Alberto Cubero tendrá que sentarse este jueves, 15 de septiembre, a las 11.30 horas, en el banquillo de los procesados del juzgado de lo Penal número 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. El concejal de Zaragoza en Común, Secretario Político del Partido Comunista de España en Aragón y militante de Izquierda Unida, se enfrenta a juicio consecuencia de la querella presentada por el partido de ultraderecha Vox, empeñado en utilizar esta vía como estrategia. Un juicio político sin precedentes en Aragón.
El motivo de la querella son unas declaraciones de Cubero durante una comisión municipal en las que hacía referencia a la respuesta vecinal del barrio de Vallecas de Madrid al mitin que organizó Vox el 7 de abril de 2021, en las que rechazaban la presencia de la extrema derecha y su actitud claramente instigadora y provocadora: "En política fiscal y en política económica se les cae la careta, y luego les pasa lo que les pasa, que van a Vallecas y los reciben como los reciben (...) ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España", afirmó Cubero.
Unas declaraciones que en la comisión no produjeron ni debate ni ninguna reacción, pero que, a posteriori, según el partido ultraderechista y la Fiscalía "pueden constituir un delito de incitación al odio". Así, Vox pide cuatro años y ocho meses de prisión, con inhabilitación, sumando "un delito de incitación a la comisión de delitos", otro de "alteración pública" y también de "provocación al delito", además de una indemnización económica de 10.000 euros. Por su parte, la Fiscalía demanda dos años y medio de prisión, la inhabilitación para el sufragio pasivo y una sanción económica de 5.400 euros. Una locura.
La denuncia contra Cubero de un envalentonado Vox llegaba a finales de 2021, aprovechando el tirón mediático por lo ocurrido en su mitin en el barrio madrileño, donde el partido ultraderechista también interpuso una querella. Sin embargo, el pasado mes de julio el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid dio carpetazo a esta investigación al no apreciar, ni el Ministerio del Interior ni la Policía, delito alguno. Por lo que la piedra angular de la querella de Vox contra Cubero ha quedado reducida a la nada.
El objetivo de Vox está claro. Eliminar de la escena política a Alberto Cubero. Cubero no cae bien a la ultraderecha. Es un estorbo porque dice verdades. Y las dice a la cara. "Si somos molestos para la ultraderecha es que lo estamos haciendo bien", afirmaba el concejal de ZeC y militante comunista a AraInfo hace unos meses haciendo referencia a su caso y a otros similares, porque el suyo no es un caso aislado. "Hemos visto cargos públicos en este ciclo que han sido también objeto de querellas de la ultraderecha o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, o de Isa Serra [exdiputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid]. Hay una estrategia clara de eliminar a determinados cargos públicos de la izquierda por la vía judicial. Ese es el objetivo que persiguen, la inhabilitación como cargo público", advertía Cubero en una entrevista con este Diario Libre d'Aragón publicada este verano.
Este rocambolesco proceso, que debería haber quedado archivado hace mucho tiempo, creció como una bola de nieve cuando el juez que instruía el caso, el magistrado Carlos Lasala Albasini, dio crédito a la acusación de Vox al considerar que había "indicios suficientes" para continuar con la querella, e impuso una fianza de 6.000 euros. El magistrado, el mismo que condenó a los seis de Zaragoza a elevadas penas de prisión con las declaraciones policiales como única prueba de cargo y miembro de una familia vinculada desde hace décadas con un sistema judicial que persigue la movilización social, llegó a afirmar que Cubero podría haber "sobrepasado los límites de la libertad de expresión".
Así las cosas, veremos que pasa en el juicio de este jueves. Una sentencia de culpabilidad crearía un precedente muy peligroso. Porque aquí se juzga una opinión. Si de verdad estuviéramos en la Ciudad de la Justicia, Cubero debería de quedar absuelto, libre y sin ningún cargo.
#YoConCubero
De forma paralela, la respuesta social a este juicio está siendo enorme. La organización de la campaña #YoConCubero, que se puso en marcha hace unas semanas para difundir el caso, ha conseguido un respaldo masivo. "Si ser comunista es delito, soy culpable". Con este lema, carteles y pegallos inundan las calles en solidaridad. Además, este lunes la campaña publicó el manifiesto de apoyo a Cubero. Un texto que sólo en sus primeras horas ha recogido más de 300 firmas, en un constante reguero de adhesiones, y al que cualquier persona se puede sumar.
Entre las firmas recogidas se encuentran las de Alberto Garzón -Coordinador General de Izquierda Unida y ministro de Consumo del Gobierno español-, Lilith Verstrynge -Secretaria de Estado de Agenda 2030 y responsable de Organización de Podemos-, Enrique Santiago -Secretario General del PCE y diputado en el Congreso-, Sira Rego -portavoz de Izquierda Unida y eurodiputada-, Miguel Urban -eurodiputado de Anticapitalistas-, Pablo Echenique -portavoz de Unidas Podemos en el Congreso-, Teresa Rodríguez -diputada Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz- o Pedro Santisteve -exalcalde de Zaragoza y concejal de ZeC-.
Además, han mostrado su solidaridad organizaciones políticas como Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Barcelona en Comú, Zaragoza en Común, Marea Atlántica, Jérez en Común, Compostela Aberta o Anticapitalistas. También colectivos como el aragonés Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) o sindicatos como el CUT que manifiesta: "Sentimos de forma imperante la necesidad de salir al paso de este atropello cometido contra la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, más si cabe, cuando se trata de la llevada a cabo por un representante público en el legítimo ejercicio de sus funciones".
El antifascismo no es delito
Desde la campaña #YoConCubero vienen alertando del "enorme riesgo que supone para los derechos democráticos y sociales que la Fiscalía considere un delito de odio unas declaraciones que no hacen más que alentar el combate a la extrema derecha". Un hecho que "no debería ser sino un ejemplo de defensa de los valores democráticos y los derechos humanos". Según Alba Giner, portavoz de la campaña, "el antifascismo debería ser una señal de identidad de toda democracia que se precie de tal nombre y que la Fiscalía del Estado decida perseguirlo demuestra la penetración de la extrema derecha en el estamento judicial del estado español".
Por su parte, IU Aragón ha criticado que "este tipo de 'causas' judiciales alimentan la proscripción del debate y la persecución de la defensa de las ideas, suponiendo un claro retroceso de las libertades que tanto nos han costado lograr". "Contribuyen a criminalizar posiciones políticas tan profundamente democráticas como el antifascismo y, en este caso, llegando al absurdo de incluir en la denuncia la 'apología' del comunismo", añaden. Por eso, califican de "lamentable" que "en pleno siglo XXI tengamos que recordar que el Partido Comunista de España es legal desde el 9 de abril de 1977".
Izquierda Unida Aragón también pone sobre la mesa un debate candente. "El Código Penal castiga el delito de odio con el objetivo de proteger los derechos fundamentales y la libertad de colectivos de personas tradicionalmente discriminadas y en desigualdad". En ese sentido, "Alberto Cubero es, precisamente, una persona involucrada en la defensa de los derechos y las libertades de las minorías, desde el antifascismo y el comunismo, con todas las herramientas legítimas pacíficas y democráticas". Por eso, "nos preocupa que la Fiscalía aceptase los argumentos de Vox".
Concentración de apoyo
Para mostrar todo este apoyo a Alberto Cubero, la campaña, junto a ciudadanía, partidos políticos y colectivos sociales, han convocado una concentración para este jueves, 15 de septiembre, día del arranque del juicio. La protesta tendrá lugar a las 11.00 horas en la puerta de los juzgados de Zaragoza, en la Ciudad de la Justicia, en la avenida Ranillas. "Lo que no se consigue en las urnas, no se logra judicializando la política", concluyen.
