Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras temporales de Aragón, convocados por el sindicato STEPA y otras organizaciones de la Intersindical ISTA, han participado este sábado en una nueva gran manifestación celebrada en Madrid para reclamar al Gobierno español que "no permita a las Comunidades Autónomas vulnerar la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad".
Los convocantes denuncian que la norma aprobada "obliga a convocar procesos de estabilización para los interinos en fraude de ley, pero en la práctica hay autonomías que están haciendo todo lo contrario, despidiendo sin indemnización a personal con décadas de experiencia". "El caso de Aragón es uno de los ejemplos más sangrantes, el cuatripartito presidido por Javier Lambán se está pasando la Ley totalmente por el forro", denuncian.
La manifestación ha reunido a más de 90 organizaciones sindicales de diversos territorios del Estado, así como a la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley MI#15F. Las personas participantes han llevado a cabo su protesta desde la sede de la Comisión Europea en Madrid hasta la plaza de Cibeles, donde se ha leído un manifiesto con sus exigencias: "paralizar todos los ceses ilegales de trabajadores y cumplir sin trampas con la normativa estatal y europea".
Las y los manifestantes han subrayado que la distinta aplicación de la ley en cada territorio es "una realidad que está rompiendo el principio constitucional de igualdad y que si no se cumple correctamente, los ciudadanos tendrán que asumir el coste millonario de sanciones de la Unión Europea e indemnizaciones judiciales a las víctimas". Además, "supone una gran pérdida de calidad y experiencia en el servicio público", advierten.
STEPA ha recordado que las y los interinos llevan movilizándose desde 2020 para reclamar el cumplimiento de la legislación europea, que "obliga a cubrir con personal fijo las plazas públicas para atender necesidades permanentes, sancionar a las administraciones incumplidoras y compensar a las víctimas de esta situación". "Esta lucha logró como avance la Ley 20/2021, aprobada en el Congreso el pasado mes de diciembre, que obliga a identificar las plazas ocupadas en abuso de temporalidad y ofertarlas en un proceso excepcional de estabilización", añaden. Sin embargo, "la norma se está aplicando de forma caótica, asimétrica y desigual en las comunidades, así por ejemplo mientras Cataluña ha propuesto estabilizar más de 50.000 plazas, Aragón sigue despidiendo a sus temporales".
Al paro tras 20 años
Como muestra de las actuaciones del Gobierno de Aragón, STEPA ha señalado el caso de cuatro trabajadoras de la residencia de mayores de Albarracín, tres limpiadoras y una ayudante de cocina. "Tras llevar hasta más de 20 años con contratos temporales, en Semana Santa se les comunicó que sus plazas se iban a amortizar, lo que de llevarse a cabo quedarían en el paro sin ninguna indemnización", denuncia el sindicato.
"Puestos de características similares, de auxiliares administrativas, algunos ubicados en el medio rural, se están ofreciendo a funcionarios de nuevo ingreso y por promoción cruzada, echando a la calle a cientos de personas, mayoritariamente mujeres y de más de 50 años, que llevan décadas de dedicación, con un notable perjuicio no solo a los afectados sino a la atención ciudadana", continúan. Lo "grave de la situación" es que hay plazas suficientes, según STEPA, tanto para el personal fijo como para el personal en fraude.
"Según la nueva Ley, todos estos puestos deben mapearse antes del 1 de junio y convocarse en procesos extraordinarios, lo que implica sacarlos de otras convocatorias de ofertas públicas de empleo, incluso de las que están todavía en marcha. Sin embargo, a menos de un mes del plazo, el Gobierno aragonés no ha presentado esta lista y además ha acelerado convocatorias, concursos de traslados y cualquier otro sistema, buscando que no quede ninguna plaza para los concursos extraordinarios", afirma el sindicato.
Según STEPA, la misma situación se repite en las principales administraciones de Aragón, como el Ayuntamiento de Zaragoza (PP-Cs), donde además "se da la indignante paradoja de que la oposición socialista ha presentado una moción para reclamar al equipo de gobierno de Jorge Azcón, lo mismo que Lambán incumple totalmente en la DGA".
STEPA calcula que solo en la administración aragonesa son unas 17.000 personas interinas en abuso de temporalidad (el 30% sobre una plantilla de 58.000 trabajadoras y trabajadores), "a las que se están despojando de sus derechos" y ha recalcado que continuarán con sus movilizaciones para "defender el cumplimiento de la Ley", sin descartar paros sectoriales e incluso una huelga general, que supondrán una notable afección en los servicios de Aragón.
