Gracias al seguimiento y a la vigilancia de la sociedad civil, que es casi siempre quien detecta los atentados ambientales, es difícil esconder los contaminantes y peligrosos vertidos que reciben los ríos Queiles y Val antes de llegar al embalse de El Val en el municipio de Los Fayos -Comarca de Tarazona y el Moncayo-.
Por que a la espera de la reacción de las administraciones responsables: CHE, Diputación General de Aragón, Gobierno de Castilla y León, Ayuntamientos, Junta de Explotación del embalse de El Val o Comunidades de Regantes, es una vez más la sociedad civil quien se ve obligada a denunciar estos atentados ambientales ante la inacción de las administraciones que tienen la obligación de protegernos.
Así, colectivos de protección de la naturaleza integrados en Marea Azul explican que “en este desafortunado embalse, construido para ‘nada’, se depositan las malas prácticas de unas empresas ávidas de dinero público y escasas en conciencia medioambiental a las que se suma la actitud de una administración local permisiva, que se suma a la lentitud y pereza administrativa de las dos confederaciones hidrográficas y de los gobiernos de Aragón y Castilla y León, que parecen, uno estar atrapado en una sempiterna red clientelar, y el otro parece ausente”.
El río Queiles, que es el que mayor aporte de agua hace al embalse, tiene el nacedero más caudaloso de Europa -después del Rin- como resultado de las infiltraciones del karst del Moncayo “pero tiene la mala fortuna de alimentar a escasos metros de su nacimiento una piscifactoría de la que ni se habla ni se quiere atender las afecciones que produce en el cauce que poco después se hunde en el embalse para seguir su camino como un río sin vida”, tal y como señalan las gentes de la redolada del Moncayo.
Nueva autorización de vertido de aguas residuales procedentes de las poblaciones de Ólvega y Ágreda
El desastre ambiental en los ríos Val y Queiles viene de largo, agravado ahora por la tramitación de una nueva autorización de vertido de aguas residuales procedentes de las poblaciones de Ólvega y Ágreda, que trae nuevamente a la actualidad la compleja situación del Somontano del Moncayo “que ha sufrido el ataque del fuego que, como en el caso del agua, también tiene una componente de gestión del paisaje que deberá ser tratada con la serenidad y el conocimiento científico precisos”, indican desde Ecologistas en Acción.
Pero la contaminación que impregna el embalse de El Val no solo se debe a los vertidos de aguas residuales que, desde su misma construcción allá por 1997, han ido acumulándose en su fondo, sino también a una mala gestión del Polígono Industrial de Ólvega y de la propia depuradora de Ágreda, que colmatan el primer embalse del Pacto del Agua de Aragón. Junto a estos factores contaminantes, la lentitud de la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE-, responsable del buen estado de la masa de agua en la que se encuentra el embalse más contaminado de la cuenca del Ebro “es igualmente partícipe de su preocupante estado”.
Antes de 2010, año en que entra en funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales -EDAR- de Ágreda, los vertidos de la zona, incluidos los del Polígono Industrial de Ólvega, inaugurado en 2001, iban a parar al dominio público hidráulico sin más miramientos, y desde la construcción de la presa en Los Fayos, el embalse de El Val se ha convertido en el almacén de los residuos urbanos e industriales de toda la zona.
¿Cómo ha llegado el embalse del Val a ser el pantano más contaminado de la cuenca del Ebro?
Para conocer con un mínimo detalle esta compleja situación, que se origina en Castilla y perjudica seriamente a Aragón, es necesario hacer un seguimiento a todo el proceso de gestión.
Es la entidad Ecologistas en Acción quien se ha visto obligada a realizar un seguimiento de la situación ante la ausencia de las administraciones públicas para velar por la salud de la ciudadanía. Así, señalan que “dados los fallos de diseño y funcionamiento de la EDAR de Ágreda, en 2015 se revisó la autorización al Ayuntamiento de Ágreda para el vertido de aguas residuales generadas por las poblaciones de Ólvega y Ágreda por un plazo de vigencia de cinco años”.
Este plazo no pudo cumplirse porque en el 2017 se manifestaron vertidos indirectos con altas cargas contaminantes que perjudicaban el funcionamiento de la EDAR y lógicamente repercutían en el barranco de El Val.
En septiembre de 2019 los ayuntamientos de Ágreda y Ólvega solicitaron la revisión de la autorización de vertido de sus aguas residuales junto a la que se adjuntaba declaración de vertido general y una copia del Convenio de colaboración entre ambos consistorios para la explotación de la estación depuradora. La documentación resultó incompleta y se requirió a ambos ayuntamientos y también a la Junta de Castilla y León para que complementaran el expediente.
Es en junio del 2022 cuando el Área de Control informa en sentido favorable a la ejecución de los elementos en cuestión “siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones referentes al Colector “Fuente del Suso”, Colector de residuales en Ágreda, Renovación del colector en la calle San Agustín, Paseo de los Molinos y Ampliación de la EDAR. Asimismo se informó que dado el nivel de pervivencia de las instalaciones a ejecutar con terrenos altamente inundables, tanto en suelo como en subsuelo, se deberá realizar una minuciosa labor de estanqueidad de los diferentes elementos que conforman el conjunto de la instalación depuradora”, recuerdan desde Ecologistas en Acción.
Cabe recordar también que el organismo de cuenca se hizo eco de las denuncias y quejas efectuadas por diversos colectivos ambientales y vecinales relativas a la existencia de vertidos de aguas residuales de “origen desconocido” a través del colector de pluviales que afectaron al arroyo de Los Caños “debido a varias empresas del polígono industrial y en particular a la empresa Distiller S.A. Empresa que fue condenada por delito medioambiental en febrero de 2022. Una condena en la que el responsable de la firma reconocía los hechos de los vertidos por lo que se le aplicó prisión de 5 meses, 8 meses de multa y 100.000 euros de indemnización debido a unos hechos denunciados desde el año 2016”, detallan desde Marea Azul.
A esto se suma el procedimiento administrativo sancionador de la Comisaría de Aguas de la CHE contra el Ayuntamiento de Ágreda por vertidos de carácter lácteo, denunciados desde Ecologistas en Acción y que han supuesto la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo dependiente de la Fiscalía General del Estado.
“Para acabar esta enumeración de actos administrativos debemos decir que la CHE, en pleno periodo estival, ha abierto 10 días hábiles de trámite de audiencia para alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen oportunos en el nueva solicitud de Autorización de las Obras de Saneamiento y Depuración y Revisión de Autorización de Vertido de Aguas Residuales procedentes de las poblaciones de Ágreda y Ólvega. Tanto el plazo como el momento de su tramitación nos parece plenamente inadecuada. No obstante, confiamos que las actuaciones que, con anterioridad se han hecho ante el organismo de cuenca, pueda servirles de referencia de cual es nuestra sensibilidad al respecto de esta cuestión que, fijándonos en las prescripciones que determina el Informe Técnico al que sí hemos podido acceder, la propuesta que se presenta queda lejos del objetivo de cubrir la necesidad de revisar la autorización de vertido estableciendo unas condiciones más restrictivas que la propia CHE planteaba”, explican desde Ecologistas en Acción.
