida la hospitalización urgente.

También se ocupará de la población adscrita a los centros de Cinco Villas (zonas de salud de Exeya, Sádaba y Tauste) y Moncayo (Tarazona y Borja), un total de 43.712 habitantes: atención en las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Rehabilitación y Neurocirugía de columna (pruebas complementarias necesarias y tratamientos e intervenciones), tanto en los centros del Salud ubicados en Tarazona y Exeya como en la propia MAZ.

Además, dará apoyo en la realización de intervenciones programadas en Cirugía Ortopédica y Traumatología y Neurocirugía de columna para los pacientes derivados desde el Salud por demora de sus listas de espera quirúrgica. Se estima la realización de 329 procesos al año.

Este acuerdo público-privada dará apoyo para la reducción de demoras en procedimientos diagnósticos para pacientes derivados desde el Salud. Alrededor de 300 al año. Apoyo en la hospitalización urgente de pacientes derivados desde el Hospital Royo Villanova para la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se prevén 60 derivaciones anuales.

En cuanto a la hospitalización en UCI de pacientes se derivarán desde el SALUD a unas 150 personas anualmente. Por último, la asistencia sanitaria de aquellas urgencias de pacientes del colectivo protegido de MAZ, hasta que se determine la contingencia profesional o común, mediante las pruebas diagnósticas oportunas y con un límite de 48 horas (350 urgencias estimadas).

Cabecera de la manifestación por la sanidad pública celebrada este sábado en Zaragoza | Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

Algunos acuerdos fracasados

Sin embargo, no todo el mundo ha celebrado ese apretón de manos. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ha valorado esta medida como “más de lo mismo” y apuntan que “no han dado ningún resultado” a un problema estructural y que precisa “otras alternativas” para paliar la atención sanitaria de esta población con listas de espera escandalosas y saturación de los servicios sanitarios de la zona.

Así, han pasado a enumerar algunos de estos convenios y acuerdos como el de 2008 para reducir las listas de espera de traumatología o el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), empresa sanitaria que agrupaba a los hospitales de Chaca, Tarazona, Exeya, Fraga y la Mutua MAZ que finalizó en quiebra el 31 de diciembre de 2014 y dejó una deuda de 17 millones de euros que tuvo que ser saldada a cargo de dinero público de la población de Aragón.

“Todavía ninguno de los gobiernos autonómicos desde la fundación del Consorcio en 2006 quiere asumir las responsabilidades de la nefasta gestión sanitaria de esta empresa”, aseguran.

También se acuerdan del convenio por 4,3 millones en presupuestos DGA del 2020 para derivar intervenciones, pruebas o urgencias.

“Estas actuaciones (que denotan una pésima gestión sanitaria pública) suponen el recurso a la privatización y externalización de servicios propios, cuando está comprobado que no mejoran la calidad de la atención sino que la empeoran claramente, la encarecen y detraen recursos destinados a la gestión directa de estos servicios públicos”, añaden.

Las historias clínicas en manos privadas

Por otra parte, critican que el Salud deje en manos del sector privado el libre acceso a las historias clínicas de la Sanidad Pública porque supone no solo una intromisión de estas empresas en los datos del sistema sanitario público, sino además puede favorecer el acceso a datos confidenciales a otras empresas de aseguramiento privado.

“Dudamos de si la MAZ podrá dar una correcta atención de Urgencias en determinadas especialidades médicas ya que se prevé el desplazamiento de profesionales del Salud hacia dicho centro y esto puede derivar en problemas importantes por posibles demoras en la necesaria urgencia que requieren estos servicios”, advierte desde la ADSP Aragón.

Entrada de la sede del SALUD en Zaragoza
Entrada de la sede del SALUD en Zaragoza | Foto: Departamento de Sanidad

Aragón, líder en lista de espera

Aragón es el primer territorio en días de promedio de espera en lista de espera quirúrgica, la primera en que sus habitantes gastan más en consultas/año por habitante al médico de Primaria y especialista privado.

Por ello, desde la ADSP Aragón señalan que las soluciones deben pasar por incrementar los recursos humanos de los centros del Sector I (solicitado reiteradamente por su personal) con su dedicación al 100% a los centros. También proponen la apertura de plantas cerradas del Royo Villanova y camas del Hospital de Gracia y poner a funcionar los servicios y centros públicos del Sector al 100%.

Asimismo, reclaman acometer con urgencia la reforma del servicio de Urgencias del Royo Villanova anunciada por el presidente Lambán pero sin presupuesto concreto y la construcción del nuevo Centro de especialidades (pendiente desde que se anunció y presupuestó la licitaron de las obras en el 2010).

También consideran que el departamento de Sanidad debería dedicar (con urgencia) suficiente personal, recursos y presupuesto (25% del sanitario) a la Atención Primaria del Sector (en especial en el medio rural) que podría paliar la saturación hospitalaria en gran parte, mejorando también la necesaria coordinación con los servicios hospitalarios.

incidencia sanitarias
UCI del Hospital Royo Villanova. Foto: DGA.

Así como mejoras en los accesos a los centros sanitarios del Sector, ya propuestas por Asociaciones del ACTUR en 2021: Reordenación de líneas de buses, lanzadera para conexión del final de línea del tranvía con el Hospital, carril bici.

Por último, desde la ADSP Aragón valoran este nuevo convenio con centros sanitarios ajenos como la MAZ, como una “fragmentación” del Servicio Aragonés de la Salud, la derivación de todo tipo de recursos a una empresa de gestión privada. Y recuerdan: “De difícil control y rompe la igualdad de acceso al sistema sanitario de los ciudadanos sin garantizar una atención sanitaria de calidad relacionada con la necesidades de la población y además crean diferentes tipos de relaciones laborales entre el personal sanitario”.

“Solamente el aumento de las inversiones, con políticas que fomenten la participación ciudadana y de profesionales y que aseguren el aprovechamiento de las mismas y su adecuada utilización por y para la sanidad pública, (prestadas directamente por el servicio público de salud), asegurarán la efectividad, eficacia y calidad en la presentación de los servicios”, concluyen desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

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