Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras públicos temporales se han concentrado este miércoles ante el edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, con guantes rojos en la manos como símbolo de su "situación sangrante", para reclamar al Ejecutivo de Javier Lambán que cumpla con la Ley estatal 20/21 y estabilice en sus puestos a quienes llevan más de tres años en abuso de temporalidad, en lugar de "despedirles ilegalmente".
Los sindicatos convocantes -STEPA, CATA, STEA, SOMOS y la intersindical ISTA- han destacado que el acto es el inicio de una serie de movilizaciones ante "la falta de transparencia, hipocresía e incumplimiento" de la DGA y que seguirán sus protestas con paros sectoriales que pueden suponer "la paralización de servicios completos" como la PAC o las ayudas de Dependencia. CGT y la Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza han apoyado la protesta.
La protesta ha sido convocada con el lema "Contra los despidos ilegales en el Gobierno de Aragón, cumplimiento de la Ley" ante la "flagrante violación" de la Ley 20/21 de reducción de la temporalidad. Se han coreado lemas pidiendo "Basta Ya" a su situación o "Fijeza Ya" y se ha finalizado recordando que sus reclamaciones "están respaldas por el Derecho de la Unión Europea, que tiene primacía incluso sobre el de cualquier Estado como el español".
Pero además, han recordado que desde el pasado 28 de diciembre, la nueva Ley obliga a convocar durante este año 2022 procesos de estabilización extraordinarios para las y los trabajadores públicos que lleven más de tres años en abuso de temporalidad, "por lo que estos puestos deben mapearse antes y sacarse de otras convocatorias de ofertas públicas de empleo, incluso de las que están todavía en marcha". "Sin embargo, el Gobierno aragonés incumple este mandato y, por el contrario, ha acelerado el desarrollo de las convocatorias no resueltas, lo que está provocando ceses masivos de cientos de interinos en abuso", afirman.
"Vamos a volver a la carga"
María Pilar Remírez, del Secretariado de STEPA, ha resaltado que el Gobierno de Aragón está "promoviendo que no quede ninguna plaza para los concursos extraordinarios" al no presentar el mapeo de plazas reservadas e impulsar "concursos de traslados, promociones y cualquier otro sistema antes que cumplir con la Ley". De esta manera, "hay por ejemplo trabajadores del 061 o auxiliares administrativos, casi todas mujeres, que este mes van a ser despedidos sin un solo euro tras años y años de servicios".
Por ello, los sindicatos han anunciado que las movilizaciones continuarán con paros sectoriales, que supondrán una notable afección en los servicios de Aragón, ya que son unos 17.000 los interinos e interinas en abuso de temporalidad (el 30% sobre una plantilla de 58.000 personas). "Podemos ser capaces de paralizar servicios por completo. Puede haber agricultores que no cobren la PAC o dependientes que no tengan sus ayudas porque los interinos nos declaremos en huelga", ha advertido.
La portavoz de STEPA ha señalado que "la Ley 20/21, aunque insuficiente, supone una avance en algunos aspectos y fue resultado de las protestas de los funcionarios interinos". Tras su publicación y "al ver que el Gobierno de Aragón hace caso omiso y sigue con los despidos, vamos a volver a la carga, no solo en Aragón sino con movilizaciones a nivel estatal, tenemos el derecho y la razón de nuestra mano y ya con nuestra presión fuimos capaces de cambiar sustancialmente el Icetazo, la primera versión de esta Ley".
"El paro como agradecimiento"
La concentración de este miércoles también ha servido para que algunas de las personas manifestantes expliquen su caso y destaquen las consecuencias de perder su puesto. José Luis Fernández, conductor del 061, ha señalado que, pese a ser él funcionario fijo desde hace veinte años, estaba en la manifestación para apoyar a sus compañeros y compañeras, que con tiempos similares en la administración han perdido su empleo. "El día 20 van al paro once de una plantilla de treinta; gente que ha hecho noches, cubierto nuestras vacaciones, que ha luchado en la pandemia y se ha infectado de covid, y que ahora recibe este agradecimiento de un Gobierno teóricamente progresista", ha señalado.
Mara Allué, auxiliar administrativo tras 16 años en el Departamento de Sanidad, ha señalado cómo su plaza es una de las convocadas este año, y pese a su experiencia, "se olvidan de la nueva Ley y nos hacen pasar por una oposición para la que no tenemos la misma capacidad que una persona joven", lo que supone "con casi 50 años ir al paro, una situación realmente complicada, cuando sería a coste cero consolidarnos en nuestros puestos de trabajo mediante el concurso de méritos que establece la Ley". Además ha señalado que se perjudica también a los usuarios, porque "en mi edificio estamos veinte interinos; si nos cesan a todos, se quedaría sin puestos ni gente formada".
María Pilar Remírez ha señalado que "la Ley es una herramienta para posibilitar que quienes cumplan sus requisitos sigan en sus plazas, pero no hay que olvidar además que tiene primacía el Derecho comunitario y debería existir una sanción para compensar a cualquier persona que lleve más de tres años ocupando plazas estructurales con contratos temporales, con la fijeza o indemnizaciones económicas, hay sentencias recientes de más de 200.000 euros a cada interino, que el consejero de Hacienda y Función Pública eche las cuentas, porque la razón nos ampara y al final lo pagaremos toda la ciudadanía".
La también conocida como Ley de Interinos obliga a todas las administraciones a estabilizar las plazas ocupadas por los trabajadores y trabajadroas en abuso de temporalidad aunque establece dos vías: a los que han acumulado más de seis años solo mediante un concurso de méritos (sin oposición) y si este periodo es de entre 3 y 6 años mediante concurso-oposición no eliminatorio, por lo que estos puestos deben primero mapearse y sacarse de todas las convocatorias que no estén todavía finalizadas. La norma establece además el plazo máximo hasta el 1 de junio para definir la relación de puestos y dar a conocer la oferta de empleo extraordinaria.
